Walden Bello
Zmag/Foreign Policy in Focus
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
¿Será China la “palanca de crecimiento” que arrancará al mundo de las garras de la depresión? Esa pregunta se ha convertido en un tema favorito mientras el heroico consumidor estadounidense de clase media, aplastado por sus masivas deudas, deja de representar el estímulo esencial para la producción global.
Aunque la tasa de crecimiento del PIB chino cayó a un 6,1% en el primer trimestre – la más baja en casi una década – los optimistas ven “brotes de recuperación” en un aumento de un 30% en la inversión de bienes de capital urbanos y un salto en la producción industrial en marzo. Esos indicadores prueban, dicen algunos, que el programa de estímulo chino de 586.000 millones de dólares – que, en relación al PIB, es mucho mayor en proporción que el paquete de 787.000 millones del gobierno de Obama – está teniendo efecto.
¿El campo como rampa de lanzamiento de la recuperación?
Como las áreas urbanas costeras de China, orientadas hacia la exportación, sufren por el colapso de la demanda global, muchos dentro y fuera de China cifran sus esperanzas de recuperación global en el campo chino. Una parte importante del paquete de estímulo de Beijing va destinado a gastos sociales y de infraestructura en las áreas rurales. El gobierno está destinando 20.000 millones de yuan (3.000 millones de dólares) en subsidios para ayudar a residentes rurales a comprar televisiones, refrigeradores y otros electrodomésticos.
Pero con la baja de la demanda para la exportación, ¿funcionará esta estrategia de reforzar la demanda rural como un motor para la inmensa maquinaria industrial del país?
Hay motivos para ser escéptico. Para empezar, incluso cuando la demanda para la exportación era elevada, un 75% de las industrias de China ya estaban plagadas por la sobrecapacidad. Antes de la crisis, por ejemplo, se proyectaba que la capacidad instalada de la industria automotriz produciría 100% más vehículos de los que podían ser absorbidos por un mercado creciente. En los últimos años, los problemas de sobrecapacidad han llevado a la reducción a la mitad de la tasa anual de crecimiento de los beneficios de todas las principales empresas.
Hay otro problema mayor en la estrategia de hacer que la demanda rural sea un sustituto para los mercados de exportación. Incluso si Beijing lanza otros cien mil millones de dólares, no es probable que el paquete de estímulo contrarreste de alguna manera significativa el impacto depresivo de una política de 25 años de sacrificio del campo a favor de un crecimiento industrial urbano orientado a la exportación. Las implicaciones para la economía global son considerables.
La subordinación de la agricultura a la industria
Irónicamente, el ascenso chino durante los últimos 30 años comenzó con las reformas rurales que Deng Xiaoping inició en 1978. Los campesinos querían un fin de las comunas de la era de Mao, y Deng y sus reformistas los complacieron introduciendo un “sistema de contratos de responsabilidad casera.” Bajo este sistema, cada grupo familiar recibió un trozo de tierra para su cultivo. Se permitió que cada grupo familiar retuviera lo que quedara de la producción después de vender al Estado una proporción fija a un precio determinado por el Estado, o pagara simplemente un impuesto en efecto. Podía consumir el resto o venderlo en el mercado. Fueron años maravillosos para el campesinado. Los ingresos rurales crecieron en promedio más de un 15% por año, y la pobreza rural disminuyó de un 33% a un 11% de la población.
Esos días de oro del campesinado terminaron, sin embargo, cuando el gobierno adoptó una estrategia de industrialización basada en las costas, orientada a la exportación apoyada en la rápida integración a la economía capitalista global. Esa estrategia, que fue lanzada en el 12 Congreso Nacional del Partido de 1984, construyó esencialmente la economía industrial urbana sobre “las espaldas de los campesinos” como lo describieron los especialistas rurales Chen Guidi y Wu Chantao. El gobierno buscaba una acumulación primitiva del capital sobre todo mediante políticas que afectaron fuertemente el superávit campesino.
Las consecuencias de esa estrategia de desarrollo industrial orientada hacia las ciudades fueron severas. El ingreso campesino, que había crecido en un 15,2% por año de 1978 a 1984, bajó a un 2,8% por año de 1986 a 1991. Hubo una cierta recuperación a comienzos de los años noventa, pero el estancamiento del ingreso fue la marca de la segunda mitad de la década. En contraste, el ingreso urbano, que ya era mayor que el de los campesinos a mediados de los años ochenta, llegó a ser en promedio seis veces el de los campesinos en el año 2000.
El estancamiento del ingreso rural fue causado por políticas que impulsaban costes crecientes de los insumos industriales a la agricultura, una baja de los precios de los productos agrícolas, y aumentos de los impuestos, todo lo cual se combinó para transferir ingreso del campo a la ciudad. Pero el mecanismo principal para la extracción del excedente del campesinado fue la tributación. En 1991, las agencias centrales del Estado impusieron impuestos a los campesinos sobre 149 productos agrícolas, pero resultó que esto no era más que una parte de un bocado mucho mayor, ya que los niveles más bajos del gobierno comenzaron a imponer sus propios impuestos, aranceles y cargas. En la actualidad, los diversos niveles del gobierno rural imponen un total de 269 tipos de impuestos, junto con toda suerte de cargas administrativas impuestas a menudo de manera arbitraria.
Se supone que los impuestos y los aranceles no excedan un 5% del ingreso de un agricultor, pero la cantidad real es a menudo muy superior. Algunos estudios del Ministerio de Agricultura han informado que la carga tributaria del campesino es de un 15%, tres veces el límite oficial nacional.
Posiblemente el aumento de la tributación habría sido soportable si los campesinos hubieran obtenido a cambio una mejora de la salud pública y de la educación, y más infraestructura agrícola. A falta de semejantes prestaciones tangibles, los campesinos consideraron que sus ingresos subvencionaban lo que Chen y Wu describieron como el “monstruoso crecimiento de la burocracia y la cantidad metastatizante de funcionarios” que no parecían tener otra función que arrebatarles cada vez más.
Aparte de ser sometidos a mayores precios de los insumos, precios más bajos para sus productos, y una tributación más intensiva, los campesinos han soportado el peso del enfoque urbano-industrial de la estrategia económica de otras maneras. Según un informe, “40 millones de campesinos han sido obligados a abandonar sus tierras para construir carreteras, aeropuertos, represas, fábricas, y otras inversiones públicas y privadas, y otros dos millones son desplazados cada año.” Otros investigadores citan una cifra mucho mayor de 70 millones de grupos familiares, lo que significa que hasta 2004, calculando 4,5 personas por grupo familiar, las apropiaciones de tierras han desplazado hasta 315 millones de personas.
Impacto de la liberalización del comercio
El compromiso de China con la eliminación de las cuotas agrícolas y la reducción de aranceles aduaneros, hecho cuando se unió a la Organización Mundial de Comercio en 2001, podría todavía superar el impacto de todos los cambios anteriores sufridos por los campesinos. El coste de admisión para China es inmenso y desproporcionado. El gobierno redujo el arancel agrícola promedio de 54% a un 15,3%, en comparación con el promedio mundial de 62%, llevando al ministro de comercio a alardear (o quejarse de que) “Ni un solo miembro en la historia de la OMC ha hecho un recorte tan inmenso [en los aranceles] en un período tan breve.”
El acuerdo con la OMC refleja las actuales prioridades de China. Si el gobierno ha decidido arriesgar grandes sectores de su agricultura, como ser soja y algodón, lo ha hecho para abrir o mantener abiertos mercados globales para sus exportaciones industriales. Las consecuencias sociales de ese cambio todavía no han sido totalmente advertidas, pero los efectos inmediatos han sido alarmantes. En 2004, después de años de ser un exportador neto de alimentos, China registró un déficit en su comercio agrícola. Las importaciones de algodón aumentaron vertiginosamente de 11.300 toneladas en 2001 a 1,98 millones de toneladas en 2004, un aumento de 175 veces. Los agricultores productores de caña de azúcar, frijoles de soja, y sobre todo los de algodón, fueron arruinados. En 2005, según Oxfam en Hong Kong, las importaciones de algodón barato de EE.UU. resultaron en una pérdida de ingreso para los campesinos chinos de 208 millones de dólares, junto con 720.000 puestos de trabajo. También es probable que la liberalización del comercio haya contribuido a la dramática deceleración de la reducción de la pobreza entre 2000 y 2004.
Relajo del régimen de propiedad
En los últimos años, la prioridad dada a la transformación capitalista del campo para apoyar la industrialización orientada hacia la exportación ha llevado al partido a promover no sólo la liberalización del comercio agrícola sino un relajo del régimen de propiedad semi-socialista que favorece a los campesinos y pequeños agricultores. Esto involucra la reducción de controles públicos sobre la tierra para orientarse hacia un régimen de propiedad privada hecho y derecho. La idea es permitir la venta de derechos a la tierra (la creación de un mercado de terrenos) de modo que los productores más “eficientes” puedan expandir sus propiedades. En las palabras eufemísticas de una publicación del Departamento de Agricultura de EE.UU.: “China está fortaleciendo los derechos de los agricultores – aunque no llega a permitir la propiedad plena de la tierra – para que los agricultores puedan arrendar tierras, consolidar sus propiedades, y lograr eficiencias en el tamaño y la escala.”
Esta liberalización del derecho a la tierra incluyó la aprobación de la Ley de Arrendamiento Agrícola en 2004, que limitó la capacidad de las autoridades de las aldeas de reasignar tierras y dio a los agricultores el derecho a heredar y vender arrendamientos de tierra arable durante 30 años. Con la compra y venta de derechos a utilizar la tierra, el gobierno restableció esencialmente la propiedad de la tierra en China. Al hablar de “granjas familiares” y de “agricultores en gran escala,” el Partido Comunista Chino estaba, de hecho, apoyando un camino de desarrollo capitalista para suplantar el que se había basado en la agricultura de campesinos en pequeña escala. Como argumentó un partidario de la nueva política: “La reforma creará no sólo una economía de escala – aumento de la eficiencia y reducción de los costes de producción agrícola – sino resolverá el problema de tierras inactivas abandonadas por migrantes a las ciudades.”
A pesar de la promesa del Partido de que estaba institucionalizando los derechos de los campesinos a la tierra, muchos temieron que la nueva política legalizaría el proceso de apropiación ilegal que había estado ocurriendo en gran escala. Esto, advirtieron “creará unos pocos terratenientes y muchos agricultores sin tierra que no tendrán medios de vida.” Esos temores venían al caso, considerando la turbulenta transformación del campo resultante del desencadenamiento de relaciones capitalistas de producción en otros países.
Resumiendo, es poco probable que la simple asignación de dinero para aumentar la demanda rural vaya a contrarrestar las poderosas estructuras económicas y sociales creadas por la subordinación del desarrollo del campo a la industrialización orientada a la exportación. Esas políticas han contribuido a más desigualdad entre los ingresos urbanos y rurales y detuvieron la reducción de la pobreza en las áreas rurales. La habilitación de las áreas rurales de China para que sirvan de rampla de lanzamiento para la recuperación nacional y global requeriría un cambio fundamental de política, y el gobierno tendría que ir contra los intereses, locales y extranjeros que se han solidificado alrededor de la estrategia de industrialización orientada a la exportación dependiente del capital extranjero.
Beijing ha hablado mucho de un “Nuevo Trato” para el campo durante los últimos años. Pero hay pocas señales de que tenga la voluntad política de adoptar políticas que conviertan esa retórica en realidad. De modo que no hay que esperar que Beijing salve la economía global en el futuro previsible.
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Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.
http://www.zmag.org/znet/viewArticle/21574
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lunes, 1 de junio de 2009
lunes, 6 de abril de 2009
La cumbre del miedo
Walden Bello
Asia Times
El G-20 da un gran espectáculo reuniéndose para lidiar con la crisis económica global. Pero he aquí el problema de la cumbre de Londres del 2 de abril: que no es sino espectáculo. Y lo que el espectáculo viene a disimular es una profunda preocupación, un hondo miedo de la elite global, que no sabe realmente la dirección que está tomando la economía mundial y desconoce las medidas necesarias para estabilizarla.
Las últimas estadísticas dejan cortas las más nigrománticas proyecciones que se habían hecho. Los analistas del establishment están comenzando a mencionar la temida palabra que empieza por "D", y hoy crece la sensación de que está formándose una gigantesca ola que simplemente se tragará los billones de dólares gastados en estímulos. En ese ambiente, el G-20 transmite la impresión de andar más arrastrado por los acontecimientos que enseñoreado de ellos. (Además de las siete naciones industriales más ricas –EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá—, el G-20 incluye a China, India, Indonesia, México, Brasil, Argentina, Rusia, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Turquía, Italia y Suráfrica.)
En efecto: acaso no haya imagen más reveladora del actual estado de la economía global que la de un submarino alemán de la II Guerra Mundial tocado por una carga de profundidad lanzada por destructores de la flota británica noratlántica. Se va a pique rápidamente, y la tripulación no sabe cuando tocará suelo oceánico. Y, llegado a zonas abisales, la gran cuestión es: ¿será capaz la tripulación de reflotar el submarino bombeando aire comprimido en los tanques de lastre, como los marineros de la película clásica Das Boot [El submarino], de Wolfgang Petersen? ¿O seguirá el submarino en el fondo, condenada su tripulación a contemplar un destino peor que la muerte instantánea?
La actual tripulación capitalista al mando de la economía global ignora si los métodos keynesianos pueden reflotar la vida económica planetaria. Entretanto, cada vez más gente se pregunta si bastará un puñado de reformas de estilo socialdemócrata para reparar la economía global, o si la crisis habrá de llevar más bien a un nuevo orden económico internacional.
¿Un nuevo Bretton Woods?
La reunión del G-20 ha sido celebrada como un Nuevo Bretton Woods. En julio de 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, representantes de las economías capitalistas estatalmente gestionadas diseñaron el orden multilateral posbélico situándose a sí propias en el centro del mismo. No podrían ser más distintas ambas reuniones.
La reunión de Londres dura un día; la conferencia de de Bretton Woods fue una ardua sesión de trabajo que se prolongó durante 21 días. La reunión de Londres es exclusiva, con 20 gobiernos que se arrogan la capacidad para decidir por 172 países. La reunión de Bretton Woods se esforzó por ser inclusiva, precisamente para evitar la ilegitimidad que persigue a la cita de Londres. Aun celebrada en plena guerra, juntó a representantes de 44 países, incluida la nación todavía dependiente de las Filipinas y al pequeño y ya desaparecido Estado siberiano de Tannu Tuva.
La Conferencia de Bretton Woods creó nuevas instituciones multilaterales y nuevas normas para gestionar el mundo de posguerra. El G-20 busca reciclar instituciones fracasadas: el propio G-20, el Fórum de Estabilidad Financiera (FSF), el Banco de Pagos Internacionales y "Basilea II", así como el FMI, que ahora cumple 65 años. Algunas de esas instituciones fueron creadas por el G-7 tras la crisis financiera asiática de 1997 para instituir una nueva arquitectura financiera capaz de prevenir una repetición de la debacle provocada por las políticas del FMI de liberalización de la balanza de capitales. Pero, en vez de fijar salvaguardias, lo que hicieron esas instituciones fue aceptar la estrategia de "autorregulación" de la elite financiera global.
Entre los mantras así legitimados estaban: la consigna de que los controles de los movimientos de capitales eran malos para las economías en vías de desarrollo; la fórmula de que la venta cortoplacista o especulación con el movimiento de las acciones tomadas a préstamos era una legítima operación de mercado; y la idea de que los derivados financieros (o títulos de obligaciones que permiten hacer apuestas sobre los movimientos de los activos subyacentes) "perfeccionaban" el mercado. La implícita recomendación de su pasividad era que el mejor modo de regular el mercado era dejar el mercado en manos de unos jugadores que habrían desarrollado sofisticados y pretendidamente fiable modelos de "estimación del riesgo".
En suma: se encarga a instituciones que fueron parte del problema que se conviertan ahora en elemento central de la solución. Sin advertirlo, el G-20 está siguiendo la máxima de Marx, según la cual la historia se repite: como tragedia, primero, y como farsa, después.
La resurrección del FMI
El componente más problemático de la solución G-20 son sus propuestas para el FMI. Los EEUU y la UE buscan doblar el capital del FMI, pasando de 250 mil a 500 mil millones de dólares. El plan pasa porque el FMI preste esos fondos a países en vías de desarrollo para estimular sus economías, supervisando el Fondo, conforme a la propuesta del secretario del Tesoro norteamericano Tim Geithner, el ejercicio global. Si algo no podía funcionar, es precisamente eso.
Por lo pronto, el asunto de la representación sigue perjudicando mucho al Sur global. Hasta ahora, sólo se han hecho cambios marginales en la asignación de los derechos de sufragio en el FMI. A pesar del clamor favorable a una mayor capacidad de sufragio para los miembros del Sur, los países ricos siguen estando sobre-representados en el comité ejecutivo del Fondo. Los países en vías de desarrollo, señaladamente los asiáticos y os africanos, están muy sub-representados. Europa mantiene un tercio de las sillas en el comité ejecutivo y exige el privilegio feudal de que sea siempre un europeo el director ejecutivo. Los EEUU, por su parte, tienen cerca del 17% de poder de voto, los que les da derecho de veto.
Segundo, el desempeño del FMI durante la crisis financiera asiática de 1997, más que cualquier otra cosa, minó su credibilidad. El FMI contribuyó a la crisis al empujar a los países asiáticos a eliminar los controles de los movimientos de capitales y a liberalizar sus sectores financieros, favoreciendo tanto la entrada masiva de capital especulativo como su desestabilizadora salida al menor indicio de crisis.
El Fondo empujó luego a los gobiernos al recorte presupuestario con la teoría de que la inflación era el problema, cuando lo que debería haber hecho es apoyar un mayor gasto público para contrarrestar el colapso del sector privado. Tal medida pro-cíclica terminó acelerando el colapso regional, convirtiéndolo en una recesión. Finalmente, miles de millones de dólares de los fondos de rescate del FMI no fueron a parar al rescate de unas economías colapsadas, sino a compensar las pérdidas de instituciones financieras extranjeras: un desarrollo que se ha convertido en ejemplo de manual de lo que es el "azar moral", estimulador del préstamo irresponsable.
Tailandia liquidó sus deudas con el FMI en 2003, declarando su "independencia fiscal". Le siguieron Brasil, Venezuela y Argentina, e Indonesia manifestó su intención de devolver sus deudas lo antes posible. Análogamente, otros países decidieron mantenerse al margen, prefiriendo acumular reservas de comercio exterior para defenderse de inopinados acontecimientos exteriores, antes que contratar nuevos préstamos con el FMI. Lo que llevó al FMI a una crisis presupuestaria, pues el grueso de sus ingresos procedía de las devoluciones de deuda por parte de los mayores países en vías de desarrollo.
Los partidarios del Fondo dicen que el FMI comprende ya cabalmente las ventajas de los gastos masivos financiados con déficit y que, como Richard Nixon en su día, puede ahora avilantarse a decir: "todos somos keynesianos ya". Muchos críticos discrepan. Eurodad, una organización no-gubernamental de vigilancia del FMI, sostiene que el Fondo todavía pone gravosas condiciones para el préstamo a países en vías de desarrollo. Préstamos muy recientemente concedidos por el FMI todavía favorecen la liberalización financiera y bancaria. Y a pesar del actual énfasis puesto en el estímulo fiscal –algunos países, como los EEUU, llaman a incrementar el estímulo fiscal hasta al menos un 2% del PIB—, el FMI todavía exige a los prestatarios de bajos ingresos mantener su gasto por déficit por debajo del 1% del PIB.
Está, por último, la cuestión de si el Fondo sabe lo que tiene entre manos. Uno de los factores clave en el descrédito del FMI ha sido su práctica incapacidad para anticipar la presente crisis financiera. Al final del Artículo IV de la consulta con los EEUU de 2007, el comité del FMI aseveraba que "el sistema financiero ha mostrado una impresionante estabilidad, aun a pesar de las recientes dificultades con el mercado hipotecario subprime". En suma: el Fondo no sólo ha fallado miserablemente en sus prescripciones de política económica, sino que, a pesar del pretendido alto nivel de los economistas que tiene en nómina, ha fracasado radicalmente en sus responsabilidades de vigilancia.
Por cuantiosos que sean los recursos que el G-20 allegue al FMI, un programa de estímulo global gestionado por el Fondo resultará muy poco atractivo internacionalmente para sus posibles destinatarios.
El camino por andar
La respuesta del Norte a la presente crisis, que pasa por revivir instituciones fosilizadas, trae a la memoria el famoso dicho de Keynes: "La dificultad no estriba tanto en el desarrollo de ideas nuevas, cuanto en sacudirse las viejas". Así pues, en el espíritu de Keynes, tratemos de buscar formas de sacudirnos viejas formas de pensar.
Primero: puesto que la legitimidad es una mercancía muy escasa ahora mismo, el Secretario General de la ONU y la Asamblea General de Naciones Unidas –no el G-20— deberían convocar una sesión especial para diseñar un nuevo orden global multilateral. Una Comisión de Expertos en Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional, nombrada por el presidente de la Asamblea General y encabezada por el Premio Nobel Joseph Stiglitz ya ha hecho el trabajo preparatorio para esa reunión. La reunión, como la Conferencia de Bretton Woods, sería un proceso inclusivo y, como Bretton Woods también, sería una sesión de trabajo de varias semanas de duración. Uno de sus resultados clave podría ser la institución de un foro representativo, como el "Consejo de Coordinación Global" sugerido por Stiglitz, que coordinaría en un sentido amplio la reforma global económica y financiera.
Segundo: para prestar inmediata asistencia a los países que precisan lidiar con la crisis, las deudas contraídas por los países en vías de desarrollo con las instituciones del Norte deberían ser canceladas. El grueso de esa deuda, como nos recuerda el movimiento internacional Jubilee para cancelación de la deuda, fue contraída en condiciones abusivas, y el importe del principal de la misma ha sido ya devuelto con creces. La cancelación de la deuda o una moratoria permitirá a los países en vías de desarrollo el acceso a mayores recursos y tendrá unos efectos de estímulo mayores que el dinero canalizado a través del FMI.
Tercero: las estructuras regionales para lidiar con asuntos financieros, incluida la financiación del desarrollo, deberían ser la pieza central de la nueva arquitectura de la nueva gobernanza global, y no otro sistema financiero en el que los países del Norte dominen instituciones centralizadas como el FMI y monopolicen recursos y poder. En el este asiático, la agrupación "ASEAN Plus Three", o la "Iniciativa Chiang Mai", son desarrollos prometedores que hay que ampliar, aunque precisen de mayor control por parte de los pueblos de la región. En la América latina están ya en marcha varias iniciativas regionales prometedoras, como el ALBA y el Banco del Sur. Cualquier orden global nuevo precisará, como pilares, de instituciones regionales socialmente controlables.
Éstos son, huelga decirlo, pasos inmediatos a dar en el contexto de una reconfiguración estratégica, más fundamental ya largo plazo, de un sistema capitalista que se halla ahora al borde del colapso.
La presente crisis es una gran oportunidad para poner por obra un nuevo sistema que ponga fin, no sólo al fracasado sistema de la gobernanza neoliberal global, sino a la dominación euro-norteamericana de la economía capitalista global, reemplazándolo por un orden democrático postcapitalista, más descentralizado y desglobalizado. No es imposible que, a menos que esa reestructuración más fundamental tenga lugar, la economía global no consiga reflotar y ganar la superficie.
Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.
Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss
Enlace a texto en Rebelion
Asia Times
El G-20 da un gran espectáculo reuniéndose para lidiar con la crisis económica global. Pero he aquí el problema de la cumbre de Londres del 2 de abril: que no es sino espectáculo. Y lo que el espectáculo viene a disimular es una profunda preocupación, un hondo miedo de la elite global, que no sabe realmente la dirección que está tomando la economía mundial y desconoce las medidas necesarias para estabilizarla.
Las últimas estadísticas dejan cortas las más nigrománticas proyecciones que se habían hecho. Los analistas del establishment están comenzando a mencionar la temida palabra que empieza por "D", y hoy crece la sensación de que está formándose una gigantesca ola que simplemente se tragará los billones de dólares gastados en estímulos. En ese ambiente, el G-20 transmite la impresión de andar más arrastrado por los acontecimientos que enseñoreado de ellos. (Además de las siete naciones industriales más ricas –EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá—, el G-20 incluye a China, India, Indonesia, México, Brasil, Argentina, Rusia, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Turquía, Italia y Suráfrica.)
En efecto: acaso no haya imagen más reveladora del actual estado de la economía global que la de un submarino alemán de la II Guerra Mundial tocado por una carga de profundidad lanzada por destructores de la flota británica noratlántica. Se va a pique rápidamente, y la tripulación no sabe cuando tocará suelo oceánico. Y, llegado a zonas abisales, la gran cuestión es: ¿será capaz la tripulación de reflotar el submarino bombeando aire comprimido en los tanques de lastre, como los marineros de la película clásica Das Boot [El submarino], de Wolfgang Petersen? ¿O seguirá el submarino en el fondo, condenada su tripulación a contemplar un destino peor que la muerte instantánea?
La actual tripulación capitalista al mando de la economía global ignora si los métodos keynesianos pueden reflotar la vida económica planetaria. Entretanto, cada vez más gente se pregunta si bastará un puñado de reformas de estilo socialdemócrata para reparar la economía global, o si la crisis habrá de llevar más bien a un nuevo orden económico internacional.
¿Un nuevo Bretton Woods?
La reunión del G-20 ha sido celebrada como un Nuevo Bretton Woods. En julio de 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, representantes de las economías capitalistas estatalmente gestionadas diseñaron el orden multilateral posbélico situándose a sí propias en el centro del mismo. No podrían ser más distintas ambas reuniones.
La reunión de Londres dura un día; la conferencia de de Bretton Woods fue una ardua sesión de trabajo que se prolongó durante 21 días. La reunión de Londres es exclusiva, con 20 gobiernos que se arrogan la capacidad para decidir por 172 países. La reunión de Bretton Woods se esforzó por ser inclusiva, precisamente para evitar la ilegitimidad que persigue a la cita de Londres. Aun celebrada en plena guerra, juntó a representantes de 44 países, incluida la nación todavía dependiente de las Filipinas y al pequeño y ya desaparecido Estado siberiano de Tannu Tuva.
La Conferencia de Bretton Woods creó nuevas instituciones multilaterales y nuevas normas para gestionar el mundo de posguerra. El G-20 busca reciclar instituciones fracasadas: el propio G-20, el Fórum de Estabilidad Financiera (FSF), el Banco de Pagos Internacionales y "Basilea II", así como el FMI, que ahora cumple 65 años. Algunas de esas instituciones fueron creadas por el G-7 tras la crisis financiera asiática de 1997 para instituir una nueva arquitectura financiera capaz de prevenir una repetición de la debacle provocada por las políticas del FMI de liberalización de la balanza de capitales. Pero, en vez de fijar salvaguardias, lo que hicieron esas instituciones fue aceptar la estrategia de "autorregulación" de la elite financiera global.
Entre los mantras así legitimados estaban: la consigna de que los controles de los movimientos de capitales eran malos para las economías en vías de desarrollo; la fórmula de que la venta cortoplacista o especulación con el movimiento de las acciones tomadas a préstamos era una legítima operación de mercado; y la idea de que los derivados financieros (o títulos de obligaciones que permiten hacer apuestas sobre los movimientos de los activos subyacentes) "perfeccionaban" el mercado. La implícita recomendación de su pasividad era que el mejor modo de regular el mercado era dejar el mercado en manos de unos jugadores que habrían desarrollado sofisticados y pretendidamente fiable modelos de "estimación del riesgo".
En suma: se encarga a instituciones que fueron parte del problema que se conviertan ahora en elemento central de la solución. Sin advertirlo, el G-20 está siguiendo la máxima de Marx, según la cual la historia se repite: como tragedia, primero, y como farsa, después.
La resurrección del FMI
El componente más problemático de la solución G-20 son sus propuestas para el FMI. Los EEUU y la UE buscan doblar el capital del FMI, pasando de 250 mil a 500 mil millones de dólares. El plan pasa porque el FMI preste esos fondos a países en vías de desarrollo para estimular sus economías, supervisando el Fondo, conforme a la propuesta del secretario del Tesoro norteamericano Tim Geithner, el ejercicio global. Si algo no podía funcionar, es precisamente eso.
Por lo pronto, el asunto de la representación sigue perjudicando mucho al Sur global. Hasta ahora, sólo se han hecho cambios marginales en la asignación de los derechos de sufragio en el FMI. A pesar del clamor favorable a una mayor capacidad de sufragio para los miembros del Sur, los países ricos siguen estando sobre-representados en el comité ejecutivo del Fondo. Los países en vías de desarrollo, señaladamente los asiáticos y os africanos, están muy sub-representados. Europa mantiene un tercio de las sillas en el comité ejecutivo y exige el privilegio feudal de que sea siempre un europeo el director ejecutivo. Los EEUU, por su parte, tienen cerca del 17% de poder de voto, los que les da derecho de veto.
Segundo, el desempeño del FMI durante la crisis financiera asiática de 1997, más que cualquier otra cosa, minó su credibilidad. El FMI contribuyó a la crisis al empujar a los países asiáticos a eliminar los controles de los movimientos de capitales y a liberalizar sus sectores financieros, favoreciendo tanto la entrada masiva de capital especulativo como su desestabilizadora salida al menor indicio de crisis.
El Fondo empujó luego a los gobiernos al recorte presupuestario con la teoría de que la inflación era el problema, cuando lo que debería haber hecho es apoyar un mayor gasto público para contrarrestar el colapso del sector privado. Tal medida pro-cíclica terminó acelerando el colapso regional, convirtiéndolo en una recesión. Finalmente, miles de millones de dólares de los fondos de rescate del FMI no fueron a parar al rescate de unas economías colapsadas, sino a compensar las pérdidas de instituciones financieras extranjeras: un desarrollo que se ha convertido en ejemplo de manual de lo que es el "azar moral", estimulador del préstamo irresponsable.
Tailandia liquidó sus deudas con el FMI en 2003, declarando su "independencia fiscal". Le siguieron Brasil, Venezuela y Argentina, e Indonesia manifestó su intención de devolver sus deudas lo antes posible. Análogamente, otros países decidieron mantenerse al margen, prefiriendo acumular reservas de comercio exterior para defenderse de inopinados acontecimientos exteriores, antes que contratar nuevos préstamos con el FMI. Lo que llevó al FMI a una crisis presupuestaria, pues el grueso de sus ingresos procedía de las devoluciones de deuda por parte de los mayores países en vías de desarrollo.
Los partidarios del Fondo dicen que el FMI comprende ya cabalmente las ventajas de los gastos masivos financiados con déficit y que, como Richard Nixon en su día, puede ahora avilantarse a decir: "todos somos keynesianos ya". Muchos críticos discrepan. Eurodad, una organización no-gubernamental de vigilancia del FMI, sostiene que el Fondo todavía pone gravosas condiciones para el préstamo a países en vías de desarrollo. Préstamos muy recientemente concedidos por el FMI todavía favorecen la liberalización financiera y bancaria. Y a pesar del actual énfasis puesto en el estímulo fiscal –algunos países, como los EEUU, llaman a incrementar el estímulo fiscal hasta al menos un 2% del PIB—, el FMI todavía exige a los prestatarios de bajos ingresos mantener su gasto por déficit por debajo del 1% del PIB.
Está, por último, la cuestión de si el Fondo sabe lo que tiene entre manos. Uno de los factores clave en el descrédito del FMI ha sido su práctica incapacidad para anticipar la presente crisis financiera. Al final del Artículo IV de la consulta con los EEUU de 2007, el comité del FMI aseveraba que "el sistema financiero ha mostrado una impresionante estabilidad, aun a pesar de las recientes dificultades con el mercado hipotecario subprime". En suma: el Fondo no sólo ha fallado miserablemente en sus prescripciones de política económica, sino que, a pesar del pretendido alto nivel de los economistas que tiene en nómina, ha fracasado radicalmente en sus responsabilidades de vigilancia.
Por cuantiosos que sean los recursos que el G-20 allegue al FMI, un programa de estímulo global gestionado por el Fondo resultará muy poco atractivo internacionalmente para sus posibles destinatarios.
El camino por andar
La respuesta del Norte a la presente crisis, que pasa por revivir instituciones fosilizadas, trae a la memoria el famoso dicho de Keynes: "La dificultad no estriba tanto en el desarrollo de ideas nuevas, cuanto en sacudirse las viejas". Así pues, en el espíritu de Keynes, tratemos de buscar formas de sacudirnos viejas formas de pensar.
Primero: puesto que la legitimidad es una mercancía muy escasa ahora mismo, el Secretario General de la ONU y la Asamblea General de Naciones Unidas –no el G-20— deberían convocar una sesión especial para diseñar un nuevo orden global multilateral. Una Comisión de Expertos en Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional, nombrada por el presidente de la Asamblea General y encabezada por el Premio Nobel Joseph Stiglitz ya ha hecho el trabajo preparatorio para esa reunión. La reunión, como la Conferencia de Bretton Woods, sería un proceso inclusivo y, como Bretton Woods también, sería una sesión de trabajo de varias semanas de duración. Uno de sus resultados clave podría ser la institución de un foro representativo, como el "Consejo de Coordinación Global" sugerido por Stiglitz, que coordinaría en un sentido amplio la reforma global económica y financiera.
Segundo: para prestar inmediata asistencia a los países que precisan lidiar con la crisis, las deudas contraídas por los países en vías de desarrollo con las instituciones del Norte deberían ser canceladas. El grueso de esa deuda, como nos recuerda el movimiento internacional Jubilee para cancelación de la deuda, fue contraída en condiciones abusivas, y el importe del principal de la misma ha sido ya devuelto con creces. La cancelación de la deuda o una moratoria permitirá a los países en vías de desarrollo el acceso a mayores recursos y tendrá unos efectos de estímulo mayores que el dinero canalizado a través del FMI.
Tercero: las estructuras regionales para lidiar con asuntos financieros, incluida la financiación del desarrollo, deberían ser la pieza central de la nueva arquitectura de la nueva gobernanza global, y no otro sistema financiero en el que los países del Norte dominen instituciones centralizadas como el FMI y monopolicen recursos y poder. En el este asiático, la agrupación "ASEAN Plus Three", o la "Iniciativa Chiang Mai", son desarrollos prometedores que hay que ampliar, aunque precisen de mayor control por parte de los pueblos de la región. En la América latina están ya en marcha varias iniciativas regionales prometedoras, como el ALBA y el Banco del Sur. Cualquier orden global nuevo precisará, como pilares, de instituciones regionales socialmente controlables.
Éstos son, huelga decirlo, pasos inmediatos a dar en el contexto de una reconfiguración estratégica, más fundamental ya largo plazo, de un sistema capitalista que se halla ahora al borde del colapso.
La presente crisis es una gran oportunidad para poner por obra un nuevo sistema que ponga fin, no sólo al fracasado sistema de la gobernanza neoliberal global, sino a la dominación euro-norteamericana de la economía capitalista global, reemplazándolo por un orden democrático postcapitalista, más descentralizado y desglobalizado. No es imposible que, a menos que esa reestructuración más fundamental tenga lugar, la economía global no consiga reflotar y ganar la superficie.
Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.
Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss
Enlace a texto en Rebelion
viernes, 16 de enero de 2009
El nuevo consenso capitalista en ciernes
Walden Bello
"El reto es superar los límites puestos a la imaginación política de la izquierda por la combinación de la agresividad del desafío neoliberal en los años 80 con el colapso de los regímenes de socialismo burocrático a comienzos de los 90. La izquierda debería ser capaz, de nuevo, de atreverse a aspirar a modelos de organización social que apuntaran sin reservas a la igualdad y al control democrático-participatorio tanto de la economía nacional como de la economía global, condiciones necesarias para la emancipación individual y colectiva."
Las elites económicas y políticas empiezan a converger en una especie de solución global de tipo socialdemócrata como solución de la presente crisis económica. Pero necesitamos algo más que una gestión social, sostiene Walden Bello: deberíamos aspirar a modelos de organización social que apunten a la igualdad y al control democrático-participatorio de la economía, tanto a escala nacional como a escala planetaria.
No resulta sorprendente que el rápido deterioro de la economía global, combinado con la llegada a la presidencia de los EEUU de un liberal de izquierda afroamericano, haya hecho concebir entre millones de personas la esperanza de que el mundo se halla en el umbral de una nueva era. Es verdad que algunos de los nombramientos recientes de Obama –señaladamente, el del exsecretario del Tesoro, Larry Summers, para dirigir el Consejo Económico Nacional, el de Tim Geithner, jefe del Comité de la Reserva Federal de Nueva York, para desempeñar el cargo de secretario del Tesoro y el del antiguo alcalde de Dallas, Ron Kirk, para Comercio— han despertado cierto escepticismo. Pero la sensación de que las vetustas fórmulas neoliberales están de todo punto desacreditadas ha convencido a muchos de que el nuevo liderazgo demócrata en la economía más grande del planeta romperá con las políticas fundamentalistas de mercado imperantes desde comienzos de los 80.
Ni que decir tiene que una cuestión importante pasa por saber hasta qué punto la ruptura con el neoliberalismo será decisiva y definitiva. Sin embargo, otras cuestiones apuntan al corazón mismo del capitalismo. La propiedad pública, la intervención y el control, ¿se ejercerán simplemente para estabilizar al capitalismo, para luego devolver el control a las elites empresariales? ¿Veremos una segunda ronda de capitalismo keynesiano, en la que el Estado, las elites granempresariales y las organizaciones sindicales colaborarán sobre una base de política industrial, crecimiento y salarios elevados (aunque, esta vez, con una dimensión verde añadida)? ¿O asistiremos al comienzo de una serie de alteraciones fundamentales en la propiedad y el control de la economía en una dirección más popular? El sistema global del capitalismo pone, ciertamente, límites al alcance de las reformas, pero ningún otro momento del pasado medio siglo han sido esos límites más fluidos e inciertos.
El presidente francés Nicolas Sarkozy ya ha hecho su apuesta: tras declarar que "el capitalismo de laissez-faire ha muerto", ha creado un fondo de inversiones estratégicas de 20 mil millones de euros para promover la innovación tecnológica, mantener en manos francesas los sectores industriales avanzados y conservar puestos de trabajo. "El día en que dejemos de construir trenes, aviones, automóviles y barcos, ¿qué quedará de la economía francesa?!, se preguntaba retóricamente hace pocos días. "Recuerdos. Pero yo no quiero que Francia se convierta en una mera reserva turística". Este tipo de política industrial agresiva, pensada para atraerse a la clase obrera blanca tradicional, podría ir de la mano de las políticas antiinmigratorias excluyentes con las que ha solido asociarse al presidente francés.
Socialdemocracia global
Sin embargo, un nuevo keynesianismo nacional conforme a las líneas de Sarkozy no es la única alternative de que disponen las elites. Dada la necesidad de legitimación global para promover sus intereses en un mundo cuyo equilibrio de poder se está desplazando hacia el Sur, a las elites occidentales podría resultarles más atractivo un vástago de la socialdemocracia europea y del liberalismo New Deal que podríamos llamar "Socialdemocracia Global", o SDG.
Antes incluso de que se desarrollara por completo la actual crisis financiera, los partidarios de la SDG ya habían empezado a adelantarla como una alternativa a la globalización neoliberal, respondiendo a las cuitas y a las tensiones provocadas por esta última. Una personalidad vinculada a la SDG es el actual primer ministro británico, Gordon Brown, quien encabezó la respuesta europea al desplome financiero abogando por la nacionalización parcial de los bancos. Considerado por mucha gente el padrino de la campaña "Convirtamos la pobreza en historia" en el Reino Unido, Brown, siendo todavía el canciller de finanzas británico, propuso lo que llamó una "capitalismo fundado en la alianza" entre el mercado y las instituciones estatales, capaz de reproducir a escala global lo que, según él, habría hecho Franklin Delano Roosevelt a escala económica nacional, a saber: "garantizar los beneficios generados por el mercado y, a la par, domar los excesos de éste". Se trataría, según Brown, de un sistema que "incorporaría todos los beneficios de los mercados y de los flujos de capitales globales, minimizaría los riesgos de crisis y desplomes, maximizaría las oportunidades de todos y sostendría a los más vulnerables. Significaría, en una palabra, restaurar, a escala económica mundial, el empeño y los elevados ideales públicos".
En la articulación de un discurso socialdemócrata global se ha unido a Brown un heterogéneo grupo formado, entre otros, por el economist Jeffrey Sachs, George Soros, el antiguo secretario general de la ONU Kofi Annan, el sociólogo David Held, el Premio Novel Josph Stiglitzy hasta Bill Gates. Hay entre ellos, huelga decirlo, diferencias de matiz, pero la dirección de sus perspectivas es la misma: traer un orden social reformado y lograr la revitalización del consenso en torno al capitalismo global.
Entre las posiciones clave avanzadas por los partidarios de la SDG están las que siguen:
La globalización es esencialmente beneficiosa para el mundo; los neoliberales simplemente han arruinado la gestión de la misma y la tarea de venderla a la opinión pública.
Es urgente salvar rescatar la globalización, arrancádola ed las manos neoliberales: porque la globalización es reversible, y lo cierto es que podría haber empezado ya el proceso de su reversión.
El crecimiento y la equidad pueden entrar e conflicto, en cuyo caso hay que dar primacía a la equidad.
Es posible que el libre comercio no sea beneficioso a largo plazo, y es posible que mantenga en la pobreza a la mayoría; por eso es importante que los acuerdos comerciales estén sujetos a condiciones sociales y medioambientales.
Hay que evitar el unilateralismo y, al propio tiempo, hay que emprender reformas fundamentales de las instituciones y de los acuerdos multilaterales, un proceso que podría entrañar la liquidación o la neutralización de varios de ellos, como el Acuerdo Comercial para los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIP, por sus siglas en inglés) establecido en el marco de la Organización Mundial de Comercio.
La integración social global, o la reducción de las desigualdades dentro de las naciones y entre las naciones, debe ir de la mano de la integración del mercado global.
La deuda global de los países en vías de desarrollo ha de ser cancelada, o al menos, drásticamente reducida, a fin de que los ahorros puedan usarse para estimular a la economía local, contribuyendo así a la reflación global.
La pobreza y la degradación medioambiental son tan graves, que hay que poner por obra una programa masivo, una especie de "Plan Marshall" del Norte para las naciones del Sur en el marco de los "Objetivos de Desarrollo del Milenio".
Hay que lanzar una "Segunda Revolución Verde", particularmente en África, a través de la generalizada adopción de las semillas genéticamente modificadas.
Hay que dedicar grandes inversiones para poner a la economía global en una senda medioambientalmente más sostenible, y los gobiernos deben encabezar esos programas ("keynesianismo verde" o "capitalismo verde").
Las acciones militares para resolver problemas deben preterirse a favor más bien de la diplomacia y del "poder blando", pero deben mantenerse las intervenciones militares humanitarias en situaciones de genocidio.
Los límites de la Socialdemocracia Global
La Socialdemocracia Global no ha merecido hasta ahora demasiada discusión crítica, tal vez porque el grueso de los progresistas siguen empeñados en la última guerra, esto es, la guerra contra el neoliberalismo. Pero hacer su crítica es urgente, y no solo porque la SDG es el más candidato más probable como sucesor del neoliberalismo. Más importante aún es el hecho de que, aun cuando la SDG tiene algunos elementos positivos, tiene también, como su antecesor, el paradigma socialdemócrata de impronta keynesiana, bastantes rasgos problemáticos.
Comencemos por resaltar los problemas que presentan cuatro elementos centrales de la perspectiva SDG.
Primero: la SDG comparte con el neoliberalismo el sesgo favorable a la globalización, diferenciándose sólo por su promesa de promover una globalización mejor que la de los neoliberales. Eso, sin embargo, monta tanto como decir que basta añadir la dimensión de la "integración social global" para que un proceso que es intrínsecamente destructor y desbaratador, tanto social como ecológicamente, resulte digerible y aceptable. La SDG parte del supuesto de que las gentes quieren realmente formar parte de una economía global funcionalmente integrada en la que desaparezcan las barreras entre lo nacional y lo internacional. Sin embargo, ¿acaso no preferirían formar parte de economías sometidas a control local? ¿No es más cierto que preferían poner coto a los caprichos y extravagancias de la economía internacional? En realidad, la actual trayectoria descendente de las economías interconectadas confirma la validez de una de las críticas básicas al proceso de globalización por parte del movimiento antiglobalización.
Segundo: la SDG comparte con el neoliberalismo la preferencia por el mercado como mecanismo principal de producción, distribución y consumo, diferenciándose fundamentalmente por su insistencia en el papel del Estado a la hora de corregir los fallos del mercado. El tipo de globalización que el mundo necesita, según Jeffery Sachs en su libro The End of Poverty [El final de la pobreza], pasaría por "represar… la formidable energía del comercio y la inversión, reconociendo y corrigiendo las limitaciones mediante una acción colectiva compensatoria". Eso es harto distinto de sostener que la ciudadanía y la sociedad civil deben tomar las decisiones económicas clave, limitándose el mercado y la burocracia estatal a no ser sino mecanismos de ejecución de la toma democrática de decisiones.
Tercero: la SDG es un proyecto tecnocrático, con expertos excogitando y llevando a término reformas sociales desde arriba, no un proyecto participativo en el que las iniciativas discurren de abajo arriba.
Y cuarto: la SDG, aun si crítica con el neoliberalismo, acepta el marco del capitalismo monopolista, que descansa, básicamente, en el beneficio dimanante de la extracción explotadora de plusvalía procedente del trabajo, que va de crisis en crisis por sus inherentes tendencias a la sobreproducción y que, con su búsqueda de rentabilidad, tiende a chocar con los límites medioambientales. Lo mismo que el keynesianismo tradicional a escala nacional, la SDG busca, a escala global, un Nuevo compromiso de clase que vaya de la mano de nuevos métodos para contener o minimizar la tendencia a las crisis consubstancial al capitalismo. Así como la vieja socialdemocracia y el New Deal trajeron estabilidad al capitalismo a escala nacional, la función histórica de la SDG es mitigar las contradicciones del capitalismo global contemporáneo y relegitimar al mismo tras la crisis y el caos dejados por el neoliberalismo. En su misma raíz, la SDG tiene que ver con un problema de gestión social.
Obama tiene el talento de tender puentes entre discursos políticos diferentes. Es, asimismo, una tabula rasa en lo tocante a economía. Como Roosevelt en su día, no está atado a fórmulas del ancien régime. Es un pragmático, cuyo criterio clave es el éxito en la gestión social. Como tal, se halla en una posición única para encabezar esa ambiciosa empresa reformista.
La izquierda debe despertar
Mientras la izquierda estaba embarcada en una Guerra sin cuartel al neoliberalismo, el pensamiento reformista iba calando entre círculos reformistas del establishment. Y ese pensamiento está ahora a pique de convertirse en política: la izquierda debe redoblar sus esfuerzos para estar a la altura. No es sólo cosa de pasar de las críticas a las propuestas constructivas. El reto es superar los límites puestos a la imaginación política de la izquierda por la combinación de la agresividad del desafío neoliberal en los años 80 con el colapso de los regímenes de socialismo burocrático a comienzos de los 90. La izquierda debería ser capaz, de nuevo, de atreverse a aspirar a modelos de organización social que apuntaran sin reservas a la igualdad y al control democrático-participatorio tanto de la economía nacional como de la economía global, condiciones necesarias para la emancipación individual y colectiva.
Lo mismo que el viejo régimen keynesiano de posguerra, la SDG tiene que ver con la gestión social. En cambio, la perspectiva de la izquierda es la liberación social.
__________________________________________
Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.
Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella
Enlace a texto en Sin Permiso
"El reto es superar los límites puestos a la imaginación política de la izquierda por la combinación de la agresividad del desafío neoliberal en los años 80 con el colapso de los regímenes de socialismo burocrático a comienzos de los 90. La izquierda debería ser capaz, de nuevo, de atreverse a aspirar a modelos de organización social que apuntaran sin reservas a la igualdad y al control democrático-participatorio tanto de la economía nacional como de la economía global, condiciones necesarias para la emancipación individual y colectiva."
Las elites económicas y políticas empiezan a converger en una especie de solución global de tipo socialdemócrata como solución de la presente crisis económica. Pero necesitamos algo más que una gestión social, sostiene Walden Bello: deberíamos aspirar a modelos de organización social que apunten a la igualdad y al control democrático-participatorio de la economía, tanto a escala nacional como a escala planetaria.
No resulta sorprendente que el rápido deterioro de la economía global, combinado con la llegada a la presidencia de los EEUU de un liberal de izquierda afroamericano, haya hecho concebir entre millones de personas la esperanza de que el mundo se halla en el umbral de una nueva era. Es verdad que algunos de los nombramientos recientes de Obama –señaladamente, el del exsecretario del Tesoro, Larry Summers, para dirigir el Consejo Económico Nacional, el de Tim Geithner, jefe del Comité de la Reserva Federal de Nueva York, para desempeñar el cargo de secretario del Tesoro y el del antiguo alcalde de Dallas, Ron Kirk, para Comercio— han despertado cierto escepticismo. Pero la sensación de que las vetustas fórmulas neoliberales están de todo punto desacreditadas ha convencido a muchos de que el nuevo liderazgo demócrata en la economía más grande del planeta romperá con las políticas fundamentalistas de mercado imperantes desde comienzos de los 80.
Ni que decir tiene que una cuestión importante pasa por saber hasta qué punto la ruptura con el neoliberalismo será decisiva y definitiva. Sin embargo, otras cuestiones apuntan al corazón mismo del capitalismo. La propiedad pública, la intervención y el control, ¿se ejercerán simplemente para estabilizar al capitalismo, para luego devolver el control a las elites empresariales? ¿Veremos una segunda ronda de capitalismo keynesiano, en la que el Estado, las elites granempresariales y las organizaciones sindicales colaborarán sobre una base de política industrial, crecimiento y salarios elevados (aunque, esta vez, con una dimensión verde añadida)? ¿O asistiremos al comienzo de una serie de alteraciones fundamentales en la propiedad y el control de la economía en una dirección más popular? El sistema global del capitalismo pone, ciertamente, límites al alcance de las reformas, pero ningún otro momento del pasado medio siglo han sido esos límites más fluidos e inciertos.
El presidente francés Nicolas Sarkozy ya ha hecho su apuesta: tras declarar que "el capitalismo de laissez-faire ha muerto", ha creado un fondo de inversiones estratégicas de 20 mil millones de euros para promover la innovación tecnológica, mantener en manos francesas los sectores industriales avanzados y conservar puestos de trabajo. "El día en que dejemos de construir trenes, aviones, automóviles y barcos, ¿qué quedará de la economía francesa?!, se preguntaba retóricamente hace pocos días. "Recuerdos. Pero yo no quiero que Francia se convierta en una mera reserva turística". Este tipo de política industrial agresiva, pensada para atraerse a la clase obrera blanca tradicional, podría ir de la mano de las políticas antiinmigratorias excluyentes con las que ha solido asociarse al presidente francés.
Socialdemocracia global
Sin embargo, un nuevo keynesianismo nacional conforme a las líneas de Sarkozy no es la única alternative de que disponen las elites. Dada la necesidad de legitimación global para promover sus intereses en un mundo cuyo equilibrio de poder se está desplazando hacia el Sur, a las elites occidentales podría resultarles más atractivo un vástago de la socialdemocracia europea y del liberalismo New Deal que podríamos llamar "Socialdemocracia Global", o SDG.
Antes incluso de que se desarrollara por completo la actual crisis financiera, los partidarios de la SDG ya habían empezado a adelantarla como una alternativa a la globalización neoliberal, respondiendo a las cuitas y a las tensiones provocadas por esta última. Una personalidad vinculada a la SDG es el actual primer ministro británico, Gordon Brown, quien encabezó la respuesta europea al desplome financiero abogando por la nacionalización parcial de los bancos. Considerado por mucha gente el padrino de la campaña "Convirtamos la pobreza en historia" en el Reino Unido, Brown, siendo todavía el canciller de finanzas británico, propuso lo que llamó una "capitalismo fundado en la alianza" entre el mercado y las instituciones estatales, capaz de reproducir a escala global lo que, según él, habría hecho Franklin Delano Roosevelt a escala económica nacional, a saber: "garantizar los beneficios generados por el mercado y, a la par, domar los excesos de éste". Se trataría, según Brown, de un sistema que "incorporaría todos los beneficios de los mercados y de los flujos de capitales globales, minimizaría los riesgos de crisis y desplomes, maximizaría las oportunidades de todos y sostendría a los más vulnerables. Significaría, en una palabra, restaurar, a escala económica mundial, el empeño y los elevados ideales públicos".
En la articulación de un discurso socialdemócrata global se ha unido a Brown un heterogéneo grupo formado, entre otros, por el economist Jeffrey Sachs, George Soros, el antiguo secretario general de la ONU Kofi Annan, el sociólogo David Held, el Premio Novel Josph Stiglitzy hasta Bill Gates. Hay entre ellos, huelga decirlo, diferencias de matiz, pero la dirección de sus perspectivas es la misma: traer un orden social reformado y lograr la revitalización del consenso en torno al capitalismo global.
Entre las posiciones clave avanzadas por los partidarios de la SDG están las que siguen:
La globalización es esencialmente beneficiosa para el mundo; los neoliberales simplemente han arruinado la gestión de la misma y la tarea de venderla a la opinión pública.
Es urgente salvar rescatar la globalización, arrancádola ed las manos neoliberales: porque la globalización es reversible, y lo cierto es que podría haber empezado ya el proceso de su reversión.
El crecimiento y la equidad pueden entrar e conflicto, en cuyo caso hay que dar primacía a la equidad.
Es posible que el libre comercio no sea beneficioso a largo plazo, y es posible que mantenga en la pobreza a la mayoría; por eso es importante que los acuerdos comerciales estén sujetos a condiciones sociales y medioambientales.
Hay que evitar el unilateralismo y, al propio tiempo, hay que emprender reformas fundamentales de las instituciones y de los acuerdos multilaterales, un proceso que podría entrañar la liquidación o la neutralización de varios de ellos, como el Acuerdo Comercial para los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIP, por sus siglas en inglés) establecido en el marco de la Organización Mundial de Comercio.
La integración social global, o la reducción de las desigualdades dentro de las naciones y entre las naciones, debe ir de la mano de la integración del mercado global.
La deuda global de los países en vías de desarrollo ha de ser cancelada, o al menos, drásticamente reducida, a fin de que los ahorros puedan usarse para estimular a la economía local, contribuyendo así a la reflación global.
La pobreza y la degradación medioambiental son tan graves, que hay que poner por obra una programa masivo, una especie de "Plan Marshall" del Norte para las naciones del Sur en el marco de los "Objetivos de Desarrollo del Milenio".
Hay que lanzar una "Segunda Revolución Verde", particularmente en África, a través de la generalizada adopción de las semillas genéticamente modificadas.
Hay que dedicar grandes inversiones para poner a la economía global en una senda medioambientalmente más sostenible, y los gobiernos deben encabezar esos programas ("keynesianismo verde" o "capitalismo verde").
Las acciones militares para resolver problemas deben preterirse a favor más bien de la diplomacia y del "poder blando", pero deben mantenerse las intervenciones militares humanitarias en situaciones de genocidio.
Los límites de la Socialdemocracia Global
La Socialdemocracia Global no ha merecido hasta ahora demasiada discusión crítica, tal vez porque el grueso de los progresistas siguen empeñados en la última guerra, esto es, la guerra contra el neoliberalismo. Pero hacer su crítica es urgente, y no solo porque la SDG es el más candidato más probable como sucesor del neoliberalismo. Más importante aún es el hecho de que, aun cuando la SDG tiene algunos elementos positivos, tiene también, como su antecesor, el paradigma socialdemócrata de impronta keynesiana, bastantes rasgos problemáticos.
Comencemos por resaltar los problemas que presentan cuatro elementos centrales de la perspectiva SDG.
Primero: la SDG comparte con el neoliberalismo el sesgo favorable a la globalización, diferenciándose sólo por su promesa de promover una globalización mejor que la de los neoliberales. Eso, sin embargo, monta tanto como decir que basta añadir la dimensión de la "integración social global" para que un proceso que es intrínsecamente destructor y desbaratador, tanto social como ecológicamente, resulte digerible y aceptable. La SDG parte del supuesto de que las gentes quieren realmente formar parte de una economía global funcionalmente integrada en la que desaparezcan las barreras entre lo nacional y lo internacional. Sin embargo, ¿acaso no preferirían formar parte de economías sometidas a control local? ¿No es más cierto que preferían poner coto a los caprichos y extravagancias de la economía internacional? En realidad, la actual trayectoria descendente de las economías interconectadas confirma la validez de una de las críticas básicas al proceso de globalización por parte del movimiento antiglobalización.
Segundo: la SDG comparte con el neoliberalismo la preferencia por el mercado como mecanismo principal de producción, distribución y consumo, diferenciándose fundamentalmente por su insistencia en el papel del Estado a la hora de corregir los fallos del mercado. El tipo de globalización que el mundo necesita, según Jeffery Sachs en su libro The End of Poverty [El final de la pobreza], pasaría por "represar… la formidable energía del comercio y la inversión, reconociendo y corrigiendo las limitaciones mediante una acción colectiva compensatoria". Eso es harto distinto de sostener que la ciudadanía y la sociedad civil deben tomar las decisiones económicas clave, limitándose el mercado y la burocracia estatal a no ser sino mecanismos de ejecución de la toma democrática de decisiones.
Tercero: la SDG es un proyecto tecnocrático, con expertos excogitando y llevando a término reformas sociales desde arriba, no un proyecto participativo en el que las iniciativas discurren de abajo arriba.
Y cuarto: la SDG, aun si crítica con el neoliberalismo, acepta el marco del capitalismo monopolista, que descansa, básicamente, en el beneficio dimanante de la extracción explotadora de plusvalía procedente del trabajo, que va de crisis en crisis por sus inherentes tendencias a la sobreproducción y que, con su búsqueda de rentabilidad, tiende a chocar con los límites medioambientales. Lo mismo que el keynesianismo tradicional a escala nacional, la SDG busca, a escala global, un Nuevo compromiso de clase que vaya de la mano de nuevos métodos para contener o minimizar la tendencia a las crisis consubstancial al capitalismo. Así como la vieja socialdemocracia y el New Deal trajeron estabilidad al capitalismo a escala nacional, la función histórica de la SDG es mitigar las contradicciones del capitalismo global contemporáneo y relegitimar al mismo tras la crisis y el caos dejados por el neoliberalismo. En su misma raíz, la SDG tiene que ver con un problema de gestión social.
Obama tiene el talento de tender puentes entre discursos políticos diferentes. Es, asimismo, una tabula rasa en lo tocante a economía. Como Roosevelt en su día, no está atado a fórmulas del ancien régime. Es un pragmático, cuyo criterio clave es el éxito en la gestión social. Como tal, se halla en una posición única para encabezar esa ambiciosa empresa reformista.
La izquierda debe despertar
Mientras la izquierda estaba embarcada en una Guerra sin cuartel al neoliberalismo, el pensamiento reformista iba calando entre círculos reformistas del establishment. Y ese pensamiento está ahora a pique de convertirse en política: la izquierda debe redoblar sus esfuerzos para estar a la altura. No es sólo cosa de pasar de las críticas a las propuestas constructivas. El reto es superar los límites puestos a la imaginación política de la izquierda por la combinación de la agresividad del desafío neoliberal en los años 80 con el colapso de los regímenes de socialismo burocrático a comienzos de los 90. La izquierda debería ser capaz, de nuevo, de atreverse a aspirar a modelos de organización social que apuntaran sin reservas a la igualdad y al control democrático-participatorio tanto de la economía nacional como de la economía global, condiciones necesarias para la emancipación individual y colectiva.
Lo mismo que el viejo régimen keynesiano de posguerra, la SDG tiene que ver con la gestión social. En cambio, la perspectiva de la izquierda es la liberación social.
__________________________________________
Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.
Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella
Enlace a texto en Sin Permiso
lunes, 9 de junio de 2008
Cómo fabricar una crisis alimentaria global
Cómo fabricar una crisis alimentaria global: Lecciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio
Walden Bello
La Jornada
El aumento global en los precios de los alimentos no es sólo la consecuencia de utilizar productos agrícolas para convertirlos en agrocombustibles, si no de las políticas del “libre mercado” promovidas por las instituciones financieras internacionales. Ahora las organizaciones campesinas están liderando la oposición a la industria agrícola capitalista.
Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año pasado contra un incremento del 60% en el precio de las tortillas, muchos analistas culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno estadounidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios. Esta desviación del uso del maíz fue sin duda una causa del aumento de los precios, aunque probablemente la especulación de intermediarios con la demanda de los biocombustibles tuvo una mayor influencia. Sin embargo, a muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han llegado a depender del grano estadounidense?
La erosión de la agricultura mexicana
No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla, la patria del maíz fue convertida en una economía importadora de ese grano por las políticas de “libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de la deuda de principios de la década de los 80s. México, uno de los dos mayores deudores del mundo en vías de desarrollo, fue obligado a suplicar dinero al Banco y al FMI para pagar el servicio de su deuda con los bancos comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo sin precedente”, diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.
El pago de intereses se elevó del 19 por ciento del gasto federal total en 1982 al 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se derrumbó del 19.3 al 4.4 por ciento. La reducción del gasto gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos al precio, los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.
Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto comenzó a fluir maíz estadounidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como importador neto de alimentos.
Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz, la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas empresas trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado un tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y magnificar los movimientos de demanda de biocombustibles tantas veces como quieran. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio interior ha asegurado que un aumento en los precios internacionales del maíz no se traduzca en pagar precios significativamente más altos a los pequeños productores.
Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados estadounidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones agrícolas de EEUU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales han emigrado al país del norte.
Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el sistema de apoyo al campesinado, un legado clave de la Revolución Mejicana. Como dice el director ejecutivo de Food First, Eric Holt- Jiménez, “Llevará tiempo y esfuerzo para recuperar la capacidad de los pequeños agricultores y no parece que haya ningún deseo político para esto- sin olvidar el hecho que NAFTA debe ser renegociada”.
Creación de la crisis del arroz en Filipinas
Que la crisis global de alimentos se origina en la reestructuración de la agricultura por el libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz, menos del 10 por ciento de la producción mundial de arroz se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, sólo en este año los precios se han triplicado, de 380 dólares por tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva en parte de la especulación de los cárteles mayoristas en una época de existencias escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente dependientes de las importaciones.
Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la reestructuración económica neoliberal transforma un país de ser exportador neto a importador neto de alimentos. Ahora es el mayor importador mundial de arroz. El esfuerzo de Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha convertido en primera página en los medios de comunicación, y las fotos de soldados que protegen la distribución del cereal en las comunidades pobres se han vuelto emblemáticas de la crisis global.
Los trazos generales de la historia de Filipinas son similares a los de México. El dictador Ferdinand Marcos fue culpable de muchos crímenes y malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al sector agrícola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por los tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.
Paradójicamente, durante los siguientes años de gobierno democrático se redujo la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, actuando a favor de acreedores internacionales, presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas de su país le advirtieron que sería “inútil buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la deuda fijada por nuestros acreedores”.
Entre 1986 y 1993, entre el 8 y el 10 por ciento del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron del 7 por ciento en 1980 al 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron del 26 al 16 por ciento. En poco tiempo, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del presupuesto nacional.
El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad. El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrícola se erosionó con rapidez, los sistemas de riego se estancaron, y hacia finales de la década de los 90s sólo el 19 por ciento de la red de carreteras del país estaba pavimentada, contra el 82% en Tailandia y el 75% en Malasia. Las cosechas eran pobres en general; el rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy por debajo de las de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a Marcos, despojada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.
Como en México, los campesinos filipinos padecieron la retirada a gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la firma del TLCAN para México. La entrada en la OMC requería eliminar cuotas en las importaciones agrícolas excepto el arroz, y permitir que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al país mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente entre el 1 y el 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivada de la falta de apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 y a 2.1 millones en 1998, hundieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy inferior a la de los dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.
Las consecuencias del ingreso de Filipinas en la OMC barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación masiva de partes de pollo casi acabó con esa industria, mientras que el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y vegetales.
Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por la nueva industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como flores, espárragos y brócoli. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.
El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en buena medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de la OMC en Ginebra: “Nuestros pequeños productores agrícolas son masacrados por la brutal injusticia del entorno del comercio internacional”.
La gran transformación
La experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995-98 excedieron los de 1990-94. No era sorprendente, puesto que uno de los principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados en países en vías de desarrollo para que absorbieran la producción excedente del norte.
Los apóstoles del libre mercado y los defensores del dumping parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las políticas que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura capitalista industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está dominada por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la trasnacional tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada continuamente por avances en ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias facilita un supermercado agrícola global de consumidores de elite y clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas trasnacionales de alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.
No se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo que la africanista Deborah Bryce-son, de Oxford, llama la “descampesinación”, es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio más apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación es traumática para cientos de millones de personas, pues la producción campesina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida milenario, una cultura, lo cual es una razón de que en India los campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han acabado con su vida. El derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida de control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son parte de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia global: “En la globalización, el campesino o campesina pierde su identidad social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino es ‘consumidor’ de semillas y químicos caros que venden las poderosas corporaciones trasnacionales por medio de poderosos latifundistas y prestamistas locales”.
Agricultura Africana: desde la complacencia al desafío
La descampesinación se encuentra en un estado avanzado en Latinoamérica y en Asia. Si el BM se sale con la suya, África seguirá el mismo camino. Cómo Bryceson y sus colegas afirman correctamente en un artículo reciente, The World Development Report 2008, con amplia información sobre la agricultura en África, es prácticamente un plan para la transformación de la agricultura continental en una agricultura a gran escala comercial. Pero como en muchos otros lugares, la gente esta pasando de un resentimiento a un completo desafío.
En el tiempo de la descolonización en los 60s, África era un exportador neto de alimentos. Hoy el continente importa el 25% de su comida; casi todos los países son importadores netos. El hambre y la falta de alimentos están al orden del día, con emergencias de alimentos durante los tres últimos años en el Cuerno de África, el Sahel, el sur y el África Central.
La agricultura en África está en una profunda crisis, las causas van desde las guerras a los gobiernos, la falta de tecnología agrícola y el aumento del sida. Como en México y Filipinas una gran parte de la explicación es el abandono de los controles de los gobiernos y los mecanismos de ayudas que bajo el ajuste estructural impuesto por el FMI y el BM como el precio a pagar para la asistencia en pagar la deuda externa.
Los ajustes estructurales trajeron un decline en la inversión, aumentaron el desempleo, reducción del gasto social, reducción del consumo y baja producción. El aumento de los precios de los fertilizantes y al mismo tiempo la reducción de los sistemas de créditos agrícolas lo único que hizo fue reducir el uso de fertilizantes, el tamaño de las cosechas y la reducción de la inversión. La realidad rehusó confrontarse a las expectativas doctrinales de que el estado allanaría el camino para que el mercado dinamizara la agricultura.
En lugar de ello, el sector privado que vio que la reducción en el gasto del estado crearía más riesgos, no cubrieron el desfase. País tras país, la salida del estado “lleno” en lugar de “vaciar” la inversión privada. Donde el sector privado sustituyó al público, según un informe de OXFAM “A menudo lo han hecho en unos términos muy desfavorables para los granjeros pobres, dejando a estos con más inseguridad alimentaria, y a los gobiernos a depender de unas ayudas internacionales poco predecibles.” El sector económico, normalmente a favor del sector privado, estuvo de acuerdo, admitiendo que “muchas de las empresas privadas que vinieron a reemplazar a los investigadores estatales resultaron ser monopolistas en busca de dinero.”
El apoyo que recibieron los gobiernos fue canalizado por el Banco Mundial para la exportación de los productos agrícolas para generar divisa extranjera, la que necesitan los estados para pagar su deuda. Pero como en la hambruna en Etiopia en los años 80, este llevo a que la mejor tierra agrícola se dedicase a la exportación forzando a mover las cosechas para la alimentación a tierras menos favorables, lo que aumento la inseguridad alimentaria, además las indicaciones del BM a varias economías para que se centraran en el mismo tipo de productos para la exportación a menudo llevo a una sobreproducción, lo que hizo que los precios bajasen en los mercados internacionales. Por ejemplo el éxito de Ghana en la expansión del cultivo de cacao llevo a una bajada del precio del 48% entre 1986 y 1989. En 2002-03 la caída en el precio del café contribuyó a otra emergencia de alimentos en Etiopia.
Como en México y Filipinas, los ajustes estructurales en África no fueron sólo sobre la falta de inversión sino de la des-inversión de los gobiernos. Hubo otra diferencia importante, en África el FMI y el BM administraron a pequeña escala, tomando decisiones sobre la velocidad en que los subsidios se terminaban, cuantos funcionarios debían ser despedidos e incluso en el caso de Malawi, que cantidad de reservas de grano se venderían y a quien debían ser vendidas. O sea que los procónsules residentes del BM y del FMI llegaron hasta las entrañas de cómo el estado manejaba la economía agrícola para quedarse con todo.
Mezclando el impacto negativo del ajuste con las injustas practicas de comercio de EEUU y de UE. La liberación permitió que la carne de vacuno subvencionada de la UE llevase a muchos ganaderos del Oeste y el Sur de África a la ruina. Con los subsidios legitimados por la OMC, el algodón procedente de EEUU inundó los mercados con unos precios de entre el 20 y el 55% del coste de producción, por lo que llevaron a la bancarrota a los productores africanos.
Según OXFAM el número de subsaharianos viviendo con menos de 1 dólar diario casi se dobló entre 1981 y 2001 alcanzando los 313 millones, un 46% de la población. El papel que jugó el ajuste estructural es innegable. Como admitió el principal economista del BM para África, “No pensamos que el coste humano de esos programas seria tan grande, y que las ganancias económicas tardasen tanto en llegar”.
Malawi es un ejemplo representativo de la tragedia africana propagada por el FMI y el BM. En 1999 el gobierno de Malawi inició un programa para dar a cada pequeño negocio familiar un paquete con fertilizantes y semillas gratuitamente. El resultado: excedente nacional de maíz. Lo que vino después es una historia que debe ser encumbrada como un estudio clásico de uno de los grandes errores de la economía neoliberal.
EL BM y otros donantes de ayuda forzaron la disminución y eventualmente el abandono del programa, diciendo que el subsidio distorsionaba los mercados. Sin los paquetes gratuitos, la producción cayó. Al mismo tiempo el FMI insistió al gobierno a que vendiera una gran parte de sus reservas de grano para permitir que la agencia de la reserva de alimentos pagase la deuda. El gobierno cumplió. Cuando la crisis alimentaria se convirtió en hambruna en 2001-02, las reservas eran prácticamente inexistentes. Unas 1.500 personas murieron. El FMI no se arrepintió, de hecho, suspendió los pagos de un programa de ajuste aludiendo que “el sector paraestatal continuaría siendo un riesgo para la exitosa implementación del presupuesto de 2002/03. Las intervenciones del gobierno en la agricultura y otros mercados alimentarios están socavando otras inversiones más productivas”.
Pero otra crisis alimentaria aún peor se gestó en 2005, el gobierno había tenido bastante con la estupidez del FMI y del BM. Un nuevo presidente reintrodujo el subsidio para los fertilizantes, permitiendo que 2 millones de familias lo comprasen a un tercio del precio de mercado y las semillas también con descuentos. El resultado: aumento espectacular de las cosechas durante dos años, un excedente de 1 millón de toneladas de maíz y el país se transformó en un exportador de maíz a todo el cono sur de África.
El desafío de Malawi al BM podría haber sido un acto de resistencia heroica pero inútil hace una década. El medioambiente hoy es diferente, desde que los ajustes estructurales han sido desacreditados en toda África. Incluso algunos gobiernos donantes y ONGs que lo apoyaban se han distanciado del Banco. Puede que la motivación es prevenir su perdida de influencia en el Continente por asociarse con unas políticas fracasadas y con unas instituciones impopulares cuando la ayuda de China está emergiendo como una alternativa a los programas de ayudas del BM, FMI y los gobiernos occidentales.
Soberanía Alimentaria: ¿el paradigma de una alternativa?
No es solamente el desafío de gobiernos como el de Malawi y la disidencia de sus aliados lo que esta socavando al FMI y al BM. Organizaciones campesinas de todo el mundo, cada vez más militantes en resistir la globalización de la agricultura industrial. De hecho, es por la presión de grupos de agricultores que los gobiernos del Sur han rechazado conceder mayor acceso a sus mercados agrícolas y demandando el fin de los subsidios agrícolas en los EEUU y en la UE, lo que llevo a la Ronda de Doha de la OMC al fracaso.
Los grupos de agricultores han creado redes internacionales; uno de los movimientos más dinámicos es Vía Campesina. Ellos no solo buscan “echar a la OMC de la agricultura”, oponerse al paradigma de una agricultura industrial capitalista; también proponen una soberanía alimentaria alternativa. Esto significa en primer lugar el derecho de los países a determinar su producción y su consumo de alimentos y la liberación de la agricultura de los regimenes de comercio global como la OMC. También significa la consolidación de la agricultura a pequeña escala con la protección del mercado interior de los productos importados baratos; precios remunerativos para agricultores y pescadores: abolición de todos los subsidios directos e indirectos a la exportación; y el fin de los subsidios domésticos que promuevan un tipo de agricultura insostenible. Vía Campesina también pide el final de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs) que permite a las corporaciones patentar las semillas; se oponen a la agro-tecnología basada en la ingeniería genética; y demanda una reforma del campo. Como contraste a un monocultivo integrado global, ofrecen la visión de una economía tradicional agrícola compuesta de diversas economías nacionales agrícolas comerciando entre ellas pero centradas principalmente en la producción domestica.
Una vez fueron considerados como una reliquia de la era pre-industrial, los campesinos están liderando la oposición a una agricultura industrial capitalista que los relegó a la papelera de la historia. Se han convertido en lo que Karl Marx describía como una “clase en si misma” con conciencia política contradiciendo sus predicciones sobre su fin. Con la crisis de alimentos global, se están posicionando en el primer plano y tienen aliados y gente que los apoya. Los campesinos rehúsan ir dócilmente a esa buena noche y combaten la descampesinación, los acontecimientos en el siglo XXI están mostrando que la panacea de una agricultura industrial capitalista es una pesadilla. Con las crisis medioambientales multiplicándose, las disfunciones sociales de la vida urbana-industrial apilándose y la agricultura industrializada creando una mayor inseguridad alimentaria, el movimiento de los agricultores cada vez está ganando relevancia no solo en los agricultores sino en todos los que se encuentran amenazados por las consecuencias catastróficas de la visión global del capital de una organización de la producción, la comunidad y la vida en si misma.
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Este artículo aparece publicado en la edición de 2 junio 2008 de The Nation (Nueva York)
Walden Bello, miembro del Transnational Institute, es presidente de Freedom from Debt Coalition, profesor de sociología en la Universidad de Filipinas en Diliman y analista senior en Focus on the Global South.
Versión integra del articulo original y publicado en versión reducida en
www.jornada.unam.mx
http://www.tni.org/detail_page.phtml?〈=sp&page=bello_globalfoodcrisis&lang_help=sp
Artículo completo:
Enlace al texto original
Traducción: Jorge Anaya para La Jornada versión reducida y Félix Nieto para Globalízate versión integra.
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