Por Michael Hudson-Sin Permiso
Parece que las librerías andarán inundadas en el verano y el otoño próximos de textos encargados por los editores hace un año, cuando la economía estaba descarrilando. La estrategia de marketing preferida es la de ofrecer asesoramiento por parte de celebridades bien ubicadas en el núcleo del sistema sobre el modo de restaurar la feliz era 1981-2007, dominada por ganancias de precios resultantes de deuda apalancada en bienes raíces, acciones y títulos de obligaciones. Pero la Economía de la Burbuja estaba a tal punto apalancada en la deuda, que no es razonable esperar restauración ninguna.
Por ahora, se nos nutre con defensas, nacidas de Wall Street, del intento de Bush-Obama (es decir, de Paulson-Geithner) de rehinchar la burbuja con un obsequioso rescate que ha conseguido triplicar ya la deuda nacional estadounidense en la esperanza de lograr una remontada del crédito bancario (es decir, de aumentar la deuda). El problema es que el apalancamiento de la deuda es, precisamente, lo que causó el colapso económico. Se estima ahora que un tercio de los bienes raíces estadounidenses se halla en quiebra técnica, con una magnitud del volumen de ejecuciones hipotecarias todavía en aumento.
A la vista de esa estupefaciente tendencia financiera, al público consumidor de libros se le ofrecen unos aperitivos, conforme a los cuales la recuperación económica no precisaría sino de más "incentivos" (especialmente, recortes fiscales para los ricos) capaces de estimular un mayor "ahorro", como si los ahorros fueran automáticamente capaces de financiar nuevas inversiones y nuevos préstamos de capital. No hay tal: lo que hay es dinero prestado, a fin de crear una mayor deuda para un 90% de la población endeudado con el 10% situado en la cúspide de la vida económica.
Tras cargarle le mochuelo a Alan Greenspan por su papel de "tonto útil" en la promoción de la desregulación y en el bloqueo de la investigación y persecución del fraude fiscal, el grueso de los autores se lanza ahora por los trillados caminos de las panaceas que gozan de mayor aplauso general: regulación federal de los derivados financieros (y aun proscripción de los mismos), una tasa Tobin para las transacciones de títulos de obligaciones, clausura de los centros bancarios radicados en oasis fiscales y erradicación de las estrategias fiscalmente evasoras de esos institutos bancarios. Nadie se avilanta a ir a la raíz del problema financiero, proponiendo remover la deductibilidad fiscal general de los intereses que han subsidiado el apalancamiento de la deuda, proponiendo gravar fiscalmente las ganancias de "capital" al mismo tipo marginal que los salarios y los beneficios, o proponiendo sellar las escandalosas brechas fiscales ahora abiertas a los sectores FIRE (finanzas, seguros y bienes raíces, por sus siglas en inglés).
Los editores derechistas reciclan las habituales panaceas –como ofrecer más incentivos fiscales a los "ahorradores (otro eufemismo para los regalos obsequiosos a las altas finanzas) y un presupuesto federal reequilibrado— para evitar el "efecto de expulsión" de las finanzas privadas [por parte del sector público]. El sueño de Wall Street es privatizar la seguridad social para empezar a crear otra burbuja. Afortunadamente, esas propuestas fracasaron ya durante la administración Bush controlada por los republicanos como consecuencia del choque de realidad experimentado en forma de cólera del contribuyente tras el estallido de la burbuja punto.com en 2000.
Nadie llama a financiar la Seguridad Social y Medicare a partir del presupuesto general, en vez de seguir manteniéndolas con recursos obtenidos a partir de unos impuestos particularmente regresivos sobre trabajadores y empresarios, a quienes el Congreso expolia a fin de financiar recortes fiscales para los segmentos más ricos de la población. Y sin embargo, ¿cómo pueden los EEUU lograr competitividad industrial en los mercados globales con estos impuestos pre-ahorro para la jubilación y con seguros privatizados de asistencia sanitaria, con costes inmobiliarios apalancados en la deuda y con los conexos gastos que acarrean las deudas personales y empresariales? El resto del mundo suministra a mucho menor coste vivienda, atención sanitaria y otros bienes complementarios del ingreso de los trabajadores (o, simplemente, mantiene al trabajo por encima de los niveles de susbsistencia). Es éste un problema de gran importancia, que se atraviesa en el camino de los sueños de restauración de la Economía de Burbuja. Pues esos sueños dejan de lado la dimensión internacional.
Y, ni que decir tiene, hay los tradicionales llamamientos a reconstruir las devastadas infraestructuras norteamericanas. Sólo que, ¡cáspita!, Wall Street planea hacer eso al estilo de Tony Blair, con cooperaciones público-privadas que inyectarían enormes flujos de servicio de intereses en la estructura de precios, al tiempo que proporcionarían a Wall Street crecidos honorarios en materia de gestión y de suscripción de seguros. Las caídas del empleo y del precio de la vivienda han disminuido a tal punto a las finanzas públicas, que la inversión en infraestructuras nuevas habrá de cobrar inevitablemente la forma de cabinas privatizados de peaje apostadas en los puntos de acceso más importantes a la economía, como son carreteras y otras vías de transporte público, la comunicación o el agua limpia.
No hay llamamientos a la restauración de los impuestos estatales y municipales a los niveles de la Era Progresista, cuando la presión fiscal estaba diseñada para que tributaran sobre todo las ganancias de "barra libre" procedentes de las rentas inmobiliarias, llegando esas ganancias a constituirse, con el tiempo, en la base fiscal principal. Restaurar eso ahora significaría presionar a la baja los precios de los terrenos (y por ende, de la deuda hipotecaria), previniendo que los acrecidos valores de emplazamiento sean capitalizados y fluyan a los bancos en forma de servicio de intereses. Y ofrecería la ventaja adicional de aligerar las cargas fiscales soportadas por los ingresos y las ventas (un tipo de política que incrementa el precio del trabajo, de los bienes y de los servicios). En cambio, el grueso de las reformas que se proponen hoy lo que hacen es llamar a ulteriores recortes de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, a fin de promover más "creación de riqueza" en forma de una inflación de los precios de esa propiedad estimulada por la deuda apalancada. La idea es dejar una mayor proporción de ingreso rentista para su capitalización en hipotecas aún más voluminosas, los intereses de las cuales irán a parar al sector financiero. En vez de caer el precio de la vivienda y de reducirse los impuestos al ingreso y a las ventas, lo que ocurrirá es que el crecido valor de emplazamiento de la propiedad inmobiliaria irá a parar a los bancos en forma de servicio de intereses, no a las autoridades fiscales locales. Lo que forzará a estas últimas a seguir desplazando la carga fiscal hacia consumidores y empresas.
No faltan en esta plétora de libros expuestos en vitrina los habituales llamamientos pro forma a reindustrializar Norteamérica. Pero ninguno apunta a la dinámica financiera deudora que ha socavado el capitalismo industrial, en este país y por doquiera. Con la perspectiva de una década, ¿cómo se verán retrospectivamente estas tímidas "reformas"? Lo que pretenden los rescates Bush-Obama es que los bancos "demasiado grandes para caer" se enfrentan únicamente a un problema de liquidez, no a un problema de mala deuda en el marco de una vida económica de morosidad creciente. La razón de que no puedan volver a hincharse burbujas como las del pasado es que se ha llegado al límite de la deuda. Y no sólo a escala nacional: a escala internacional se ha llegado también al límite político de la hegemonía del dólar.
¿Qué omiten todos estos libros? Todo aquello sobre lo que realmente versa la teoría económica: los costos de la deuda; el fraude y el delito financieros (uno de los sectores más rentables de la vida económica); el gasto militar (clave para entender el déficit de la balanza de pagos estadounidense y, por lo mismo, para entender la formación de las reservas de dólares por parte de los bancos centrales en todo el mundo); la proliferación de ingresos no ganados, rentistas, y de los cabildeos políticos con información privilegiada. Porque son ésos, y no otros, los fenómenos que están en el núcleo de lo que está pasando: sin embargo, los apologetas del "libre mercado" y sus corifeos los han relegado a los sótanos "institucionalistas" del curriculum económico académico.
Por ejemplo, los periodistas no dejan de repetir como loritos el mensaje de Washington, según el cual los asiáticos "ahorran" demasiado, lo que sería la causa de que prestaran dinero a los EEUU. Pero los "asiáticos" que ahorran esos dólares son los bancos centrales. Los individuos y las empresas ahorran en yuanes y en yenes, no en dólares. Y no son esos ahorros nacionales los que China y Japón han colocado en los bonos del Tesoro norteamericano por valor de 3 billones de dólares. Es el gasto norteamericano, es decir: los billones de dólares que el déficit de su balanza de pagos está bombeando al mundo, el dinero que excede a la demanda exterior de las exportaciones estadounidenses y a las compras de empresas, acciones y bienes raíces norteamericanos. Este déficit de la balanza de pagos no es el resultado de que los consumidores norteamericanos apuren hasta el límite sus tarjetas de crédito. Lo que se pasa por alto es el gasto militar, que está en la base del déficit de la balanza de pagos norteamericana desde los tiempos de la Guerra de Corea. Es una tendencia que no puede seguir por mucho tiempo, ahora que los países extranjeros están comenzando a reaccionar.
En la medida en que el Banco Central chino es el mayor tenedor de bonos públicos estadounidenses y de otros títulos denominados en dólares, se ha convertido en el principal financiador del déficit de la balanza de pagos norteamericana (así como del déficit presupuestario del gobierno federal). La mitad del gasto discrecional a cuenta del presupuesto federal es de naturaleza militar. Eso sitúa a China en la desairada e incómoda posición de ser la principal fuente de financiación del aventurerismo militar estadounidense, incluidos los intentos de los últimos quince años por cercar militarmente a China y a Rusia, a fin de bloquear su desarrollo como rivales. No es eso lo que se proponía China, pero es el efecto de la hegemonía global del dólar.
Otra tendencia que no puede seguir es "milagro del interés compuesto". Se llama "milagro" porque parece demasiado bueno como para ser verdad, y así es: no puede durar mucho tiempo. El endeudamiento muy apalancado termina siempre mal, pues incrementa los cargos por intereses más rápidamente de lo que la economía está en condiciones de pagarlos. Fundar la política nacional en el sueño ilusorio de servir intereses por la vía de tomar prestado dinero a cuenta de unos precios de activos más y más hinchados se ha convertido en una pesadilla para los compradores de vivienda y para los consumidores, así como para las empresas que se convirtieron en objetivo de los saqueadores financieros que se sirven de deuda apalancada para hacerse con activos. Y es esta política la que ahora se aplica a unas infraestructuras públicas en manos de propietarios absentistas que cargarán intereses sobre los nuevos precios de los servicios suministrados por ellos y a los que se permitirá dar a esos cargos de intereses un trato fiscal de gastos tributariamente deducibles. Los lobistas de la banca han conformado el sistema fiscal de modo tal, que deriva la nueva inversión absentista hacia la deuda, antes que hacia la financiación con capital.
Los animadores de la fiesta que aplaudieron la economía de la burbuja como "creación de riqueza" –por usar una de las locuciones favoritas de Alan Greenspan— querrían ahora hacernos creer a nosotros, su audiencia, que ya sabían que había un problema, sólo que, sencillamente, no pudieron frenar la "exuberancia irracional" y los "espíritus animales" de la economía. La idea es culpar a las víctimas: a los propietarios de vivienda, obligados e endeudarse para tener acceso a ella; a los ahorradores de los fondos de pensiones, obligados a confiar lo que lograron apartar de su salario a gestores financieros que operaban para las grandes firmas de Wall Street; y a los empresarios que buscaban defenderse de los saqueadores financieros de empresas, lo que les forzaba a tragar "amargas píldoras" en forma de deudas lo suficientemente crecidas como para bloquear una toma de control ajena. En vano se buscará un reconocimiento honrado del carácter mafioso progresivamente asumido por el sector financiero, harto más cercano a los cleptócratas postsoviéticos que gozaban de información privilegiada, que a innovadores schumpetarianos.
Los tomos posburbuja parten del supuesto de que, en lo que hace a los grandes problemas, hemos llegado al "fin de la historia". Lo que les falta es una crítica de la imagen global: del punto hasta el que Wall Street ha llegado en la financiarización del dominio público para inaugurar una economía neofeudal de peajes, lo que ha llevado al extremo de una privatización del propio gobierno encabezada por el Tesoro y la Reserva Federal. Lo que se deja sin mención es la historia de cómo el capitalismo industrial ha sucumbido a un capitalismo financiero insaciable e insostenible, cuyo más reciente "estadio final" parece ser un capitalismo de juego de casino de suma cero, fundado en derivados financieros de cobertura [swaps] y en innovaciones especulativas de fondos hedge manejados entre amiguetes.
Lo que se ha perdido son las dos grandes reformas de la Era Progresista. La primera: la minimización de la barra libre a disposición de los ingresos rentistas no ganados (p.e., el privilegio monopólico y la privatización del dominio público, que son muy otra cosa que el propio trabajo y la propia empresa) por la vía de someter a cargas tributarias a la renta procedente de la propiedad absentista y a las ganancias (de "capital") dimanantes de los precios de los activos. El objetivo de la justicia económica progresista era prevenir la explotación (lograda, por ejemplo, por la vía de cargar más de lo tecnológicamente necesario en los costes de producción y en los beneficios razonablemente exigibles). Ese objetivo tuvo un producto lateral fortuito, que hizo que la Era Progresista diera la impresión de que iba a conquistar el mundo de una manera evolutiva darwiniana: pues la minimización de la barra libre rentista de los ingresos no ganados permitió a países como los EEUU competir con éxito y avanzar por encima de otros países que no pusieron por obra políticas fiscales y financieras progresistas.
Un segundo objetivo de la Era Progresista fue el de obligar al sector financiero a financiar la formación de capital. El crédito industrial se logró de manera óptima en Alemania y en la Europa central en las décadas anteriores a la I Guerra Mundial. Pero la victoria aliada trajo consigo el dominio de las prácticas bancarias angloamericanas, basadas en el préstamo respaldado por la propiedad o por flujos de ingresos ya existentes. La actual banca de crédito ha llegado a desacoplarse de la formación de capital, adoptando sobre todo la forma del crédito hipotecario (80 por ciento) y de préstamos garantizados por las acciones empresariales (para fusiones, adquisiciones y saqueos y tomas de control de otras empresas, así como con vistas a la especulación). El efecto de lo cual es la estimulación de la inflación de los precios de los activos en relación con el crédito de manera tal, que beneficia a unos pocos a expensas del conjunto de la economía.
El problema que representa la inflación de los precios de los activos fundada en la deuda apalancada puede verse del modo más claro en el llamado "síndrome báltico" postsoviético, al que ahora está sucumbiendo la economía británica. Las deudas se contraen en moneda extranjera –hipotecas inmobiliarias en los países bálticos; fondos fiscalmente evadidos y fugas de capital en la Gran Bretaña—, sin la menor perspectiva, hasta donde puede alcanzarse, de que las exportaciones puedan llegar a cubrir los carrying charges (1). El resultado de lo cual es una trampa de liquidez: una austeridad crónica abatida sobre el mercado interno, que es causa de bajos niveles de inversión de capital y de bajos niveles de vida, sin esperanza de recuperación.
Esos problemas ilustran la medida en la que la economía mundial, en su conjunto, ha venido siguiendo un rumbo errado desde la I Guerra Mundial. Esta larga trayectoria desviada se vio facilitada por el fracaso del socialismo en punto a proporcionar una alternativa viable. Aun cuando el socialismo burocrático estalinista de Rusia consiguió librarse de la barra libre posfeudal de la renta de la tierra, de la renta monopólica y de las ganancias rentistas dimanantes de los intereses, de las finanzas y de los precios de las propiedades, lo cierto es que los gastos y costos generados por su burocracia terminaron lastrando de manera insoportable a su economía. Rusia cayó. La cuestión es si la rama angloamericana del capitalismo financiero seguirá el mismo camino como consecuencia de sus propias contradicciones internas.
Las debilidades de la economía norteamericana son tan difíciles de subsanar porque arraigan en el núcleo mismo de las economías posfeudales occidentales. Sobre eso versaba la tragedia griega: una debilidad trágica que condena al héroe. La principal debilidad arraigada en nuestra economía es que una deuda creciente, más allá de toda posibilidad de ser satisfecha, es parte de un problema de mayor alcance: la barra libre financiera de la que la propiedad inmobiliaria y los tenedores de títulos financieros extraen rentas que rebasan por mucho los costes correspondientes medidos en esfuerzo laboral o en una carga fiscal equitativamente compartida (la teoría clásica de la renta económica). Lo mismo que la incautación de tierras o que los cabildeos privatizadores con información privilegiada, esa riqueza puede transmitirse hereditariamente, puede robarse o puede obtenerse por la vía de la corrupción política. La riqueza y las rentas extraídas por la vía del actual capitalismo financiero eluden la tributación fiscal, con lo que reciben, encima, un subsidio fiscal que no reciben, en cambio, ni la inversión industrial tangible ni el beneficio derivado de la actividad empresarial operativa. Sin embargo, los académicos y los medios de comunicación populares tratan esos flujos centrales como "exógenos", es decir, como si acontecieran fuera del ámbito del análisis económico propiamente dicho.
Desgraciadamente para nosotros –y para los reformadores que traten de acudir en rescate de nuestra economía posburbuja—, la historia del pensamiento económico ha sido reescrita hasta convertirla en una pueril caricatura, a fin de dar la impresión de que la actual teoría económica basura, demediada y grotescamente trivializada, es algo así como la culminación de la historia social de Occidente. Si sólo se atendiera a los debates presentes, nadie llegaría a percatarse de que en las dos últimas centurias ha prevalecido una pauta de razonamiento harto distinta. Los economistas clásicos distinguieron entre ingresos ganados (salarios y beneficios) e ingreso no ganado (renta de la tierra, renta monopólica e interés). Resultado de lo cual era la nítida distinción entre riqueza ganada a través del capital y la empresa, que refleja el esfuerzo del trabajo, y la riqueza no ganada, que viene de la apropiación de tierras o de otros recursos naturales, de privilegios monopólicos (incluidas la banca y la gestión del dinero) y de unas ganancias de "capital" fundadas en la inflación de los precios de los activos. Mas ni siquiera la Era Progresista fue demasiado lejos en punto a purgar al capitalismo industrial de las reminiscencias feudales: de la renta de la tierra y de la renta monopólica, procedentes de las conquistas militares, y de la explotación financiera ejercida por los bancos y (en Norteamérica) por Wall Street en calidad de "madre de los monopolios".
Lo que hace distinta de las anteriores a la actual burbuja económica es que, esta vez, no ha sido generada por los gobiernos como una estratagema para organizar su deuda pública creando o privatizando monopolios y vendiéndolos pagaderos en bonos públicos. No; esta vez, los EEUU y otras naciones se endeudan más profundamente, simplemente, para poder subvenir a las pérdidas que los banqueros registraron con sus malos préstamos. En vez de que las finanzas se subordinen y se aproen a la promoción del crecimiento económico y de una economía viable con una estructura de costes más bajos, lo que se hace es, al revés, sacrificar toda la economía para compensar al sector financiero. En tales condiciones, el "ahorro" no es solución alguna para el presente encogimiento de la economía; es más bien parte del problema. A diferencia del acopio de recursos personales cautelosamente escondidos en casa de los días de Keynes, el problema ahora es el poder extractivo del sector financiero en su calidad de acreedor, lo que impide borrar la pizarra sacando de ella las partidas de mala deuda de la forma históricamente normal, es decir, mediante una oleada de quiebras.
Lo que pasa ahora mismo es que el sector financiero está sirviéndose de su opulencia (a costa del contribuyente) para ganar un poder político que le permite desviar aún más infraestructura pública de los estados federados y de los gobiernos municipales, y del dominio público federal a escala nacional. Y lo hace al estilo de Thatcher y Blair: vendiendo lo público a absentistas que lo compran a crédito para sacar buenos rendimientos de la deuda pública (mientras se recortan todavía más los impuestos a la riqueza). Nadie se acuerda ya del llamamiento de Keynes a practicar la "eutanasia del rentista". Hemos entrado en la era rentista más opresiva desde los tiempos del feudalismo europeo. En vez de suministrar los servicios básicos de infraestructura a precio de coste, o aun subsidiado, para rebajar la estructura de costos nacional y hacer así a nuestra economía más barata –y más competitiva internacionalmente—, lo que se ha hecho es convertirla en una colección de cabinas de peaje. No puede, pues, sorprender demasiado que la episódica ola de libros postburbuja que nos invade este año se olvide de poner en ese contexto de largo plazo la financiarización de los EEUU y de la economía global.
NOTA T.: (1) Son los intereses cargados por el corredor en cuenta de margen, y representan el costo de almacenar un bien tangible físico, que consiste en interés sobre los fondos invertidos, seguro, derechos por almacenaje y otros costos incidentales. Estos costos están usualmente reflejados en la diferencia entre los precios de futuros para diferentes meses de entrega. Cuando los precios de futuro por vencimientos postergados de contrato son más altos que para los vencimientos cercanos, es un mercado de intereses cargados por el corredor. Un mercado total de intereses cargados por el corredor reembolsa al dueño del bien tangible físico por su almacenamiento hasta la fecha de entrega.
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2594
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martes, 16 de junio de 2009
martes, 26 de mayo de 2009
Lo último en teoría económica basura
Michael Hudson
Sin Permiso
Parece que las librerías andarán inundadas en el verano y el otoño próximos de textos encargados por los editores hace un año, cuando la economía estaba descarrilando. La estrategia de marketing preferida es la de ofrecer asesoramiento por parte de celebridades bien ubicadas en el núcleo del sistema sobre el modo de restaurar la feliz era 1981-2007, dominada por ganancias de precios resultantes de deuda apalancada en bienes raíces, acciones y títulos de obligaciones. Pero la Economía de la Burbuja estaba a tal punto apalancada en la deuda, que no es razonable esperar restauración ninguna.
Por ahora, se nos nutre con defensas, nacidas de Wall Street, del intento de Bush-Obama (es decir, de Paulson-Geithner) de rehinchar la burbuja con un obsequioso rescate que ha conseguido triplicar ya la deuda nacional estadounidense en la esperanza de lograr una remontada del crédito bancario (es decir, de aumentar la deuda). El problema es que el apalancamiento de la deuda es, precisamente, lo que causó el colapso económico. Se estima ahora que un tercio de los bienes raíces estadounidenses se halla en quiebra técnica, con una magnitud del volumen de ejecuciones hipotecarias todavía en aumento.
A la vista de esa estupefaciente tendencia financiera, al público consumidor de libros se le ofrecen unos aperitivos, conforme a los cuales la recuperación económica no precisaría sino de más “incentivos” (especialmente, recortes fiscales para los ricos) capaces de estimular un mayor “ahorro”, como si los ahorros fueran automáticamente capaces de financiar nuevas inversiones y nuevos préstamos de capital. No hay tal: lo que hay es dinero prestado, a fin de crear una mayor deuda para un 90% de la población endeudado con el 10% situado en la cúspide de la vida económica.
Tras cargarle le mochuelo a Alan Greenspan por su papel de “tonto útil” en la promoción de la desregulación y en el bloqueo de la investigación y persecución del fraude fiscal, el grueso de los autores se lanza ahora por los trillados caminos de las panaceas que gozan de mayor aplauso general: regulación federal de los derivados financieros (y aun proscripción de los mismos), una tasa Tobin para las transacciones de títulos de obligaciones, clausura de los centros bancarios radicados en oasis fiscales y erradicación de las estrategias fiscalmente evasoras de esos institutos bancarios. Nadie se avilanta a ir a la raíz del problema financiero, proponiendo remover la deductibilidad fiscal general de los intereses que han subsidiado el apalancamiento de la deuda, proponiendo gravar fiscalmente las ganancias de “capital” al mismo tipo marginal que los salarios y los beneficios, o proponiendo sellar las escandalosas brechas fiscales ahora abiertas a los sectores FIRE (finanzas, seguros y bienes raíces, por sus siglas en inglés).
Los editores derechistas reciclan las habituales panaceas –como ofrecer más incentivos fiscales a los “ahorradores (otro eufemismo para los regalos obsequiosos a las altas finanzas) y un presupuesto federal reequilibrado— para evitar el “efecto de expulsión” de las finanzas privadas [por parte del sector público]. El sueño de Wall Street es privatizar la seguridad social para empezar a crear otra burbuja. Afortunadamente, esas propuestas fracasaron ya durante la administración Bush controlada por los republicanos como consecuencia del choque de realidad experimentado en forma de cólera del contribuyente tras el estallido de la burbuja punto.com en 2000.
Nadie llama a financiar la Seguridad Social y Medicare a partir del presupuesto general, en vez de seguir manteniéndolas con recursos obtenidos a partir de unos impuestos particularmente regresivos sobre trabajadores y empresarios, a quienes el Congreso expolia a fin de financiar recortes fiscales para los segmentos más ricos de la población. Y sin embargo, ¿cómo pueden los EEUU lograr competitividad industrial en los mercados globales con estos impuestos pre-ahorro para la jubilación y con seguros privatizados de asistencia sanitaria, con costes inmobiliarios apalancados en la deuda y con los conexos gastos que acarrean las deudas personales y empresariales? El resto del mundo suministra a mucho menor coste vivienda, atención sanitaria y otros bienes complementarios del ingreso de los trabajadores (o, simplemente, mantiene al trabajo por encima de los niveles de susbsistencia). Es éste un problema de gran importancia, que se atraviesa en el camino de los sueños de restauración de la Economía de Burbuja. Pues esos sueños dejan de lado la dimensión internacional.
Y, ni que decir tiene, hay los tradicionales llamamientos a reconstruir las devastadas infraestructuras norteamericanas. Sólo que, ¡cáspita!, Wall Street planea hacer eso al estilo de Tony Blair, con cooperaciones público-privadas que inyectarían enormes flujos de servicio de intereses en la estructura de precios, al tiempo que proporcionarían a Wall Street crecidos honorarios en materia de gestión y de suscripción de seguros. Las caídas del empleo y del precio de la vivienda han disminuido a tal punto a las finanzas públicas, que la inversión en infraestructuras nuevas habrá de cobrar inevitablemente la forma de cabinas privatizados de peaje apostadas en los puntos de acceso más importantes a la economía, como son carreteras y otras vías de transporte público, la comunicación o el agua limpia.
No hay llamamientos a la restauración de los impuestos estatales y municipales a los niveles de la Era Progresista, cuando la presión fiscal estaba diseñada para que tributaran sobre todo las ganancias de “barra libre” procedentes de las rentas inmobiliarias, llegando esas ganancias a constituirse, con el tiempo, en la base fiscal principal. Restaurar eso ahora significaría presionar a la baja los precios de los terrenos (y por ende, de la deuda hipotecaria), previniendo que los acrecidos valores de emplazamiento sean capitalizados y fluyan a los bancos en forma de servicio de intereses. Y ofrecería la ventaja adicional de aligerar las cargas fiscales soportadas por los ingresos y las ventas (un tipo de política que incrementa el precio del trabajo, de los bienes y de los servicios). En cambio, el grueso de las reformas que se proponen hoy lo que hacen es llamar a ulteriores recortes de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, a fin de promover más “creación de riqueza” en forma de una inflación de los precios de esa propiedad estimulada por la deuda apalancada. La idea es dejar una mayor proporción de ingreso rentista para su capitalización en hipotecas aún más voluminosas, los intereses de las cuales irán a parar al sector financiero. En vez de caer el precio de la vivienda y de reducirse los impuestos al ingreso y a las ventas, lo que ocurrirá es que el crecido valor de emplazamiento de la propiedad inmobiliaria irá a parar a los bancos en forma de servicio de intereses, no a las autoridades fiscales locales. Lo que forzará a estas últimas a seguir desplazando la carga fiscal hacia consumidores y empresas.
No faltan en esta plétora de libros expuestos en vitrina los habituales llamamientos pro forma a reindustrializar Norteamérica. Pero ninguno apunta a la dinámica financiera deudora que ha socavado el capitalismo industrial, en este país y por doquiera. Con la perspectiva de una década, ¿cómo se verán retrospectivamente estas tímidas “reformas”? Lo que pretenden los rescates Bush-Obama es que los bancos “demasiado grandes para caer” se enfrentan únicamente a un problema de liquidez, no a un problema de mala deuda en el marco de una vida económica de morosidad creciente. La razón de que no puedan volver a hincharse burbujas como las del pasado es que se ha llegado al límite de la deuda. Y no sólo a escala nacional: a escala internacional se ha llegado también al límite político de la hegemonía del dólar.
¿Qué omiten todos estos libros? Todo aquello sobre lo que realmente versa la teoría económica: los costos de la deuda; el fraude y el delito financieros (uno de los sectores más rentables de la vida económica); el gasto militar (clave para entender el déficit de la balanza de pagos estadounidense y, por lo mismo, para entender la formación de las reservas de dólares por parte de los bancos centrales en todo el mundo); la proliferación de ingresos no ganados, rentistas, y de los cabildeos políticos con información privilegiada. Porque son ésos, y no otros, los fenómenos que están en el núcleo de lo que está pasando: sin embargo, los apologetas del “libre mercado” y sus corifeos los han relegado a los sótanos “institucionalistas” del curriculum económico académico.
Por ejemplo, los periodistas no dejan de repetir como loritos el mensaje de Washington, según el cual los asiáticos “ahorran” demasiado, lo que sería la causa de que prestaran dinero a los EEUU. Pero los “asiáticos” que ahorran esos dólares son los bancos centrales. Los individuos y las empresas ahorran en yuanes y en yenes, no en dólares. Y no son esos ahorros nacionales los que China y Japón han colocado en los bonos del Tesoro norteamericano por valor de 3 billones de dólares. Es el gasto norteamericano, es decir: los billones de dólares que el déficit de su balanza de pagos está bombeando al mundo, el dinero que excede a la demanda exterior de las exportaciones estadounidenses y a las compras de empresas, acciones y bienes raíces norteamericanos. Este déficit de la balanza de pagos no es el resultado de que los consumidores norteamericanos apuren hasta el límite sus tarjetas de crédito. Lo que se pasa por alto es el gasto militar, que está en la base del déficit de la balanza de pagos norteamericana desde los tiempos de la Guerra de Corea. Es una tendencia que no puede seguir por mucho tiempo, ahora que los países extranjeros están comenzando a reaccionar.
En la medida en que el Banco Central chino es el mayor tenedor de bonos públicos estadounidenses y de otros títulos denominados en dólares, se ha convertido en el principal financiador del déficit de la balanza de pagos norteamericana (así como del déficit presupuestario del gobierno federal). La mitad del gasto discrecional a cuenta del presupuesto federal es de naturaleza militar. Eso sitúa a China en la desairada e incómoda posición de ser la principal fuente de financiación del aventurerismo militar estadounidense, incluidos los intentos de los últimos quince años por cercar militarmente a China y a Rusia, a fin de bloquear su desarrollo como rivales. No es eso lo que se proponía China, pero es el efecto de la hegemonía global del dólar.
Otra tendencia que no puede seguir es “milagro del interés compuesto”. Se llama “milagro” porque parece demasiado bueno como para ser verdad, y así es: no puede durar mucho tiempo. El endeudamiento muy apalancado termina siempre mal, pues incrementa los cargos por intereses más rápidamente de lo que la economía está en condiciones de pagarlos. Fundar la política nacional en el sueño ilusorio de servir intereses por la vía de tomar prestado dinero a cuenta de unos precios de activos más y más hinchados se ha convertido en una pesadilla para los compradores de vivienda y para los consumidores, así como para las empresas que se convirtieron en objetivo de los saqueadores financieros que se sirven de deuda apalancada para hacerse con activos. Y es esta política la que ahora se aplica a unas infraestructuras públicas en manos de propietarios absentistas que cargarán intereses sobre los nuevos precios de los servicios suministrados por ellos y a los que se permitirá dar a esos cargos de intereses un trato fiscal de gastos tributariamente deducibles. Los lobistas de la banca han conformado el sistema fiscal de modo tal, que deriva la nueva inversión absentista hacia la deuda, antes que hacia la financiación con capital.
Los animadores de la fiesta que aplaudieron la economía de la burbuja como “creación de riqueza” –por usar una de las locuciones favoritas de Alan Greenspan— querrían ahora hacernos creer a nosotros, su audiencia, que ya sabían que había un problema, sólo que, sencillamente, no pudieron frenar la “exuberancia irracional” y los “espíritus animales” de la economía. La idea es culpar a las víctimas: a los propietarios de vivienda, obligados e endeudarse para tener acceso a ella; a los ahorradores de los fondos de pensiones, obligados a confiar lo que lograron apartar de su salario a gestores financieros que operaban para las grandes firmas de Wall Street; y a los empresarios que buscaban defenderse de los saqueadores financieros de empresas, lo que les forzaba a tragar “amargas píldoras” en forma de deudas lo suficientemente crecidas como para bloquear una toma de control ajena. En vano se buscará un reconocimiento honrado del carácter mafioso progresivamente asumido por el sector financiero, harto más cercano a los cleptócratas postsoviéticos que gozaban de información privilegiada, que a innovadores schumpetarianos.
Los tomos posburbuja parten del supuesto de que, en lo que hace a los grandes problemas, hemos llegado al “fin de la historia”. Lo que les falta es una crítica de la imagen global: del punto hasta el que Wall Street ha llegado en la financiarización del dominio público para inaugurar una economía neofeudal de peajes, lo que ha llevado al extremo de una privatización del propio gobierno encabezada por el Tesoro y la Reserva Federal. Lo que se deja sin mención es la historia de cómo el capitalismo industrial ha sucumbido a un capitalismo financiero insaciable e insostenible, cuyo más reciente “estadio final” parece ser un capitalismo de juego de casino de suma cero, fundado en derivados financieros de cobertura [swaps] y en innovaciones especulativas de fondos hedge manejados entre amiguetes.
Lo que se ha perdido son las dos grandes reformas de la Era Progresista. La primera: la minimización de la barra libre a disposición de los ingresos rentistas no ganados (p.e., el privilegio monopólico y la privatización del dominio público, que son muy otra cosa que el propio trabajo y la propia empresa) por la vía de someter a cargas tributarias a la renta procedente de la propiedad absentista y a las ganancias (de “capital”) dimanantes de los precios de los activos. El objetivo de la justicia económica progresista era prevenir la explotación (lograda, por ejemplo, por la vía de cargar más de lo tecnológicamente necesario en los costes de producción y en los beneficios razonablemente exigibles). Ese objetivo tuvo un producto lateral fortuito, que hizo que la Era Progresista diera la impresión de que iba a conquistar el mundo de una manera evolutiva darwiniana: pues la minimización de la barra libre rentista de los ingresos no ganados permitió a países como los EEUU competir con éxito y avanzar por encima de otros países que no pusieron por obra políticas fiscales y financieras progresistas.
Un segundo objetivo de la Era Progresista fue el de obligar al sector financiero a financiar la formación de capital. El crédito industrial se logró de manera óptima en Alemania y en la Europa central en las décadas anteriores a la I Guerra Mundial. Pero la victoria aliada trajo consigo el dominio de las prácticas bancarias angloamericanas, basadas en el préstamo respaldado por la propiedad o por flujos de ingresos ya existentes. La actual banca de crédito ha llegado a desacoplarse de la formación de capital, adoptando sobre todo la forma del crédito hipotecario (80 por ciento) y de préstamos garantizados por las acciones empresariales (para fusiones, adquisiciones y saqueos y tomas de control de otras empresas, así como con vistas a la especulación). El efecto de lo cual es la estimulación de la inflación de los precios de los activos en relación con el crédito de manera tal, que beneficia a unos pocos a expensas del conjunto de la economía.
El problema que representa la inflación de los precios de los activos fundada en la deuda apalancada puede verse del modo más claro en el llamado “síndrome báltico” postsoviético, al que ahora está sucumbiendo la economía británica. Las deudas se contraen en moneda extranjera –hipotecas inmobiliarias en los países bálticos; fondos fiscalmente evadidos y fugas de capital en la Gran Bretaña—, sin la menor perspectiva, hasta donde puede alcanzarse, de que las exportaciones puedan llegar a cubrir los carrying charges (1). El resultado de lo cual es una trampa de liquidez: una austeridad crónica abatida sobre el mercado interno, que es causa de bajos niveles de inversión de capital y de bajos niveles de vida, sin esperanza de recuperación.
Esos problemas ilustran la medida en la que la economía mundial, en su conjunto, ha venido siguiendo un rumbo errado desde la I Guerra Mundial. Esta larga trayectoria desviada se vio facilitada por el fracaso del socialismo en punto a proporcionar una alternativa viable. Aun cuando el socialismo burocrático estalinista de Rusia consiguió librarse de la barra libre posfeudal de la renta de la tierra, de la renta monopólica y de las ganancias rentistas dimanantes de los intereses, de las finanzas y de los precios de las propiedades, lo cierto es que los gastos y costos generados por su burocracia terminaron lastrando de manera insoportable a su economía. Rusia cayó. La cuestión es si la rama angloamericana del capitalismo financiero seguirá el mismo camino como consecuencia de sus propias contradicciones internas.
Las debilidades de la economía norteamericana son tan difíciles de subsanar porque arraigan en el núcleo mismo de las economías posfeudales occidentales. Sobre eso versaba la tragedia griega: una debilidad trágica que condena al héroe. La principal debilidad arraigada en nuestra economía es que una deuda creciente, más allá de toda posibilidad de ser satisfecha, es parte de un problema de mayor alcance: la barra libre financiera de la que la propiedad inmobiliaria y los tenedores de títulos financieros extraen rentas que rebasan por mucho los costes correspondientes medidos en esfuerzo laboral o en una carga fiscal equitativamente compartida (la teoría clásica de la renta económica). Lo mismo que la incautación de tierras o que los cabildeos privatizadores con información privilegiada, esa riqueza puede transmitirse hereditariamente, puede robarse o puede obtenerse por la vía de la corrupción política. La riqueza y las rentas extraídas por la vía del actual capitalismo financiero eluden la tributación fiscal, con lo que reciben, encima, un subsidio fiscal que no reciben, en cambio, ni la inversión industrial tangible ni el beneficio derivado de la actividad empresarial operativa. Sin embargo, los académicos y los medios de comunicación populares tratan esos flujos centrales como “exógenos”, es decir, como si acontecieran fuera del ámbito del análisis económico propiamente dicho.
Desgraciadamente para nosotros –y para los reformadores que traten de acudir en rescate de nuestra economía posburbuja—, la historia del pensamiento económico ha sido reescrita hasta convertirla en una pueril caricatura, a fin de dar la impresión de que la actual teoría económica basura, demediada y grotescamente trivializada, es algo así como la culminación de la historia social de Occidente. Si sólo se atendiera a los debates presentes, nadie llegaría a percatarse de que en las dos últimas centurias ha prevalecido una pauta de razonamiento harto distinta. Los economistas clásicos distinguieron entre ingresos ganados (salarios y beneficios) e ingreso no ganado (renta de la tierra, renta monopólica e interés). Resultado de lo cual era la nítida distinción entre riqueza ganada a través del capital y la empresa, que refleja el esfuerzo del trabajo, y la riqueza no ganada, que viene de la apropiación de tierras o de otros recursos naturales, de privilegios monopólicos (incluidas la banca y la gestión del dinero) y de unas ganancias de “capital” fundadas en la inflación de los precios de los activos. Mas ni siquiera la Era Progresista fue demasiado lejos en punto a purgar al capitalismo industrial de las reminiscencias feudales: de la renta de la tierra y de la renta monopólica, procedentes de las conquistas militares, y de la explotación financiera ejercida por los bancos y (en Norteamérica) por Wall Street en calidad de “madre de los monopolios”.
Lo que hace distinta de las anteriores a la actual burbuja económica es que, esta vez, no ha sido generada por los gobiernos como una estratagema para organizar su deuda pública creando o privatizando monopolios y vendiéndolos pagaderos en bonos públicos. No; esta vez, los EEUU y otras naciones se endeudan más profundamente, simplemente, para poder subvenir a las pérdidas que los banqueros registraron con sus malos préstamos. En vez de que las finanzas se subordinen y se aproen a la promoción del crecimiento económico y de una economía viable con una estructura de costes más bajos, lo que se hace es, al revés, sacrificar toda la economía para compensar al sector financiero. En tales condiciones, el “ahorro” no es solución alguna para el presente encogimiento de la economía; es más bien parte del problema. A diferencia del acopio de recursos personales cautelosamente escondidos en casa de los días de Keynes, el problema ahora es el poder extractivo del sector financiero en su calidad de acreedor, lo que impide borrar la pizarra sacando de ella las partidas de mala deuda de la forma históricamente normal, es decir, mediante una oleada de quiebras.
Lo que pasa ahora mismo es que el sector financiero está sirviéndose de su opulencia (a costa del contribuyente) para ganar un poder político que le permite desviar aún más infraestructura pública de los estados federados y de los gobiernos municipales, y del dominio público federal a escala nacional. Y lo hace al estilo de Thatcher y Blair: vendiendo lo público a absentistas que lo compran a crédito para sacar buenos rendimientos de la deuda pública (mientras se recortan todavía más los impuestos a la riqueza). Nadie se acuerda ya del llamamiento de Keynes a practicar la “eutanasia del rentista”. Hemos entrado en la era rentista más opresiva desde los tiempos del feudalismo europeo. En vez de suministrar los servicios básicos de infraestructura a precio de coste, o aun subsidiado, para rebajar la estructura de costos nacional y hacer así a nuestra economía más barata –y más competitiva internacionalmente—, lo que se ha hecho es convertirla en una colección de cabinas de peaje. No puede, pues, sorprender demasiado que la episódica ola de libros postburbuja que nos invade este año se olvide de poner en ese contexto de largo plazo la financiarización de los EEUU y de la economía global.
NOTA T.: (1) Son los intereses cargados por el corredor en cuenta de margen, y representan el costo de almacenar un bien tangible físico, que consiste en interés sobre los fondos invertidos, seguro, derechos por almacenaje y otros costos incidentales. Estos costos están usualmente reflejados en la diferencia entre los precios de futuros para diferentes meses de entrega. Cuando los precios de futuro por vencimientos postergados de contrato son más altos que para los vencimientos cercanos, es un mercado de intereses cargados por el corredor. Un mercado total de intereses cargados por el corredor reembolsa al dueño del bien tangible físico por su almacenamiento hasta la fecha de entrega.
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2594
Sin Permiso
Parece que las librerías andarán inundadas en el verano y el otoño próximos de textos encargados por los editores hace un año, cuando la economía estaba descarrilando. La estrategia de marketing preferida es la de ofrecer asesoramiento por parte de celebridades bien ubicadas en el núcleo del sistema sobre el modo de restaurar la feliz era 1981-2007, dominada por ganancias de precios resultantes de deuda apalancada en bienes raíces, acciones y títulos de obligaciones. Pero la Economía de la Burbuja estaba a tal punto apalancada en la deuda, que no es razonable esperar restauración ninguna.
Por ahora, se nos nutre con defensas, nacidas de Wall Street, del intento de Bush-Obama (es decir, de Paulson-Geithner) de rehinchar la burbuja con un obsequioso rescate que ha conseguido triplicar ya la deuda nacional estadounidense en la esperanza de lograr una remontada del crédito bancario (es decir, de aumentar la deuda). El problema es que el apalancamiento de la deuda es, precisamente, lo que causó el colapso económico. Se estima ahora que un tercio de los bienes raíces estadounidenses se halla en quiebra técnica, con una magnitud del volumen de ejecuciones hipotecarias todavía en aumento.
A la vista de esa estupefaciente tendencia financiera, al público consumidor de libros se le ofrecen unos aperitivos, conforme a los cuales la recuperación económica no precisaría sino de más “incentivos” (especialmente, recortes fiscales para los ricos) capaces de estimular un mayor “ahorro”, como si los ahorros fueran automáticamente capaces de financiar nuevas inversiones y nuevos préstamos de capital. No hay tal: lo que hay es dinero prestado, a fin de crear una mayor deuda para un 90% de la población endeudado con el 10% situado en la cúspide de la vida económica.
Tras cargarle le mochuelo a Alan Greenspan por su papel de “tonto útil” en la promoción de la desregulación y en el bloqueo de la investigación y persecución del fraude fiscal, el grueso de los autores se lanza ahora por los trillados caminos de las panaceas que gozan de mayor aplauso general: regulación federal de los derivados financieros (y aun proscripción de los mismos), una tasa Tobin para las transacciones de títulos de obligaciones, clausura de los centros bancarios radicados en oasis fiscales y erradicación de las estrategias fiscalmente evasoras de esos institutos bancarios. Nadie se avilanta a ir a la raíz del problema financiero, proponiendo remover la deductibilidad fiscal general de los intereses que han subsidiado el apalancamiento de la deuda, proponiendo gravar fiscalmente las ganancias de “capital” al mismo tipo marginal que los salarios y los beneficios, o proponiendo sellar las escandalosas brechas fiscales ahora abiertas a los sectores FIRE (finanzas, seguros y bienes raíces, por sus siglas en inglés).
Los editores derechistas reciclan las habituales panaceas –como ofrecer más incentivos fiscales a los “ahorradores (otro eufemismo para los regalos obsequiosos a las altas finanzas) y un presupuesto federal reequilibrado— para evitar el “efecto de expulsión” de las finanzas privadas [por parte del sector público]. El sueño de Wall Street es privatizar la seguridad social para empezar a crear otra burbuja. Afortunadamente, esas propuestas fracasaron ya durante la administración Bush controlada por los republicanos como consecuencia del choque de realidad experimentado en forma de cólera del contribuyente tras el estallido de la burbuja punto.com en 2000.
Nadie llama a financiar la Seguridad Social y Medicare a partir del presupuesto general, en vez de seguir manteniéndolas con recursos obtenidos a partir de unos impuestos particularmente regresivos sobre trabajadores y empresarios, a quienes el Congreso expolia a fin de financiar recortes fiscales para los segmentos más ricos de la población. Y sin embargo, ¿cómo pueden los EEUU lograr competitividad industrial en los mercados globales con estos impuestos pre-ahorro para la jubilación y con seguros privatizados de asistencia sanitaria, con costes inmobiliarios apalancados en la deuda y con los conexos gastos que acarrean las deudas personales y empresariales? El resto del mundo suministra a mucho menor coste vivienda, atención sanitaria y otros bienes complementarios del ingreso de los trabajadores (o, simplemente, mantiene al trabajo por encima de los niveles de susbsistencia). Es éste un problema de gran importancia, que se atraviesa en el camino de los sueños de restauración de la Economía de Burbuja. Pues esos sueños dejan de lado la dimensión internacional.
Y, ni que decir tiene, hay los tradicionales llamamientos a reconstruir las devastadas infraestructuras norteamericanas. Sólo que, ¡cáspita!, Wall Street planea hacer eso al estilo de Tony Blair, con cooperaciones público-privadas que inyectarían enormes flujos de servicio de intereses en la estructura de precios, al tiempo que proporcionarían a Wall Street crecidos honorarios en materia de gestión y de suscripción de seguros. Las caídas del empleo y del precio de la vivienda han disminuido a tal punto a las finanzas públicas, que la inversión en infraestructuras nuevas habrá de cobrar inevitablemente la forma de cabinas privatizados de peaje apostadas en los puntos de acceso más importantes a la economía, como son carreteras y otras vías de transporte público, la comunicación o el agua limpia.
No hay llamamientos a la restauración de los impuestos estatales y municipales a los niveles de la Era Progresista, cuando la presión fiscal estaba diseñada para que tributaran sobre todo las ganancias de “barra libre” procedentes de las rentas inmobiliarias, llegando esas ganancias a constituirse, con el tiempo, en la base fiscal principal. Restaurar eso ahora significaría presionar a la baja los precios de los terrenos (y por ende, de la deuda hipotecaria), previniendo que los acrecidos valores de emplazamiento sean capitalizados y fluyan a los bancos en forma de servicio de intereses. Y ofrecería la ventaja adicional de aligerar las cargas fiscales soportadas por los ingresos y las ventas (un tipo de política que incrementa el precio del trabajo, de los bienes y de los servicios). En cambio, el grueso de las reformas que se proponen hoy lo que hacen es llamar a ulteriores recortes de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, a fin de promover más “creación de riqueza” en forma de una inflación de los precios de esa propiedad estimulada por la deuda apalancada. La idea es dejar una mayor proporción de ingreso rentista para su capitalización en hipotecas aún más voluminosas, los intereses de las cuales irán a parar al sector financiero. En vez de caer el precio de la vivienda y de reducirse los impuestos al ingreso y a las ventas, lo que ocurrirá es que el crecido valor de emplazamiento de la propiedad inmobiliaria irá a parar a los bancos en forma de servicio de intereses, no a las autoridades fiscales locales. Lo que forzará a estas últimas a seguir desplazando la carga fiscal hacia consumidores y empresas.
No faltan en esta plétora de libros expuestos en vitrina los habituales llamamientos pro forma a reindustrializar Norteamérica. Pero ninguno apunta a la dinámica financiera deudora que ha socavado el capitalismo industrial, en este país y por doquiera. Con la perspectiva de una década, ¿cómo se verán retrospectivamente estas tímidas “reformas”? Lo que pretenden los rescates Bush-Obama es que los bancos “demasiado grandes para caer” se enfrentan únicamente a un problema de liquidez, no a un problema de mala deuda en el marco de una vida económica de morosidad creciente. La razón de que no puedan volver a hincharse burbujas como las del pasado es que se ha llegado al límite de la deuda. Y no sólo a escala nacional: a escala internacional se ha llegado también al límite político de la hegemonía del dólar.
¿Qué omiten todos estos libros? Todo aquello sobre lo que realmente versa la teoría económica: los costos de la deuda; el fraude y el delito financieros (uno de los sectores más rentables de la vida económica); el gasto militar (clave para entender el déficit de la balanza de pagos estadounidense y, por lo mismo, para entender la formación de las reservas de dólares por parte de los bancos centrales en todo el mundo); la proliferación de ingresos no ganados, rentistas, y de los cabildeos políticos con información privilegiada. Porque son ésos, y no otros, los fenómenos que están en el núcleo de lo que está pasando: sin embargo, los apologetas del “libre mercado” y sus corifeos los han relegado a los sótanos “institucionalistas” del curriculum económico académico.
Por ejemplo, los periodistas no dejan de repetir como loritos el mensaje de Washington, según el cual los asiáticos “ahorran” demasiado, lo que sería la causa de que prestaran dinero a los EEUU. Pero los “asiáticos” que ahorran esos dólares son los bancos centrales. Los individuos y las empresas ahorran en yuanes y en yenes, no en dólares. Y no son esos ahorros nacionales los que China y Japón han colocado en los bonos del Tesoro norteamericano por valor de 3 billones de dólares. Es el gasto norteamericano, es decir: los billones de dólares que el déficit de su balanza de pagos está bombeando al mundo, el dinero que excede a la demanda exterior de las exportaciones estadounidenses y a las compras de empresas, acciones y bienes raíces norteamericanos. Este déficit de la balanza de pagos no es el resultado de que los consumidores norteamericanos apuren hasta el límite sus tarjetas de crédito. Lo que se pasa por alto es el gasto militar, que está en la base del déficit de la balanza de pagos norteamericana desde los tiempos de la Guerra de Corea. Es una tendencia que no puede seguir por mucho tiempo, ahora que los países extranjeros están comenzando a reaccionar.
En la medida en que el Banco Central chino es el mayor tenedor de bonos públicos estadounidenses y de otros títulos denominados en dólares, se ha convertido en el principal financiador del déficit de la balanza de pagos norteamericana (así como del déficit presupuestario del gobierno federal). La mitad del gasto discrecional a cuenta del presupuesto federal es de naturaleza militar. Eso sitúa a China en la desairada e incómoda posición de ser la principal fuente de financiación del aventurerismo militar estadounidense, incluidos los intentos de los últimos quince años por cercar militarmente a China y a Rusia, a fin de bloquear su desarrollo como rivales. No es eso lo que se proponía China, pero es el efecto de la hegemonía global del dólar.
Otra tendencia que no puede seguir es “milagro del interés compuesto”. Se llama “milagro” porque parece demasiado bueno como para ser verdad, y así es: no puede durar mucho tiempo. El endeudamiento muy apalancado termina siempre mal, pues incrementa los cargos por intereses más rápidamente de lo que la economía está en condiciones de pagarlos. Fundar la política nacional en el sueño ilusorio de servir intereses por la vía de tomar prestado dinero a cuenta de unos precios de activos más y más hinchados se ha convertido en una pesadilla para los compradores de vivienda y para los consumidores, así como para las empresas que se convirtieron en objetivo de los saqueadores financieros que se sirven de deuda apalancada para hacerse con activos. Y es esta política la que ahora se aplica a unas infraestructuras públicas en manos de propietarios absentistas que cargarán intereses sobre los nuevos precios de los servicios suministrados por ellos y a los que se permitirá dar a esos cargos de intereses un trato fiscal de gastos tributariamente deducibles. Los lobistas de la banca han conformado el sistema fiscal de modo tal, que deriva la nueva inversión absentista hacia la deuda, antes que hacia la financiación con capital.
Los animadores de la fiesta que aplaudieron la economía de la burbuja como “creación de riqueza” –por usar una de las locuciones favoritas de Alan Greenspan— querrían ahora hacernos creer a nosotros, su audiencia, que ya sabían que había un problema, sólo que, sencillamente, no pudieron frenar la “exuberancia irracional” y los “espíritus animales” de la economía. La idea es culpar a las víctimas: a los propietarios de vivienda, obligados e endeudarse para tener acceso a ella; a los ahorradores de los fondos de pensiones, obligados a confiar lo que lograron apartar de su salario a gestores financieros que operaban para las grandes firmas de Wall Street; y a los empresarios que buscaban defenderse de los saqueadores financieros de empresas, lo que les forzaba a tragar “amargas píldoras” en forma de deudas lo suficientemente crecidas como para bloquear una toma de control ajena. En vano se buscará un reconocimiento honrado del carácter mafioso progresivamente asumido por el sector financiero, harto más cercano a los cleptócratas postsoviéticos que gozaban de información privilegiada, que a innovadores schumpetarianos.
Los tomos posburbuja parten del supuesto de que, en lo que hace a los grandes problemas, hemos llegado al “fin de la historia”. Lo que les falta es una crítica de la imagen global: del punto hasta el que Wall Street ha llegado en la financiarización del dominio público para inaugurar una economía neofeudal de peajes, lo que ha llevado al extremo de una privatización del propio gobierno encabezada por el Tesoro y la Reserva Federal. Lo que se deja sin mención es la historia de cómo el capitalismo industrial ha sucumbido a un capitalismo financiero insaciable e insostenible, cuyo más reciente “estadio final” parece ser un capitalismo de juego de casino de suma cero, fundado en derivados financieros de cobertura [swaps] y en innovaciones especulativas de fondos hedge manejados entre amiguetes.
Lo que se ha perdido son las dos grandes reformas de la Era Progresista. La primera: la minimización de la barra libre a disposición de los ingresos rentistas no ganados (p.e., el privilegio monopólico y la privatización del dominio público, que son muy otra cosa que el propio trabajo y la propia empresa) por la vía de someter a cargas tributarias a la renta procedente de la propiedad absentista y a las ganancias (de “capital”) dimanantes de los precios de los activos. El objetivo de la justicia económica progresista era prevenir la explotación (lograda, por ejemplo, por la vía de cargar más de lo tecnológicamente necesario en los costes de producción y en los beneficios razonablemente exigibles). Ese objetivo tuvo un producto lateral fortuito, que hizo que la Era Progresista diera la impresión de que iba a conquistar el mundo de una manera evolutiva darwiniana: pues la minimización de la barra libre rentista de los ingresos no ganados permitió a países como los EEUU competir con éxito y avanzar por encima de otros países que no pusieron por obra políticas fiscales y financieras progresistas.
Un segundo objetivo de la Era Progresista fue el de obligar al sector financiero a financiar la formación de capital. El crédito industrial se logró de manera óptima en Alemania y en la Europa central en las décadas anteriores a la I Guerra Mundial. Pero la victoria aliada trajo consigo el dominio de las prácticas bancarias angloamericanas, basadas en el préstamo respaldado por la propiedad o por flujos de ingresos ya existentes. La actual banca de crédito ha llegado a desacoplarse de la formación de capital, adoptando sobre todo la forma del crédito hipotecario (80 por ciento) y de préstamos garantizados por las acciones empresariales (para fusiones, adquisiciones y saqueos y tomas de control de otras empresas, así como con vistas a la especulación). El efecto de lo cual es la estimulación de la inflación de los precios de los activos en relación con el crédito de manera tal, que beneficia a unos pocos a expensas del conjunto de la economía.
El problema que representa la inflación de los precios de los activos fundada en la deuda apalancada puede verse del modo más claro en el llamado “síndrome báltico” postsoviético, al que ahora está sucumbiendo la economía británica. Las deudas se contraen en moneda extranjera –hipotecas inmobiliarias en los países bálticos; fondos fiscalmente evadidos y fugas de capital en la Gran Bretaña—, sin la menor perspectiva, hasta donde puede alcanzarse, de que las exportaciones puedan llegar a cubrir los carrying charges (1). El resultado de lo cual es una trampa de liquidez: una austeridad crónica abatida sobre el mercado interno, que es causa de bajos niveles de inversión de capital y de bajos niveles de vida, sin esperanza de recuperación.
Esos problemas ilustran la medida en la que la economía mundial, en su conjunto, ha venido siguiendo un rumbo errado desde la I Guerra Mundial. Esta larga trayectoria desviada se vio facilitada por el fracaso del socialismo en punto a proporcionar una alternativa viable. Aun cuando el socialismo burocrático estalinista de Rusia consiguió librarse de la barra libre posfeudal de la renta de la tierra, de la renta monopólica y de las ganancias rentistas dimanantes de los intereses, de las finanzas y de los precios de las propiedades, lo cierto es que los gastos y costos generados por su burocracia terminaron lastrando de manera insoportable a su economía. Rusia cayó. La cuestión es si la rama angloamericana del capitalismo financiero seguirá el mismo camino como consecuencia de sus propias contradicciones internas.
Las debilidades de la economía norteamericana son tan difíciles de subsanar porque arraigan en el núcleo mismo de las economías posfeudales occidentales. Sobre eso versaba la tragedia griega: una debilidad trágica que condena al héroe. La principal debilidad arraigada en nuestra economía es que una deuda creciente, más allá de toda posibilidad de ser satisfecha, es parte de un problema de mayor alcance: la barra libre financiera de la que la propiedad inmobiliaria y los tenedores de títulos financieros extraen rentas que rebasan por mucho los costes correspondientes medidos en esfuerzo laboral o en una carga fiscal equitativamente compartida (la teoría clásica de la renta económica). Lo mismo que la incautación de tierras o que los cabildeos privatizadores con información privilegiada, esa riqueza puede transmitirse hereditariamente, puede robarse o puede obtenerse por la vía de la corrupción política. La riqueza y las rentas extraídas por la vía del actual capitalismo financiero eluden la tributación fiscal, con lo que reciben, encima, un subsidio fiscal que no reciben, en cambio, ni la inversión industrial tangible ni el beneficio derivado de la actividad empresarial operativa. Sin embargo, los académicos y los medios de comunicación populares tratan esos flujos centrales como “exógenos”, es decir, como si acontecieran fuera del ámbito del análisis económico propiamente dicho.
Desgraciadamente para nosotros –y para los reformadores que traten de acudir en rescate de nuestra economía posburbuja—, la historia del pensamiento económico ha sido reescrita hasta convertirla en una pueril caricatura, a fin de dar la impresión de que la actual teoría económica basura, demediada y grotescamente trivializada, es algo así como la culminación de la historia social de Occidente. Si sólo se atendiera a los debates presentes, nadie llegaría a percatarse de que en las dos últimas centurias ha prevalecido una pauta de razonamiento harto distinta. Los economistas clásicos distinguieron entre ingresos ganados (salarios y beneficios) e ingreso no ganado (renta de la tierra, renta monopólica e interés). Resultado de lo cual era la nítida distinción entre riqueza ganada a través del capital y la empresa, que refleja el esfuerzo del trabajo, y la riqueza no ganada, que viene de la apropiación de tierras o de otros recursos naturales, de privilegios monopólicos (incluidas la banca y la gestión del dinero) y de unas ganancias de “capital” fundadas en la inflación de los precios de los activos. Mas ni siquiera la Era Progresista fue demasiado lejos en punto a purgar al capitalismo industrial de las reminiscencias feudales: de la renta de la tierra y de la renta monopólica, procedentes de las conquistas militares, y de la explotación financiera ejercida por los bancos y (en Norteamérica) por Wall Street en calidad de “madre de los monopolios”.
Lo que hace distinta de las anteriores a la actual burbuja económica es que, esta vez, no ha sido generada por los gobiernos como una estratagema para organizar su deuda pública creando o privatizando monopolios y vendiéndolos pagaderos en bonos públicos. No; esta vez, los EEUU y otras naciones se endeudan más profundamente, simplemente, para poder subvenir a las pérdidas que los banqueros registraron con sus malos préstamos. En vez de que las finanzas se subordinen y se aproen a la promoción del crecimiento económico y de una economía viable con una estructura de costes más bajos, lo que se hace es, al revés, sacrificar toda la economía para compensar al sector financiero. En tales condiciones, el “ahorro” no es solución alguna para el presente encogimiento de la economía; es más bien parte del problema. A diferencia del acopio de recursos personales cautelosamente escondidos en casa de los días de Keynes, el problema ahora es el poder extractivo del sector financiero en su calidad de acreedor, lo que impide borrar la pizarra sacando de ella las partidas de mala deuda de la forma históricamente normal, es decir, mediante una oleada de quiebras.
Lo que pasa ahora mismo es que el sector financiero está sirviéndose de su opulencia (a costa del contribuyente) para ganar un poder político que le permite desviar aún más infraestructura pública de los estados federados y de los gobiernos municipales, y del dominio público federal a escala nacional. Y lo hace al estilo de Thatcher y Blair: vendiendo lo público a absentistas que lo compran a crédito para sacar buenos rendimientos de la deuda pública (mientras se recortan todavía más los impuestos a la riqueza). Nadie se acuerda ya del llamamiento de Keynes a practicar la “eutanasia del rentista”. Hemos entrado en la era rentista más opresiva desde los tiempos del feudalismo europeo. En vez de suministrar los servicios básicos de infraestructura a precio de coste, o aun subsidiado, para rebajar la estructura de costos nacional y hacer así a nuestra economía más barata –y más competitiva internacionalmente—, lo que se ha hecho es convertirla en una colección de cabinas de peaje. No puede, pues, sorprender demasiado que la episódica ola de libros postburbuja que nos invade este año se olvide de poner en ese contexto de largo plazo la financiarización de los EEUU y de la economía global.
NOTA T.: (1) Son los intereses cargados por el corredor en cuenta de margen, y representan el costo de almacenar un bien tangible físico, que consiste en interés sobre los fondos invertidos, seguro, derechos por almacenaje y otros costos incidentales. Estos costos están usualmente reflejados en la diferencia entre los precios de futuros para diferentes meses de entrega. Cuando los precios de futuro por vencimientos postergados de contrato son más altos que para los vencimientos cercanos, es un mercado de intereses cargados por el corredor. Un mercado total de intereses cargados por el corredor reembolsa al dueño del bien tangible físico por su almacenamiento hasta la fecha de entrega.
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2594
miércoles, 1 de abril de 2009
La superabundancia de dólares financia el fortalecimiento militar de EE.UU.
Michael Hudson
Global Research
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Desde hace tres semanas viajo por Europa discutiendo la crisis financiera global con funcionarios gubernamentales, políticos y dirigentes sindicales. Lo más notable es lo diferente que es la percepción del problema financiero. Es como estar en otro universo económico, no sólo en otro continente.
Los medios de EE.UU. guardan silencio sobre el tópico más importante discutido por los responsables políticos europeos (y sospecho que lo mismo sucede en Asia): cómo proteger sus países de tres dinámicas interrelacionadas: (1) el excedente de dólares que llueve sobre el resto del mundo para aún más especulación financiera y adquisiciones corporativas; (2) el hecho de que los bancos centrales se vean obligados a reciclar esa afluencia de dólares comprando bonos del Tesoro de EE.UU. para financiar el déficit presupuestario federal de ese país; y lo que es más importante (pero más ocultado por los medios de EE.UU.): (3) el carácter militar del déficit de pagos de EE.UU. y del déficit presupuestario federal interior.
Por extraño que parezca – y por irracional que sería en un sistema más lógico de diplomacia mundial – la superabundancia de dólares es lo que financia el fortalecimiento militar global de EE.UU. Obliga a los bancos centrales extranjeros a cargar los costes de la expansión del imperio militar de EE.UU. – una efectiva “tributación sin representación.” Mantener reservas internacionales en “dólares” significa reciclar sus entradas en dólares para comprar valores del Tesoro de EE.UU. – deuda del gobierno de EE.UU. creada en gran parte para financiar las fuerzas armadas.
Hasta la fecha, los países han sido impotentes para defenderse contra el hecho de que ese financiamiento obligatorio de los gastos militares de EE.UU. esté incorporado al sistema financiero global. Economistas neoliberales lo aplauden como “equilibrio,” como si formara parte de la naturaleza económica y de los “libres mercados” en lugar de ser una diplomacia implacable utilizada con creciente agresividad por funcionarios estadounidenses. Los medios de masas contribuyen, pretendiendo que el reciclaje de la superabundancia de dólares para financiar los gastos militares de EE.UU. es “mostrar su fe en la potencia económica de EE.UU.” al enviar “sus” dólares para “invertirlos” en ese país. Como si fuera cosa de una decisión, no de compulsión financiera y diplomática para decidir simplemente entre el “Sí” (de China, de mala gana), “Sí, por favor” (de Japón y la Unión Europea” y “Sí, gracias” (de Gran Bretaña, Georgia y Australia).
No es la “fe extranjera en la economía de EE.UU.” la que lleva a extranjeros a “colocar su dinero en nuestro país.” Es una estúpida visión antropomórfica de una dinámica más siniestra. Los “extranjeros” en cuestión no son consumidores que compran exportaciones de EE.UU., ni son “inversionistas” del sector privado que compran acciones y bonos de EE.UU. Las mayores y más importantes entidades extranjeras que colocan “su dinero” en EE.UU. son bancos centrales, y no es para nada “su dinero”. Están enviando de vuelta los dólares que exportadores extranjeros y otros destinatarios entregan a sus bancos centrales a cambio de moneda nacional.
Cuando el déficit de pagos de EE.UU. bombea dólares a economías extranjeras, esos bancos tienen poca alternativa fuera de comprar letras y bonos del Tesoro de EE.UU. – que el Tesoro gasta para financiar un enorme fortalecimiento militar hostil para cercar a los principales recicladores de dólares – China, Japón y productores de petróleo árabes de la OPEC. A pesar de ello esos gobiernos se ven obligados a reciclar los ingresos en dólares de un modo que financia las políticas militares de EE.UU. en cuya formulación no tienen parte, y que los amenazan de una manera más y más beligerante. Por eso China y Rusia tomaron hace algunos años la iniciativa en la formación de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO). Aquí en Europa existe una clara conciencia de que el déficit de pagos de EE.UU. es mucho mayor que sólo el déficit comercial. Basta simplemente una mirada a la Tabla 5 de los datos de la balanza de pagos de EE.UU. compilada por el Buró de Análisis Económico (BEA) y publicada por el Departamento de Comercio en su
Survey of Current Business para ver que el déficit no proviene sólo de que los consumidores compren más bienes importados que los exportados por EE.UU. ya que el sector financiero desindustrializa su economía. Las importaciones de EE.UU. ahora caen al contraerse la economía y ahora los consumidores se ven obligados a pagar las deudas que han hecho.
El Congreso ha dicho a los inversionistas extranjeros en el mayor poseedor de dólares, China, que no compren nada que no sean concesiones de coches usados y tal vez más hipotecas en paquetes y acciones de
Fannie Mae – el equivalente de cómo inversionistas japoneses fueron llevados a gastar 1.000 millones de dólares en Rockefeller Center, por el cual sufrieron una pérdida de un 100%, y de la inversión saudí en Citigroup. Es el tipo de “equilibrio internacional” que adoran los responsables estadounidenses. “¡CNOOC go home! [Cnooc: compañía petrolera estatal china] es la consigna cuando se trata de intentos serios de gobiernos extranjeros y sus fondos soberanos de inversión (departamentos de bancos centrales que tratan de encontrar qué hacer con su superabundancia de dólares) de hacer inversiones directas en la industria de EE.UU.
Así que nos quedamos con la medida en la cual el déficit de pagos de EE.UU. proviene de los gastos militares. El problema no es sólo la guerra en Iraq, que ahora se extiende a Afganistán y Pakistán. Es el costoso fortalecimiento de bases militares de EE.UU. en países asiáticos, europeos, post-soviéticos y del Tercer Mundo. El gobierno de Obama ha prometido que el monto real de los gastos militares será más transparente. Eso significa presumiblemente que se publique un conjunto revisado de cifras de la balanza de pagos así como de estadísticas del presupuesto federal interior.
Los gastos fijos militares son muy parecidos a los gastos fijos de la deuda: extraen ingresos de la economía. En este caso es para pagar al complejo militar-industrial, no sólo a los bancos de Wall Street y a otras instituciones financieras. El déficit del presupuesto federal interior no proviene sólo de “cebar la bomba” [inversión para el relanzamiento económico] asignando sumas enormes para crear una nueva oligarquía financiera. Contiene un inmenso componente militar en rápido crecimiento.
Por lo tanto, europeos y asiáticos ven a compañías estadounidenses que lanzan más y más dólares hacia sus economías, no sólo para comprar sus exportaciones, aparte de suministrarles bienes y servicios a cambio, y no sólo para comprar sus compañías y “puestos de comando” de empresas públicas privatizadas sin darles derechos recíprocos para comprar importantes compañías de EE.UU. (hay que recordar el rechazo por EE.UU. del intento chino de invertir en el negocio de distribución de petróleo de EE.UU.), y no sólo para comprar acciones, bonos y bienes raíces extranjeros. Los medios de EE.UU. de alguna manera no mencionan que el gobierno de EE.UU. gasta cientos de miles de millones de dólares en el extranjero – no sólo en Oriente Próximo para combates propiamente tales, sino para construir enormes bases militares a fin de cercar al resto del mundo, para instalar sistemas de radas, sistemas de misiles teleguiados y otras formas de coerción militar incluyendo las “revoluciones de colores” que han sido financiadas – y siguen siendo financiadas en toda la ex Unión Soviéticas. Paletas de billetes de 100 dólares, envueltas en plástico, que suman decenas de millones de dólares de una vez se han convertido en “efectos visuales” familiares en algunas emisiones de televisión, pero no se hace el vínculo con los gastos militares y diplomáticos de EE.UU. y las tenencias de dólares por los bancos centrales extranjeros, de las que se habla simplemente como “maravillosa fe en la recuperación económica de EE.UU.” y presumiblemente “la magia monetaria” operada por Tim Geithner de Wall Street en el Tesoro y por Helicóptero Ben Bernanke en la Reserva Federal.
Y este es el problema: La compañía Coca Cola trató recientemente de comprar el mayor productor y distribuidor de jugo de fruta de China. China ya posee cerca de 2 billones de dólares en valores de EE.UU. – mucho más de lo que necesita o puede utilizar, mientras el gobierno de EE.UU. se niega a permitir que compre compañías importantes de EE.UU. Si hubiera permitido la adquisición por EE.UU., China se habría visto ante un dilema: La alternativa Nº 1 sería dejar que se realizara la venta y aceptar el pago en dólares, reinvirtiéndolos en lo que le diga el Tesoro de EE.UU. – bonos del Tesoro de EE.UU. que rinden cerca de un 1%. China aceptaría una pérdida de capital en estos últimos al aumentar los tipos de interés en EE.UU. o al bajar el dólar, ya que sólo EE.UU. mantiene políticas expansionarías keynesianas en su intento por capacitar a la economía para que sustente los gastos fijos de su deuda.
La alternativa Nº 2 es no reciclar los ingresos en dólares. Esto llevaría a que el renminbi aumente contra el dólar, erosionando así la competitividad de exportación de China en los mercados mundiales. Por lo tanto China, escogió una tercera vía, lo que provocó protestas de EE.UU., rechazó la venta de su compañía tangible por simples dólares “de papel” estadounidenses – que estaba asociada a la “alternativa” de financiar el aumento del cerco de la SCO por parte de EE.UU. Los únicos que no parecen hacer esa conexión son los medios de masa estadounidenses, y por ello el público de ese país. Puedo asegurar por experiencia personal, que en Europa sí la hacen. (Y un buen tema diplomático para la discusión: ¿Cuál será el primer país europeo, aparte de Rusia, en sumarse a la SCO?)
Los libros de texto académicos no dicen nada sobre cómo el “equilibrio” en los movimientos de capital extranjero – especulativo así como para inversiones directas – es infinito en lo que concierne a la economía de EE.UU. La economía de EE.UU. puede crear libremente dólares, ahora que no son convertibles en oro o siquiera en compras de compañías de EE.UU., ya que EE.UU. sigue siendo la economía más protegida del mundo. Sólo a EE.UU. se le permite que proteja su agricultura mediante cuotas de importación, después que dicha posibilidad fuera introducida hace medio siglo como así llamada “cláusula del abuelo” [Una ‘cláusula del abuelo’ es una excepción que permite que una regla antigua siga siendo aplicada a ciertas situaciones existentes, N. del. T.] en las reglas del comercio mundial. El Congreso se niega a permitir que fondos “soberanos de inversión” inviertan en importantes sectores de EE.UU.
Por lo tanto nos vemos enfrentados al hecho de que el Tesoro de EE.UU. prefiere que los bancos centrales extranjeros sigan financiando su déficit presupuestario interior, o sea que financien el coste de la guerra de EE.UU. en Oriente Próximo y el cerco de países extranjeros con anillos de bases militares. Mientras más “egresos de capitales” gastan los inversionistas de EE.UU. para adquirir economías extranjeras – los sectores más lucrativos, donde los nuevos propietarios estadounidenses pueden extraer las mayores rentas monopolísticas – más fondos terminan en los bancos centrales extranjeros para apoyar el refuerzo militar global de EE.UU. Ningún libro de texto sobre teoría política o relaciones internacionales ha sugerido axiomas para explicar cómo naciones actúan de un modo tan contrario a sus propios intereses políticos, militares y económicos. Sin embargo, es precisamente lo que ha estado ocurriendo durante la generación pasada.
De modo que la pregunta decisiva resulta ser ¿qué pueden hacer los países para contrarrestar ese ataque financiero? Un sindicalista vasco me preguntó si yo pensaba que el control de movimientos especulativos de capital aseguraría que el sistema financiero actúe en el interés público. ¿O se requiere una nacionalización directa para desarrollar mejor la economía real?
No es simplemente un problema de “regulación” o de “control de movimientos de capital especulativo.” La cuestión es cómo las naciones pueden actuar como verdaderas naciones, en su propio interés en lugar de ser maniatadas para que sirvan cualquier cosa que los diplomáticos de EE.UU. decidan que es de interés para EE.UU.
Cualquier país que trate de hacer lo que EE.UU. ha hecho durante los últimos 150 acusado sería acusado de ser “socialista” – y eso por parte de la economía más anti-socialista del mundo, con la excepción de cuando llama rescate para sus bancos “socialismo para los ricos,” es decir la oligarquía financiera. Esa inflación retórica casi no deja otra alternativa que la nacionalización directa del crédito como servicio público básico.
Desde luego, la palabra “nacionalización” se ha convertido en sinónimo para rescates de los mayores y más imprudentes bancos de sus préstamos tóxicos, y rescates de hedge funds y contrapartes no-bancarias de pérdidas en “capitalismo de casino,” que juega con derivados que AIG y otros aseguradores o participantes al lado perdedor de esos juegos no pueden pagar. Semejantes rescates no representan una nacionalización en el sentido tradicional del término – devolver la creación de crédito y otras funciones financieras básicas al dominio público. Es lo contrario. Se imprimen más bonos del gobierno para entregarlos – junto con el poder autorregulador – al sector financiero, bloqueando la posibilidad de que la ciudadanía recupere esas funciones.
Al enmarcar el tema en una elección entre democracia y oligarquía el problema pasa a ser quién controla el gobierno que hace la regulación y “nacionaliza.” Si el que decide es un gobierno cuyo banco central y los principales comités del Congreso que se ocupan de las finanzas son dirigidos por Wall Street, no se ayudará a dirigir el crédito hacia usos productivos. Simplemente continuará la era Greenspan-Paulson-Geithner de más y mayores obsequios para sus electores financieros.
La idea de “regulación” que tiene la oligarquía financiera es asegurar que los desreguladores estén instalados en posiciones clave y que reciban sólo un personal mínimo y poco financiamiento. A pesar del anuncio del señor Greenspan de que finalmente ha visto la luz y que se da cuenta que la auto-regulación no funciona, el Tesoro sigue dirigido por un funcionario de Wall Street y la Reserva Federal por un lobista de Wall Street. Para los lobistas la verdadera preocupación no es la ideología en sí – es el puro interés propio de sus clientes. Pueden escoger a tontos de buena voluntad, especialmente personalidades prestigiosas del mundo académico. Pero son sólo testaferros, ya que están dirigidos por seguidores de Milton Friedman en la Universidad de Chicago. Tales individuos son colocados para que sirvan de “guardabarreras” en las principales revistas académicas para excluir ideas que no sirvan a los lobistas financieros.
Esta excusa para excluir al gobierno de una regulación que tenga sentido pretende que las finanzas son tan técnicas que sólo alguien de la “industria” financiera es capaz de regularla. Para empeorar las cosas, se hace la afirmación adicional contra-intuitiva de que una característica de la democracia es que el banco central sea “independiente” del gobierno elegido. En realidad, claro está, es todo lo contrario de democracia. Las finanzas son el punto crucial del sistema económico. Si no son reguladas democráticamente en función del interés público, son “libres” para ser capturadas por intereses especiales. De modo que esto se convierte en la definición oligárquica de “libertad de mercado.”
El peligro es que los gobiernos permitan que el sector financiero determine cómo se aplicará la “regulación”. Los intereses especiales quieren ganar dinero en la economía, y el sector financiero lo hace de un modo extractivo. Es su plan de marketing. Las finanzas actuales actúan de manera que desindustrializa las economías, no las fortalece. El “plan” es: austeridad para la mano de obra, la industria y todos los sectores con la excepción de las finanzas, como en los programas del FMI impuestos a desventurados países deudores del Tercer Mundo. La experiencia de Islandia, Letonia y otras economías “financializadas” debería ser examinada, como lección objetiva, aunque sólo sea porque están en los primeros lugares de la lista del Banco Mundial en términos de “facilidad para hacer negocios.”
La única regulación que tenga sentido puede provenir desde fuera del sector financiero. De otra manera, los países sufrirán lo que los japoneses llaman “caída del cielo”: reguladores seleccionados de las filas de los banqueros y sus “idiotas útiles.” Al retirarse del gobierno vuelven al sector financiero para recibir puestos lucrativos, “compromisos para conferencias” y remuneraciones afines. Como cuentan con ello, regulan a favor de intereses financieros especiales, no del público en general.
El problema de los movimientos del capital especulativo va más allá de la elaboración de un conjunto de regulaciones específicas. Concierne el alcance del poder del gobierno nacional. Los Artículos de Acuerdo del Fondo Monetario Internacional impiden que los países restauren los sistemas “de tipos dobles de cambio” que muchos retuvieron durante los años cincuenta e incluso en los sesenta. Era una práctica generalizada que los países tuvieran una tasa de cambio para bienes y servicios (a veces varias tasas de cambio para diferentes categorías de importación y exportación) y otra para “movimientos de capital.” Bajo presión estadounidense, el FMI impuso la ficción de que existe una tasa de “equilibrio” que por casualidad es la misma para bienes y servicios como para movimientos de capital. Los gobiernos que no aceptaron esa ideología fueron excluidos de la calidad de miembro en el FMI y el Banco Mundial – o fueron derrocados.
La implicación para nuestros días es que la única manera como una nación puede bloquear movimientos de capital es retirarse del FMI, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por primera vez desde los años cincuenta esto parece una verdadera posibilidad, gracias a la conciencia mundial de que la economía de EE.UU. está inundando la economía mundial con un excedente de dólares de “papel” – y de la negativa de EE.UU. a dejar de viajar gratis. Desde el punto de vista de EE.UU., no sería otra cosa que un intento de limitar su programa militar internacional.
© Copyright Michael Hudson, Global Research, 2009
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12944
Enlace a Rebelión
Global Research
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Desde hace tres semanas viajo por Europa discutiendo la crisis financiera global con funcionarios gubernamentales, políticos y dirigentes sindicales. Lo más notable es lo diferente que es la percepción del problema financiero. Es como estar en otro universo económico, no sólo en otro continente.
Los medios de EE.UU. guardan silencio sobre el tópico más importante discutido por los responsables políticos europeos (y sospecho que lo mismo sucede en Asia): cómo proteger sus países de tres dinámicas interrelacionadas: (1) el excedente de dólares que llueve sobre el resto del mundo para aún más especulación financiera y adquisiciones corporativas; (2) el hecho de que los bancos centrales se vean obligados a reciclar esa afluencia de dólares comprando bonos del Tesoro de EE.UU. para financiar el déficit presupuestario federal de ese país; y lo que es más importante (pero más ocultado por los medios de EE.UU.): (3) el carácter militar del déficit de pagos de EE.UU. y del déficit presupuestario federal interior.
Por extraño que parezca – y por irracional que sería en un sistema más lógico de diplomacia mundial – la superabundancia de dólares es lo que financia el fortalecimiento militar global de EE.UU. Obliga a los bancos centrales extranjeros a cargar los costes de la expansión del imperio militar de EE.UU. – una efectiva “tributación sin representación.” Mantener reservas internacionales en “dólares” significa reciclar sus entradas en dólares para comprar valores del Tesoro de EE.UU. – deuda del gobierno de EE.UU. creada en gran parte para financiar las fuerzas armadas.
Hasta la fecha, los países han sido impotentes para defenderse contra el hecho de que ese financiamiento obligatorio de los gastos militares de EE.UU. esté incorporado al sistema financiero global. Economistas neoliberales lo aplauden como “equilibrio,” como si formara parte de la naturaleza económica y de los “libres mercados” en lugar de ser una diplomacia implacable utilizada con creciente agresividad por funcionarios estadounidenses. Los medios de masas contribuyen, pretendiendo que el reciclaje de la superabundancia de dólares para financiar los gastos militares de EE.UU. es “mostrar su fe en la potencia económica de EE.UU.” al enviar “sus” dólares para “invertirlos” en ese país. Como si fuera cosa de una decisión, no de compulsión financiera y diplomática para decidir simplemente entre el “Sí” (de China, de mala gana), “Sí, por favor” (de Japón y la Unión Europea” y “Sí, gracias” (de Gran Bretaña, Georgia y Australia).
No es la “fe extranjera en la economía de EE.UU.” la que lleva a extranjeros a “colocar su dinero en nuestro país.” Es una estúpida visión antropomórfica de una dinámica más siniestra. Los “extranjeros” en cuestión no son consumidores que compran exportaciones de EE.UU., ni son “inversionistas” del sector privado que compran acciones y bonos de EE.UU. Las mayores y más importantes entidades extranjeras que colocan “su dinero” en EE.UU. son bancos centrales, y no es para nada “su dinero”. Están enviando de vuelta los dólares que exportadores extranjeros y otros destinatarios entregan a sus bancos centrales a cambio de moneda nacional.
Cuando el déficit de pagos de EE.UU. bombea dólares a economías extranjeras, esos bancos tienen poca alternativa fuera de comprar letras y bonos del Tesoro de EE.UU. – que el Tesoro gasta para financiar un enorme fortalecimiento militar hostil para cercar a los principales recicladores de dólares – China, Japón y productores de petróleo árabes de la OPEC. A pesar de ello esos gobiernos se ven obligados a reciclar los ingresos en dólares de un modo que financia las políticas militares de EE.UU. en cuya formulación no tienen parte, y que los amenazan de una manera más y más beligerante. Por eso China y Rusia tomaron hace algunos años la iniciativa en la formación de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO). Aquí en Europa existe una clara conciencia de que el déficit de pagos de EE.UU. es mucho mayor que sólo el déficit comercial. Basta simplemente una mirada a la Tabla 5 de los datos de la balanza de pagos de EE.UU. compilada por el Buró de Análisis Económico (BEA) y publicada por el Departamento de Comercio en su
Survey of Current Business para ver que el déficit no proviene sólo de que los consumidores compren más bienes importados que los exportados por EE.UU. ya que el sector financiero desindustrializa su economía. Las importaciones de EE.UU. ahora caen al contraerse la economía y ahora los consumidores se ven obligados a pagar las deudas que han hecho.
El Congreso ha dicho a los inversionistas extranjeros en el mayor poseedor de dólares, China, que no compren nada que no sean concesiones de coches usados y tal vez más hipotecas en paquetes y acciones de
Fannie Mae – el equivalente de cómo inversionistas japoneses fueron llevados a gastar 1.000 millones de dólares en Rockefeller Center, por el cual sufrieron una pérdida de un 100%, y de la inversión saudí en Citigroup. Es el tipo de “equilibrio internacional” que adoran los responsables estadounidenses. “¡CNOOC go home! [Cnooc: compañía petrolera estatal china] es la consigna cuando se trata de intentos serios de gobiernos extranjeros y sus fondos soberanos de inversión (departamentos de bancos centrales que tratan de encontrar qué hacer con su superabundancia de dólares) de hacer inversiones directas en la industria de EE.UU.
Así que nos quedamos con la medida en la cual el déficit de pagos de EE.UU. proviene de los gastos militares. El problema no es sólo la guerra en Iraq, que ahora se extiende a Afganistán y Pakistán. Es el costoso fortalecimiento de bases militares de EE.UU. en países asiáticos, europeos, post-soviéticos y del Tercer Mundo. El gobierno de Obama ha prometido que el monto real de los gastos militares será más transparente. Eso significa presumiblemente que se publique un conjunto revisado de cifras de la balanza de pagos así como de estadísticas del presupuesto federal interior.
Los gastos fijos militares son muy parecidos a los gastos fijos de la deuda: extraen ingresos de la economía. En este caso es para pagar al complejo militar-industrial, no sólo a los bancos de Wall Street y a otras instituciones financieras. El déficit del presupuesto federal interior no proviene sólo de “cebar la bomba” [inversión para el relanzamiento económico] asignando sumas enormes para crear una nueva oligarquía financiera. Contiene un inmenso componente militar en rápido crecimiento.
Por lo tanto, europeos y asiáticos ven a compañías estadounidenses que lanzan más y más dólares hacia sus economías, no sólo para comprar sus exportaciones, aparte de suministrarles bienes y servicios a cambio, y no sólo para comprar sus compañías y “puestos de comando” de empresas públicas privatizadas sin darles derechos recíprocos para comprar importantes compañías de EE.UU. (hay que recordar el rechazo por EE.UU. del intento chino de invertir en el negocio de distribución de petróleo de EE.UU.), y no sólo para comprar acciones, bonos y bienes raíces extranjeros. Los medios de EE.UU. de alguna manera no mencionan que el gobierno de EE.UU. gasta cientos de miles de millones de dólares en el extranjero – no sólo en Oriente Próximo para combates propiamente tales, sino para construir enormes bases militares a fin de cercar al resto del mundo, para instalar sistemas de radas, sistemas de misiles teleguiados y otras formas de coerción militar incluyendo las “revoluciones de colores” que han sido financiadas – y siguen siendo financiadas en toda la ex Unión Soviéticas. Paletas de billetes de 100 dólares, envueltas en plástico, que suman decenas de millones de dólares de una vez se han convertido en “efectos visuales” familiares en algunas emisiones de televisión, pero no se hace el vínculo con los gastos militares y diplomáticos de EE.UU. y las tenencias de dólares por los bancos centrales extranjeros, de las que se habla simplemente como “maravillosa fe en la recuperación económica de EE.UU.” y presumiblemente “la magia monetaria” operada por Tim Geithner de Wall Street en el Tesoro y por Helicóptero Ben Bernanke en la Reserva Federal.
Y este es el problema: La compañía Coca Cola trató recientemente de comprar el mayor productor y distribuidor de jugo de fruta de China. China ya posee cerca de 2 billones de dólares en valores de EE.UU. – mucho más de lo que necesita o puede utilizar, mientras el gobierno de EE.UU. se niega a permitir que compre compañías importantes de EE.UU. Si hubiera permitido la adquisición por EE.UU., China se habría visto ante un dilema: La alternativa Nº 1 sería dejar que se realizara la venta y aceptar el pago en dólares, reinvirtiéndolos en lo que le diga el Tesoro de EE.UU. – bonos del Tesoro de EE.UU. que rinden cerca de un 1%. China aceptaría una pérdida de capital en estos últimos al aumentar los tipos de interés en EE.UU. o al bajar el dólar, ya que sólo EE.UU. mantiene políticas expansionarías keynesianas en su intento por capacitar a la economía para que sustente los gastos fijos de su deuda.
La alternativa Nº 2 es no reciclar los ingresos en dólares. Esto llevaría a que el renminbi aumente contra el dólar, erosionando así la competitividad de exportación de China en los mercados mundiales. Por lo tanto China, escogió una tercera vía, lo que provocó protestas de EE.UU., rechazó la venta de su compañía tangible por simples dólares “de papel” estadounidenses – que estaba asociada a la “alternativa” de financiar el aumento del cerco de la SCO por parte de EE.UU. Los únicos que no parecen hacer esa conexión son los medios de masa estadounidenses, y por ello el público de ese país. Puedo asegurar por experiencia personal, que en Europa sí la hacen. (Y un buen tema diplomático para la discusión: ¿Cuál será el primer país europeo, aparte de Rusia, en sumarse a la SCO?)
Los libros de texto académicos no dicen nada sobre cómo el “equilibrio” en los movimientos de capital extranjero – especulativo así como para inversiones directas – es infinito en lo que concierne a la economía de EE.UU. La economía de EE.UU. puede crear libremente dólares, ahora que no son convertibles en oro o siquiera en compras de compañías de EE.UU., ya que EE.UU. sigue siendo la economía más protegida del mundo. Sólo a EE.UU. se le permite que proteja su agricultura mediante cuotas de importación, después que dicha posibilidad fuera introducida hace medio siglo como así llamada “cláusula del abuelo” [Una ‘cláusula del abuelo’ es una excepción que permite que una regla antigua siga siendo aplicada a ciertas situaciones existentes, N. del. T.] en las reglas del comercio mundial. El Congreso se niega a permitir que fondos “soberanos de inversión” inviertan en importantes sectores de EE.UU.
Por lo tanto nos vemos enfrentados al hecho de que el Tesoro de EE.UU. prefiere que los bancos centrales extranjeros sigan financiando su déficit presupuestario interior, o sea que financien el coste de la guerra de EE.UU. en Oriente Próximo y el cerco de países extranjeros con anillos de bases militares. Mientras más “egresos de capitales” gastan los inversionistas de EE.UU. para adquirir economías extranjeras – los sectores más lucrativos, donde los nuevos propietarios estadounidenses pueden extraer las mayores rentas monopolísticas – más fondos terminan en los bancos centrales extranjeros para apoyar el refuerzo militar global de EE.UU. Ningún libro de texto sobre teoría política o relaciones internacionales ha sugerido axiomas para explicar cómo naciones actúan de un modo tan contrario a sus propios intereses políticos, militares y económicos. Sin embargo, es precisamente lo que ha estado ocurriendo durante la generación pasada.
De modo que la pregunta decisiva resulta ser ¿qué pueden hacer los países para contrarrestar ese ataque financiero? Un sindicalista vasco me preguntó si yo pensaba que el control de movimientos especulativos de capital aseguraría que el sistema financiero actúe en el interés público. ¿O se requiere una nacionalización directa para desarrollar mejor la economía real?
No es simplemente un problema de “regulación” o de “control de movimientos de capital especulativo.” La cuestión es cómo las naciones pueden actuar como verdaderas naciones, en su propio interés en lugar de ser maniatadas para que sirvan cualquier cosa que los diplomáticos de EE.UU. decidan que es de interés para EE.UU.
Cualquier país que trate de hacer lo que EE.UU. ha hecho durante los últimos 150 acusado sería acusado de ser “socialista” – y eso por parte de la economía más anti-socialista del mundo, con la excepción de cuando llama rescate para sus bancos “socialismo para los ricos,” es decir la oligarquía financiera. Esa inflación retórica casi no deja otra alternativa que la nacionalización directa del crédito como servicio público básico.
Desde luego, la palabra “nacionalización” se ha convertido en sinónimo para rescates de los mayores y más imprudentes bancos de sus préstamos tóxicos, y rescates de hedge funds y contrapartes no-bancarias de pérdidas en “capitalismo de casino,” que juega con derivados que AIG y otros aseguradores o participantes al lado perdedor de esos juegos no pueden pagar. Semejantes rescates no representan una nacionalización en el sentido tradicional del término – devolver la creación de crédito y otras funciones financieras básicas al dominio público. Es lo contrario. Se imprimen más bonos del gobierno para entregarlos – junto con el poder autorregulador – al sector financiero, bloqueando la posibilidad de que la ciudadanía recupere esas funciones.
Al enmarcar el tema en una elección entre democracia y oligarquía el problema pasa a ser quién controla el gobierno que hace la regulación y “nacionaliza.” Si el que decide es un gobierno cuyo banco central y los principales comités del Congreso que se ocupan de las finanzas son dirigidos por Wall Street, no se ayudará a dirigir el crédito hacia usos productivos. Simplemente continuará la era Greenspan-Paulson-Geithner de más y mayores obsequios para sus electores financieros.
La idea de “regulación” que tiene la oligarquía financiera es asegurar que los desreguladores estén instalados en posiciones clave y que reciban sólo un personal mínimo y poco financiamiento. A pesar del anuncio del señor Greenspan de que finalmente ha visto la luz y que se da cuenta que la auto-regulación no funciona, el Tesoro sigue dirigido por un funcionario de Wall Street y la Reserva Federal por un lobista de Wall Street. Para los lobistas la verdadera preocupación no es la ideología en sí – es el puro interés propio de sus clientes. Pueden escoger a tontos de buena voluntad, especialmente personalidades prestigiosas del mundo académico. Pero son sólo testaferros, ya que están dirigidos por seguidores de Milton Friedman en la Universidad de Chicago. Tales individuos son colocados para que sirvan de “guardabarreras” en las principales revistas académicas para excluir ideas que no sirvan a los lobistas financieros.
Esta excusa para excluir al gobierno de una regulación que tenga sentido pretende que las finanzas son tan técnicas que sólo alguien de la “industria” financiera es capaz de regularla. Para empeorar las cosas, se hace la afirmación adicional contra-intuitiva de que una característica de la democracia es que el banco central sea “independiente” del gobierno elegido. En realidad, claro está, es todo lo contrario de democracia. Las finanzas son el punto crucial del sistema económico. Si no son reguladas democráticamente en función del interés público, son “libres” para ser capturadas por intereses especiales. De modo que esto se convierte en la definición oligárquica de “libertad de mercado.”
El peligro es que los gobiernos permitan que el sector financiero determine cómo se aplicará la “regulación”. Los intereses especiales quieren ganar dinero en la economía, y el sector financiero lo hace de un modo extractivo. Es su plan de marketing. Las finanzas actuales actúan de manera que desindustrializa las economías, no las fortalece. El “plan” es: austeridad para la mano de obra, la industria y todos los sectores con la excepción de las finanzas, como en los programas del FMI impuestos a desventurados países deudores del Tercer Mundo. La experiencia de Islandia, Letonia y otras economías “financializadas” debería ser examinada, como lección objetiva, aunque sólo sea porque están en los primeros lugares de la lista del Banco Mundial en términos de “facilidad para hacer negocios.”
La única regulación que tenga sentido puede provenir desde fuera del sector financiero. De otra manera, los países sufrirán lo que los japoneses llaman “caída del cielo”: reguladores seleccionados de las filas de los banqueros y sus “idiotas útiles.” Al retirarse del gobierno vuelven al sector financiero para recibir puestos lucrativos, “compromisos para conferencias” y remuneraciones afines. Como cuentan con ello, regulan a favor de intereses financieros especiales, no del público en general.
El problema de los movimientos del capital especulativo va más allá de la elaboración de un conjunto de regulaciones específicas. Concierne el alcance del poder del gobierno nacional. Los Artículos de Acuerdo del Fondo Monetario Internacional impiden que los países restauren los sistemas “de tipos dobles de cambio” que muchos retuvieron durante los años cincuenta e incluso en los sesenta. Era una práctica generalizada que los países tuvieran una tasa de cambio para bienes y servicios (a veces varias tasas de cambio para diferentes categorías de importación y exportación) y otra para “movimientos de capital.” Bajo presión estadounidense, el FMI impuso la ficción de que existe una tasa de “equilibrio” que por casualidad es la misma para bienes y servicios como para movimientos de capital. Los gobiernos que no aceptaron esa ideología fueron excluidos de la calidad de miembro en el FMI y el Banco Mundial – o fueron derrocados.
La implicación para nuestros días es que la única manera como una nación puede bloquear movimientos de capital es retirarse del FMI, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por primera vez desde los años cincuenta esto parece una verdadera posibilidad, gracias a la conciencia mundial de que la economía de EE.UU. está inundando la economía mundial con un excedente de dólares de “papel” – y de la negativa de EE.UU. a dejar de viajar gratis. Desde el punto de vista de EE.UU., no sería otra cosa que un intento de limitar su programa militar internacional.
© Copyright Michael Hudson, Global Research, 2009
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12944
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miércoles, 25 de marzo de 2009
La verdadera conspiración de AIG
Michael Hudson
CounterPunch
Parecerá extraño, pero lo cierto es que la indignación pública levantada por los 135 millones de dólares de bonificaciones para altos ejecutivos de la aseguradora AIG es una bendición divina para Wall Street, incluidos los canallas de la propia AIG. ¿Por qué habrían de preocuparse tanto los medios de comunicación con el descubrimiento de una codicia al servicio de sí propia en el sector financiero? Todos y cada uno de los canales de TV, todos y cada uno de los periódicos de este país, de derecha a izquierda, han convertido esas bonificaciones en cabecera titular de sus informaciones de los dos o tres últimos días.
¿Qué yerro hay aquí? ¿No hay sobreactuación en una indignación que ha tenido sus expresiones más vociferantes en el senador Charles Schumer y en el congresista Barney Frank, los dos adelantados de los obsequios a los bancos el pasado año? ¿Le parece apropiado al presidente Obama venir a criticar ahora, después de tanto tiempo mudo, algo que le parece mal de Wall Street? Hasta el Wall Street Journal se ha metido en harina. La toma de control de AIG por parte del gobierno, dice, "se sirve de la empresa como instrumento para rescatar otras instituciones". Hay mucha más codicia que la observada en los empleados de AIG. La empresa debía mucho más a otros jugadores –por doquiera, y también en Wall Street— que el valor de los activos en su poder. Eso es lo que la llevó a la insolvencia. Y ha ido creciendo la oposición al modo en que Obama y McCain actuaron de consuno para apoyar un rescate que ha significado billones y billones de dólares tirados al sumidero. No realmente al sumidero, claro está, sino transferido a especuladores financieros situados en el triunfante lado "listo" de las malas apuestas financieras de AIG.
"La muchedumbre de Washington quiere centrarse en las bonificaciones porque busca desencadenar la cólera pública contra los actores privados", decía acusatoriamente el editorial del Wall Street Journal del pasado 17 de marzo. Mas, en vez de explicar que se trata de una maniobra distractora para pasar por alto las exacciones de Wall Street, mil veces mayores que el monto de las bonificaciones criticadas, se limitaban a atacar a su bestia negra de toda la vida: el Congreso. ¡Derecha e izquierda no diferirían sino en la elección del blanco al que dirigir la indignación pública!
He aquí el verdadero problema de todo el escándalo montado con las bonificaciones de 135 millones de dólares para los ejecutivos de AIG: esta suma es menos del 0,1% --una milésima— de los 183 mil millones de dólares que el Tesoro estadounidense dio a AIG para que pudiera dar satisfacción a sus acreedores. Esta suma, mil veces mayor que el volumen total de las bonificaciones en las que los promotores de Wall Street procuran centrar la atención del público, no se quedó en AIG. Desde hace seis meses, los medios de comunicación y los congresistas han tratado de descubrir a dónde fue a parar ese dinero. [El periódico económico] Bloomberg inició un pleito para descubrirlo. Chocó con un muro de silencio.
Hasta que, finalmente, el domingo 15 de marzo, por la noche, el gobierno soltó la prenda de los detalles. Eran enormemente embarazosos. El mayor recipiendario resultaba ser el mismo al que apuntaban los primeros rumores difundidos tempranamente por el mundo financiero: la propia empresa de Paulson, Goldman Sachs, encabezaba la lista. Era acreedora por valor de 13 mil millones de dólares. He aquí el perfil que va dibujándose. El pasado septiembre, el secretario del Tesoro, Paulson, de Goldman Sachs, compuso un terso memorándum de apenas 3 páginas esbozando su propuesta de rescate. El plan especificaba que, hicieran lo que hicieran él mismo u otros funcionarios del Tesoro (incluidos sus subordinados, asimismo procedentes de Goldman Sachs), ni sus decisiones podrían recurrirse legalmente, ni ellos mismos podrían se ser llevados a tribunales, y mucho menos procesados y perseguidos legalmente. Esta condición sacó de sus casillas al Congreso, que rechazó el rescate en primera instancia.
Ahora se ve que Paulson tenía muy buenas razones para introducir una cláusula legal que bloqueara la posible recuperación de los fondos dados por el Tesoro a los acreedores de AIG. En eso debería centrarse la indignación pública.
En cambio, los congresistas que más se destacaron por abogar a favor de la legislación del rescate –junto con Obama, quien en su debate final con McCain del viernes por la noche llegó a pronunciarse resueltamente a favor de la terrible versión "corta" del plan de rescate de Paulson— organizan ahora una escandalera con las bonificaciones de los ejecutivos de AIG, pero no contra los acreedores de la compañía aseguradora.
Hay dos cuestiones que han de plantearse siempre cuando se lanza una operación política. Primero: qui bono, ¿a quién beneficia? Y segundo: ¿por qué ahora? Según mi experiencia, la graduación de tiempos, el ritmo, es clave para averiguar la dinámica operante.
En lo tocante al qui bono: ¿qué ganan el senador Schumer, el congresista Frank, el presidente Obama y otros patrocinadores de Wall Street con esta escandalera pública? Pues para decirlo clarito: los pinta como a chicos duros con el sector bancario y financiero, no como a sus lobistas, siempre prestos a aprobar un obsequio tras otro. Así que la conmoción con AIG ha echado una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza de sus lealtades políticas. Les permite posar con un ademán confundente, y así, posar como "honrados intermediarios" la próxima vez que tengan que aprobar deshonestamente el obsequio de unos cuantos billones de dólares más para los mayores patrocinadores y contribuyentes a sus propias campañas políticas.
En lo tocante a los ritmos, creo que ya ha quedado aclarado. La indignación con las bonificaciones de AIG ha logrado distraer la atención, desviándola de los acreedores de AIG, que fueron los que recibieron los 183 mil millones de dólares de obsequio del Tesoro. La suma "final" que tendrá que ir a parar a esos acreedores se rumorea que ronda los 250 mil millones, de modo que el senador Schumer, el congresista Frank y el presidente Obama todavía tienen mucho trabajo que hacer para Wall Street en el próximo año.
Para tener éxito en su trabajo, además de aplacar la indignación pública creciente con los malos rescates, necesitarán multiplicar los ademanes y los gestos con que se están prodigando ahora. Es un ejercicio de engaño.
Moraleja: cuanto más copiosas las lágrimas de cocodrilo vertidas sobre las bonificaciones a los ejecutivos de AIG (quienes, dicho sea de paso, parecen estar en el lado sano, de seguros bona fide del negocio de AIG, no en el jaleo de sus fondos de cobertura montados sobre un esquema Ponzi), tanto más distraerán la atención de la opinión pública respecto del obsequio de 183 mil millones de dólares, y tanto mejor colocados quedarán para seguir jugando obsequiosamente con dinero público (bonos del Tesoro y depósitos de la Reserva Federal) en beneficio de sus entidades financieras favoritas.
Sigamos la pista del dinero realmente dado a AIG: ¡183 mil millones de dólares! Ya sé que ese dinero se ha transferido ya, y que no hay forma de que lo devuelvan unos acreedores de AIG perfectamente conscientes de que Alan Greenspan, George Bush y Hank Paulson estaban llevando la economía estadounidense a un abismo inmobiliario, a un abismo de productos financieros derivados y a un abismo en materia de balanza de pagos, abismos, todos, que venían a confluir en la actividad de apostar contra las obligaciones de deuda colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés) y de asegurar esas apuestas en AIG. Ese dinero ha sido lisa y llanamente chupado del Tesoro por la vía de colocar a propios en puestos públicos claves para que pudieran servirles mejor.
Pero sigámosles la pista a todos ellos. El senador Schumacher dijo a los recipiendarios de las bonificaciones de AIG que la I.R.S. [la agencia tributaria estadounidense] puede perseguirles y, de una u otra forma, recuperar el dinero. En realidad, también puede ir tras los recipiendarios del rescate de 183 mil millones de dólares. Todo lo que necesita hacer es recuperar los tradicionales impuestos sobre bienes raíces y aumentar los tipos marginales de los impuestos al ingreso y al patrimonio hasta los niveles (ya reducidos) de la era Clinton.
El dinero puede recuperarse. Y eso es precisamente lo que el señor Schumer, el señor Frank y otros no quieren que se debata públicamente. Por eso divierten la atención de la gente fingiendo escandalizarse con trivialidades. Una manera, muy propia de la época, de que la gente no vea el bosque y se pierda lo verdaderamente importante.
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Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
Via Rebelion
CounterPunch
Parecerá extraño, pero lo cierto es que la indignación pública levantada por los 135 millones de dólares de bonificaciones para altos ejecutivos de la aseguradora AIG es una bendición divina para Wall Street, incluidos los canallas de la propia AIG. ¿Por qué habrían de preocuparse tanto los medios de comunicación con el descubrimiento de una codicia al servicio de sí propia en el sector financiero? Todos y cada uno de los canales de TV, todos y cada uno de los periódicos de este país, de derecha a izquierda, han convertido esas bonificaciones en cabecera titular de sus informaciones de los dos o tres últimos días.
¿Qué yerro hay aquí? ¿No hay sobreactuación en una indignación que ha tenido sus expresiones más vociferantes en el senador Charles Schumer y en el congresista Barney Frank, los dos adelantados de los obsequios a los bancos el pasado año? ¿Le parece apropiado al presidente Obama venir a criticar ahora, después de tanto tiempo mudo, algo que le parece mal de Wall Street? Hasta el Wall Street Journal se ha metido en harina. La toma de control de AIG por parte del gobierno, dice, "se sirve de la empresa como instrumento para rescatar otras instituciones". Hay mucha más codicia que la observada en los empleados de AIG. La empresa debía mucho más a otros jugadores –por doquiera, y también en Wall Street— que el valor de los activos en su poder. Eso es lo que la llevó a la insolvencia. Y ha ido creciendo la oposición al modo en que Obama y McCain actuaron de consuno para apoyar un rescate que ha significado billones y billones de dólares tirados al sumidero. No realmente al sumidero, claro está, sino transferido a especuladores financieros situados en el triunfante lado "listo" de las malas apuestas financieras de AIG.
"La muchedumbre de Washington quiere centrarse en las bonificaciones porque busca desencadenar la cólera pública contra los actores privados", decía acusatoriamente el editorial del Wall Street Journal del pasado 17 de marzo. Mas, en vez de explicar que se trata de una maniobra distractora para pasar por alto las exacciones de Wall Street, mil veces mayores que el monto de las bonificaciones criticadas, se limitaban a atacar a su bestia negra de toda la vida: el Congreso. ¡Derecha e izquierda no diferirían sino en la elección del blanco al que dirigir la indignación pública!
He aquí el verdadero problema de todo el escándalo montado con las bonificaciones de 135 millones de dólares para los ejecutivos de AIG: esta suma es menos del 0,1% --una milésima— de los 183 mil millones de dólares que el Tesoro estadounidense dio a AIG para que pudiera dar satisfacción a sus acreedores. Esta suma, mil veces mayor que el volumen total de las bonificaciones en las que los promotores de Wall Street procuran centrar la atención del público, no se quedó en AIG. Desde hace seis meses, los medios de comunicación y los congresistas han tratado de descubrir a dónde fue a parar ese dinero. [El periódico económico] Bloomberg inició un pleito para descubrirlo. Chocó con un muro de silencio.
Hasta que, finalmente, el domingo 15 de marzo, por la noche, el gobierno soltó la prenda de los detalles. Eran enormemente embarazosos. El mayor recipiendario resultaba ser el mismo al que apuntaban los primeros rumores difundidos tempranamente por el mundo financiero: la propia empresa de Paulson, Goldman Sachs, encabezaba la lista. Era acreedora por valor de 13 mil millones de dólares. He aquí el perfil que va dibujándose. El pasado septiembre, el secretario del Tesoro, Paulson, de Goldman Sachs, compuso un terso memorándum de apenas 3 páginas esbozando su propuesta de rescate. El plan especificaba que, hicieran lo que hicieran él mismo u otros funcionarios del Tesoro (incluidos sus subordinados, asimismo procedentes de Goldman Sachs), ni sus decisiones podrían recurrirse legalmente, ni ellos mismos podrían se ser llevados a tribunales, y mucho menos procesados y perseguidos legalmente. Esta condición sacó de sus casillas al Congreso, que rechazó el rescate en primera instancia.
Ahora se ve que Paulson tenía muy buenas razones para introducir una cláusula legal que bloqueara la posible recuperación de los fondos dados por el Tesoro a los acreedores de AIG. En eso debería centrarse la indignación pública.
En cambio, los congresistas que más se destacaron por abogar a favor de la legislación del rescate –junto con Obama, quien en su debate final con McCain del viernes por la noche llegó a pronunciarse resueltamente a favor de la terrible versión "corta" del plan de rescate de Paulson— organizan ahora una escandalera con las bonificaciones de los ejecutivos de AIG, pero no contra los acreedores de la compañía aseguradora.
Hay dos cuestiones que han de plantearse siempre cuando se lanza una operación política. Primero: qui bono, ¿a quién beneficia? Y segundo: ¿por qué ahora? Según mi experiencia, la graduación de tiempos, el ritmo, es clave para averiguar la dinámica operante.
En lo tocante al qui bono: ¿qué ganan el senador Schumer, el congresista Frank, el presidente Obama y otros patrocinadores de Wall Street con esta escandalera pública? Pues para decirlo clarito: los pinta como a chicos duros con el sector bancario y financiero, no como a sus lobistas, siempre prestos a aprobar un obsequio tras otro. Así que la conmoción con AIG ha echado una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza de sus lealtades políticas. Les permite posar con un ademán confundente, y así, posar como "honrados intermediarios" la próxima vez que tengan que aprobar deshonestamente el obsequio de unos cuantos billones de dólares más para los mayores patrocinadores y contribuyentes a sus propias campañas políticas.
En lo tocante a los ritmos, creo que ya ha quedado aclarado. La indignación con las bonificaciones de AIG ha logrado distraer la atención, desviándola de los acreedores de AIG, que fueron los que recibieron los 183 mil millones de dólares de obsequio del Tesoro. La suma "final" que tendrá que ir a parar a esos acreedores se rumorea que ronda los 250 mil millones, de modo que el senador Schumer, el congresista Frank y el presidente Obama todavía tienen mucho trabajo que hacer para Wall Street en el próximo año.
Para tener éxito en su trabajo, además de aplacar la indignación pública creciente con los malos rescates, necesitarán multiplicar los ademanes y los gestos con que se están prodigando ahora. Es un ejercicio de engaño.
Moraleja: cuanto más copiosas las lágrimas de cocodrilo vertidas sobre las bonificaciones a los ejecutivos de AIG (quienes, dicho sea de paso, parecen estar en el lado sano, de seguros bona fide del negocio de AIG, no en el jaleo de sus fondos de cobertura montados sobre un esquema Ponzi), tanto más distraerán la atención de la opinión pública respecto del obsequio de 183 mil millones de dólares, y tanto mejor colocados quedarán para seguir jugando obsequiosamente con dinero público (bonos del Tesoro y depósitos de la Reserva Federal) en beneficio de sus entidades financieras favoritas.
Sigamos la pista del dinero realmente dado a AIG: ¡183 mil millones de dólares! Ya sé que ese dinero se ha transferido ya, y que no hay forma de que lo devuelvan unos acreedores de AIG perfectamente conscientes de que Alan Greenspan, George Bush y Hank Paulson estaban llevando la economía estadounidense a un abismo inmobiliario, a un abismo de productos financieros derivados y a un abismo en materia de balanza de pagos, abismos, todos, que venían a confluir en la actividad de apostar contra las obligaciones de deuda colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés) y de asegurar esas apuestas en AIG. Ese dinero ha sido lisa y llanamente chupado del Tesoro por la vía de colocar a propios en puestos públicos claves para que pudieran servirles mejor.
Pero sigámosles la pista a todos ellos. El senador Schumacher dijo a los recipiendarios de las bonificaciones de AIG que la I.R.S. [la agencia tributaria estadounidense] puede perseguirles y, de una u otra forma, recuperar el dinero. En realidad, también puede ir tras los recipiendarios del rescate de 183 mil millones de dólares. Todo lo que necesita hacer es recuperar los tradicionales impuestos sobre bienes raíces y aumentar los tipos marginales de los impuestos al ingreso y al patrimonio hasta los niveles (ya reducidos) de la era Clinton.
El dinero puede recuperarse. Y eso es precisamente lo que el señor Schumer, el señor Frank y otros no quieren que se debata públicamente. Por eso divierten la atención de la gente fingiendo escandalizarse con trivialidades. Una manera, muy propia de la época, de que la gente no vea el bosque y se pierda lo verdaderamente importante.
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Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
Via Rebelion
martes, 3 de marzo de 2009
La economía política de la tradición republicana ilustrada y sus enemigos neoliberales
Michael Hudson
CounterPunch
“El actual choque de civilizaciones no se da realmente con Oriente, sino con nuestro propio pasado, con la Ilustración y con la evolución de la misma que desembocó en la economía política clásica y en la Era Progresista de las reformas sociales tendentes a emancipar a la sociedad de trabas y estorbos procedentes del feudalismo europeo. A lo que estamos asistiendo es a propaganda concebida para engañar, para distraer la atención de la realidad económica, a fin de promover el tipo de propiedad y de intereses financieros, de cuya predadora férula, precisamente, quisieron los economistas clásicos librar al mundo. Lo que pretende es nada menos que destruir el edificio intelectual y moral que la civilización occidental tardó ocho siglos en levantar, desde las discusiones escolásticas del siglo XII sobre el precio justo hasta la teoría económica clásica del valor de los siglos XIX y XX.”
"Las acciones de los bancos comenzaron a caer el viernes por la mañana, luego de que el senador Dodd, el demócrata por Connecticut y presidente de la comisión de asuntos bancarios del Senado, se manifestara preocupado en una entrevista concedida a Bloomberg Television tpor la posibilidad de que el gobierno pudiera terminar nacionalizando algunas in situaciones de préstamo “aunque sea por un corto período de tiempo”. Otros prominentes políticos –entre ellos, Alan Greenspan, el antiguo presidente de la Reserva Federal, y el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur— se han hecho recientemente eco de este punto de vista.” .- Eric Dash, “Growing Worry on Rescue Takes a Toll on Banks,” The New York Times, 20 febrero 2009.
¿Cómo es que Alan Greenspan, el lobista de Wal Street en favor del libre mercado, se pronunció hace unos días a favor de la nacionalización de los bancos norteamericanos, y precisamente, de los mayores y más poderosos? ¿Acaso, de la noche a la mañana, se ha vuelto un rojo el antiguo discípulo de Ayn Rand? Ciertamente, no.
Lo que pasa es que la retórica de los “mercados libres”, la “nacionalización” y aun del “socialismo” –como en “socializar las pérdidas”— ha trocado en un lenguaje engañoso al servicio de un sector financiero afanado en movilizar el poder estatal a favor de sus propios y particulares privilegios. Tras haber socavado las bases del conjunto de la economía, los think tanks dedicados a relaciones públicas buscan ahora desbaratar al mismo lenguaje.
¿Qué significa exactamente “un mercado libre”? ¿Es lo que propugnaban los economistas clásicos: un mercado libre de poder monopólico, libre de fraude empresarial, libre de comercio político con información privilegiada y libre de privilegios particulares concedidos a los intereses creados; un mercado protegido por la institucionalización de la regulación pública desde la Ley Antitrust de Sherman en 1890, hasta la Ley Glass-Steagall y otras leyes del New Deal? ¿O es un mercado libre para que los predadores exploten a sus víctimas, sin regulación pública ni policías económicos: el tipo de mercado barra-libre que la Reserva Federal y la SEC (Security and Exchange Commission, la comisión supervisora del mercado de valores) han venido creando en los últimos diez años? Hoy resulta increíble que se aceptara galanamente la idea neoliberal de la “libertad de mercado”, en el sentido de neutralización la vigilancia pública, al estilo de Alan Greenspan, y que se tolerara que Angelo Mozilo en Countrywide, Hank Greenberg en AIG, Bernie Madoff, Citibank, Bear Stearns y Lehman Brithers saquearan sin estorbo o sanción ningunos, sumiendo a la economía en la crisis para luego servirse del dinero del rescate del Tesoro a fin de pagar las más elevadas remuneraciones y los bonos más copiosos de la historia de los EEUU.
Conceptos que son la antítesis del de “mercado libre” se han convertido en lo contrario de lo que significaron históricamente. Tomemos la actual discusión sobre la nacionalización de los bancos. Durante más de un siglo, “nacionalización” significó la toma pública de control de los monopolios o de otros sectores para gestionarlos conforme al interés público, no para ponerlos a merced de intereses particulares. Pero cuando los neoliberales usan ahora la palabra “nacionalización”, lo que quieren decir es un rescate, un obsequio del gobierno a los intereses financieros.
El doble pensamiento y el doble lenguaje en relación con la “nacionalización” o la “socialización” de los bancos y de otros sectores es un travestido del debate político y económico habido entre el siglo XVII y mediados del XX. La gramática intelectual básica de la sociedad, el léxico para discutir asuntos políticos y económicos, es vuelto del revés con el propósito de evitar el debate sobre las soluciones políticas propuestas por los economistas y filósofos políticos clásicos que hicieron “occidental” a la civilización occidental.
El actual choque de civilizaciones no se da realmente con Oriente, sino con nuestro propio pasado, con la Ilustración y con la evolución de la misma que desembocó en la economía política clásica y en la Era Progresista de las reformas sociales tendentes a emancipar a la sociedad de trabas y estorbos procedentes del feudalismo europeo. A lo que estamos asistiendo es a propaganda concebida para engañar, para distraer la atención de la realidad económica, a fin de promover el tipo de propiedad y de intereses financieros, de cuya predadora férula, precisamente, quisieron los economistas clásicos librar al mundo. Lo que pretende es nada menos que destruir el edificio intelectual y moral que la civilización occidental tardó ocho siglos en levantar, desde las discusiones escolásticas del siglo XII sobre el precio justo hasta la teoría económica clásica del valor de los siglos XIX y XX.
Cualquier idea de “socialismo desde arriba”, en el sentido de “socialización del riesgo”, no es sino tradicional oligarquía, estatismo cleptocrático desde arriba. La nacionalización genuina se da cuando los gobiernos actúan en interés público para tomar el control de la propiedad privada. El programa decimonónico de nacionalización de la tierra (el primer punto programático del Manifiesto comunista) no tenía absolutamente nada que ver con la toma de control estatal de las propiedades raíces y el pago de sus gravámenes e hipotecas a costa del erario público para devolverlos luego a los terratenientes, libres ya de tasas y servidumbres. Lo que se proponía, al revés, era incorporar las tierras y sus ingresos rentistas al dominio público, para luego darlas en arriendo conforme a un abanico de cuotas de usuario que iba del coste real de mantenimiento hasta una tasa subsidiada, y aun gratis, como en el caso de calles y carreteras.
Nacionalizar los bancos en este último sentido no significaría sino que el gobierno mismo subvendría a las necesidades de crédito. El Tesoro se convertiría en la fuente del dinero nuevo, substituyendo al crédito de la banca comercial. Presumiblemente, ese crédito se concedería conforme a criterios de productividad económica y social, y no simplemente para hinchar precios de activos lastrando con deuda a hogares y empresas, como ha venido ocurriendo con las políticas de préstamo de los cancos comerciales de nuestros días.
Cómo falsean la historia política de Occidente los neoliberales
El hecho de que los neoliberales de nuestros días se proclamen descendientes intelectuales de Adam Smith hace necesaria la tarea de restaurar una perspectiva histórica más adecuada. Pues su concepto de “mercados libres” es la antítesis del de Smith. Es el opuesto del de los economistas clásicos, de la línea que, pasando por John Stuart Mill y Karl Marx, llega a las reformas sociales de la Era Progresista, que buscaron la creación de mercados libres y emancipados de las exigencias extractivas rentistas de unos intereses especiales, cuyo poder institucional se remontaba a la Europa medieval y a la época de conquistas militares.
Los escritores económicos entre los siglo XVI y XX reconocieron que los mercados libres precisaban de supervisión pública para prevenir la formación monopólica de precios y otros costosos lastres impuestos por el privilegio. En cambio, los ideólogos neoliberales de nuestros días son peritos en relaciones públicas que abogan a favor de intereses creados presentando al “mercado libre” como un mercado “libre” de regulación pública., “libre” de protección anti-trust, y aun “libre” de protección anti-fraude (como revela la negativa de la SEC a proceder contra Madoff, Enron, Citibank, etc.). El ideal neoliberal de los mercados libres es, pues, básicamente, el del ladró en el malversador bancario, que suspira por un mundo sin policía en el que pueda gozar de la libertad suficiente como para chupar sin estorbos el dinero ajeno.
Los Chicago Boys descubrieron en Chile que los mercados libres para finanzas predatorias y privatizaciones privilegiadas no podían imponerse sino a punta de pistola. Esos apologistas del libre mercado en Chile cerraron todos los departamentos académicos de ciencia económica, todas las universidades de ciencias sociales, salvo la Universidad Católica en la que los Chicago Boys tenían vara alta. Con la Operación Cóndor se detuvo, exilió o asesinó a decenas de miles de académicos, intelectuales, dirigentes sindicales y artistas. Sólo merced a un control totalitario del curriculum académico y de los medios de comunicación públicos, respaldado por una policía secreta y un ejército de todo punto activos lograron imponerse los “mercados libres” de impronta neoliberal. La privatización a punta de pistola resultante fue un ejercicio de lo que Marx llamó en su día “acumulación primitiva”: confiscación del dominio público por parte de unas elites políticas respaldadas por la fuerza de las armas. Es el estilo de libre mercado de Guillermo el Conquistador o de Yeltsin el Cleptócrata: parcelada la propiedad, se procede a su distribución entre los compinches del caudillo político o militar.
Justo todo lo contrario del tipo de mercados libres que Adam Smith tenía en mente cuando alertó de que los empresarios raramente se juntan, si no es para conspirar y buscar vías de encarrilar los mercados conforme a su propia ventaja. Un problema, éste, que no inquietaba lo más mínimo al señor Greenspan o a los editorialistas New York Times y del Washington Post. No existe el menor parentesco los ideales neoliberales de éstos y los ideales de los filósofos políticos de la Ilustración. La promoción de unos mercados “libres” para que los poseedores de información privilegiada se repartan entre sí el dominio público monta tanto como bajar un Telón de Acero intelectual sobre la historia del pensamiento económico.
Los economistas clásicos y los progresistas norteamericanos tenían en sus miras programáticas mercados libres en sentido de emancipados de rentas e intereses económicos: libres, pues, de los costes cargados por el rentista y del lastre económico de la tramposa formación monopólica de precios; libres de renta agraria y del interés pagado a banqueros y otros institutos financieros; y libres de unos impuestos que no sirven sino para sostener a una oligarquía. Los gobiernos tenían que fundar sus sistemas fiscales gravando la “barra libre” de la renta económica, comenzando por la dimanante de los emplazamientos favorables suministrados por la naturaleza y a los que la inversión pública en transportes y otras infraestructuras, y no los esfuerzos de los terratenientes, da valor de mercado.
Así pues, la discusión entre reformistas de la era progresista, socialistas, anarquistas e individualistas se centró en el debate sobre la mejor estrategia política para liberar a los mercados de la deuda y de la renta. Diferían entre sí respecto de los mejores medios políticos para conseguirlo, y señaladamente, sobre el papel que debía desempeñar el Estado. Había amplio acuerdo respecto de que el Estado estaba controlado por un complejo de intereses creados heredados de las conquistas militares de la Europa feudal y del mundo colonizado por la fuerza militar europea. La cuestión política, al romper el siglo XX, era si una reforma democrática pacífica podía vencer las resistencias políticas y aun militares presentadas por un Antiguo Régimen que no dudaba en servirse de la violencia para defender sus “derechos”. Las revoluciones políticas que siguieron partían de la Ilustración, de la filosofía del derecho de hombres como John Locke, de economistas como Adam Smith, John Stuart Mill y Marx. El poder tenía que usarse para liberar a los mercados de la propiedad predatoria y de los sistemas financieros heredados del feudalismo. Había que liberar a los mercados del privilegio y de las barras libres, de modo que el pueblo pudiera conseguir ingresos y riqueza sólo conforme al trabajo realizado y al espíritu emprendedor desarrollado. Tal fue la esencia de la teoría del valor-trabajo y de su complemento, el concepto de renta económica como excedente del precio de mercado sobre el coste-valor socialmente necesario.
Aunque ahora sabemos que mercados y precios, renta e interés, formalidades contractuales y casi todos los elementos de la empresa económica se originaron en las “economías mixtas” de Mesopotamia en el cuarto milenio antes de nuestra Era y continuaron a través de todas las economías mixtas público/privadas de la antigüedad clásica, la discusión llegó a polarizarse políticamente a tal punto, que hace un siglo la idea de una economía mixta con pesos y contrapesos apenas recibió atención hace un siglo.
Los individualistas creían que todo retroceso de los Estados centrales haría retroceder a su vez el mecanismo de control con el que los intereses creados extraían riqueza sin trabajo o esfuerzo empresarial. Los socialistas veían que se necesitaba un Estado fuerte para proteger a la sociedad contra las tentativas de la propiedad y de las finanzas de servirse de sus ganancias para monopolizar el poder económico y político. Los dos extremos del espectro político apuntaban al mismo objetivo, a saber: reducir los precios a los costes reales de producción. El objetivo común era maximizar la eficiencia económica para traspasar los frutos de las Revoluciones Industrial y Agraria al conjunto de la población. Para lograrlo, era necesario bloquear el propósito de una clase entrometida –la rentista—, empeñada en apoderarse del dominio público y resuelta a controlar la distribución de recursos. Los socialistas no creían que tal cosa fuera posible sin tomar en sus propias manos el poder político y jurídico del Estado. Los marxistas creían necesaria una revolución para devolver al dominio público la renta dimanante de la propiedad y para posibilitar que los gobiernos pudieran crear su propio crédito, en vez de tomar prestado a interés de la banca comercial y de los acaudalados emisores de bonos y obligaciones. El objetivo no era crear una burocracia, sino emancipar a la sociedad del persistente poder de la posesión absentista, característico de la propiedad transmitida y de los intereses financieros.
Toda esta historia de pensamiento económico ha sido tan concienzudamente erradicada de los programas académicos actuales, como de la discusión popular. Poca gente recuerda el gran debate entablado al romper el siglo XX: ¿avanzaría el mundo de un modo bastante rápido desde las reformas de la Era Progresista hasta el socialismo propiamente dicho (propiedad pública de la infraestructura económica básica, de los monopolios naturales –incluido el sistema bancario—, de la misma tierra y, para los marxistas, también del capital industrial)? ¿O podrían los reformistas liberales de izquierda de la época –individualistas, partidarios de los impuestos sobre la tierra, economistas clásicos en la tradición de Mill e institucionalistas estadounidenses como Simon Patten– mantener la estructura básica del capitalismo y de la propiedad privada? En este último caso, todos reconocían que tendría que ser en el contexto de la regulación de mercados y de la introducción de una fiscalidad progresiva sobre la riqueza y los ingresos. Era la alternativa a la propiedad directa por el “Estado”. La actual idea extremista del “libre mercado” es una caricatura degradad de esa posición.
Todos veían al gobierno como “cerebro” de la sociedad, como a su órgano de planificación avanzada. Dada la complejidad de la tecnología moderna, la humanidad modelaría su propia evolución. La evolución no se daría por la vía de la “acumulación primitiva”, sino que podría ser deliberadamente planificada. Los individualistas replicaba diciendo que ningún planificador humano era suficientemente imaginativo como para lidiar con la complejidad de los mercados, pero aceptaban la necesidad de eliminar toda forma de ingreso no ganado: la renta económica y el aumento de precios de la tierra que Mill llamaba “incremento no ganado.” Eso implicaba una regulación pública capaz de configurar los mercados. Un “mercado libre” era una creación política activa, y precisaba de vigilancia regulatoria.
En tanto que abogados públicos de los intereses creados y del privilegio rentista particular, los los actuales defensores “neoliberales” de los mercados “libres” buscan maximizar la renta económica, la barra libre de precios que exceden del valor de coste, no liberar a los mercados del lastre rentista. Una genealogía tan confundente sólo podía lograrse mediante la supresión directa del conocimiento de lo que escribieron realmente Locke, Smith y Mill. Los intentos de regular “libres mercados” y de limitar la fijación de precios y los privilegios de los monopolios son equiparados a “socialismo,” incluso a burocracia al estilo soviético. El objetivo es evitar el análisis de lo que es realmente un “libre mercado”: un mercado libre de costes innecesarios, un mercado libre, esto es, de rentas monopólicas, de rentas de propiedad y de cargas financieras por un crédito que los gobiernos podrían crear libremente.
La reforma política tendente a acoplar los precios de mercado al valor de coste socialmente necesario fue el gran tema económico del siglo XIX. La teoría que fundaba en el trabajo el valor de coste intrínseco es la contrapartida de la teoría de la renta económica: la renta de la tierra, la amañada formación monopolística de precios, los intereses y otros rendimientos dimanantes de privilegios especiales que incrementaban los precios del mercado sólo por exigencias propiedad institucional. La discusión se remonta a los eclesiásticos medievales que definieron el justo precio. La doctrina fue originalmente aplicada a los honorarios apropiados que podían cobrar los banqueros, y más tarde fue ampliada a la renta de las tierras, y luego a los monopolios creados por los Estados y vendidos a acreedores con el propósito de librarse de deudas.
Los reformistas y los socialistas, más radicales, trataron por igual de liberar al capitalismo de sus desigualdades más patentes, sobre todo de su legado de conquista militar de la Edad Oscura de Europa, cuando señores de la guerra invasores se apoderaban de tierras e imponían una clase absentista de terratenientes que recibía unos ingresos rentistas que eran, a su vez, utilizados para financiar guerras libradas con el objetivo de adquirir más tierras. Al final, se derrumbaron las esperanzas de que el capitalismo industrial pudiera reformarse siguiendo líneas progresistas y depurarse del legado del feudalismo. La Primera Guerra Mundial se precipitó como un cometa sobre la economía mundial, desplazándola hacia a una nueva trayectoria e imprimiendo una imprevista dirección hacia un capitalismo financiero.
Imprevista en gran parte porque el grueso de los reformadores invirtieron tanto esfuerzo en la propugnación de políticas progresistas, que descuidaron lo que Thorstein Veblen llamó los intereses creados. La verdadera contrailustración representada por esos intereses está creando un mundo que hace un siglo habría parecido una distopía, algo tan pesimista, que ningún futurólogo se habría avilantado a imaginar, a saber: un mundo dirigido por unos banqueros que, tan venales como corruptos, toman bajo su protección como clientes primordiales a los monopolios, a los especuladores inmobiliarios y a fondos de cobertura cuyas rentas económicas, apuestas financieras y e inflación de precios de activos se han convertido en la economía actual de rentistas en un flujo de interés. En vez del incremento de formación de capital del capitalismo industrial, lo que vemos es evaporación de capital por parte del capitalismo financiero; en vez del prometido mundo de ocio, a lo que se nos aboca es a un mundo de servidumbre por deudas
La democracia travestida por el capitalismo financiero
El sector financiero ha redefinido la democracia con sus exigencias de que la Reserva Federal sea “independiente” de los representantes democráticamente elegidos, a fin de actuar como el lobista de la banca en Washington. Esto exime al sector financiero del proceso político democrático, a pesar de que la planificación económica actual está ahora centralizada en el sistema bancario. El resultado es un régimen de manejos entre poseedores de información privilegiada y la oligarquía, el gobierno de la minoría rica.
La falacia económica de trasfondo es que el crédito bancario es un genuino factor de producción, una especie de fuente fisiocrática de fertilidad sin la cual no podría haber crecimiento. La realidad es que el derecho monopolístico de crear crédito bancario generador de intereses no es sino una transferencia gratuita de la sociedad a una elite privilegiada. La moraleja es que cuando, vemos un “factor de producción” que no tiene un coste real de producción en términos de trabajo, de lo que se trata es, simplemente, de un privilegio institucional.
Y esto nos lleva al más reciente debate sobre la “nacionalización” o “socialización” de los bancos. El Programa de Apoyo a Activos con Problemas (TARP, por sus siglas en inglés) ha sido utilizado hasta ahora para unos fines que, en mi opinión, deben ser considerados como verdaderamente antisociales, y de ningún modo “socialistas”.
A fines del año pasado, 20.000 millones de dólares fueron usados para pagar bonificaciones y remuneraciones a malversadores financieros, a despecho de la caída de sus bancos en quiebra técnica. Y para proteger sus intereses, esos bancos siguieron sufragando honorarios a lobbies encargados de persuadir a los legisladores para que les den mayores privilegios especiales, todavía.
Aunque Citibank y otras grandes instituciones amenazaron con provocar la caída del sistema financiero porque eran “demasiado grandes para caer”, más de 100.000 millones de fondos del TARP fueron utilizados para aumentar aún más su tamaño. Bancos ya tambaleantes compraron filiales que habían crecido haciendo préstamos irresponsables y aun directamente fraudulentos. Bank of America compró el Countrywide Financial de Angelo Mozilo y Merrill Lynch, mientras JP Morgan Chase compró Bear Stearns, y otros grandes bancos compraron WaMu y Wachovia.
La política actual pasa por “rescatar” a esos gigantescos conglomerados bancarios capacitándoles para que se “ganen” su camino para salir de la deuda por la vía de vender todavía más deuda a la economía ya sobreendeudada de los EE.UU. La esperanza está puesta en rehinchar los precios de los bienes raíces y de otros activos. ¿Pero queremos realmente permitir que los bancos “devuelvan el dinero a los contribuyentes” librándose a prácticas financieras aún más depredadoras del conjunto de la economía? Esto amenaza con maximizar el margen del precio de mercado por encima de los costes directos de producción, levantando cargas financieras aún mayores. Es exactamente la política contraria a la pretensión de ajustar los precios de vivienda e infraestructura al nivel de los costes tecnológicamente necesarios. Lo que no es, desde luego, es una política para hacer de los EE.UU. una economía más competitiva globalmente.
El plan del Tesoro para “socializar” bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras pasa, simplemente, por intervenir y sacar de los libros los préstamos malos, cargando las pérdidas al sector público. Es la antítesis de la verdadera nacionalización o “socialización” del sistema financiero. Los bancos y las compañías de seguros superaron rápidamente el primer pavor espontáneo a un rescate público conforme a criterios erradicadores de su mala gestión y de los accionistas y los tenedores de obligaciones que respaldaron esa mala gestión. El Tesoro ha asegurado a esos malos administradores que el “socialismo” es para ellos un regalo gratuito. La primacía de las finanzas sobre el resto de la economía será reafirmada, manteniendo en sus puestos a los gestores y dando a los accionistas oportunidad de recuperarse ganando más a costa del conjunto de la economía gracias a un favoritismo fiscal todavía mayor. (Esto significa una fiscalidad todavía más grávida sobre los consumidores, con el correspondiente aumento del coste de la vida para ellos.)
La mayor parte de la riqueza bajo el capitalismo –como bajo el feudalismo– ha venido siempre primordialmente del dominio público, comenzando por la tierra e inveterados servicios públicos. Esa verdad se ha visto recientemente coronada por el poder del Tesoro público para crear deuda. En efecto, el Tesoro crea un nuevo activo (11 billones de dólares de nuevos bonos y garantías del Tesoro, por ejemplo, los 5,2 billones de dólares para Fannie y Freddie). Los intereses sobre esos bonos serán pagados mediante nuevos impuestos al trabajo, no a la propiedad. Eso es lo que se supone que rehinhará los precios de la vivienda, de las acciones y de las obligaciones: el dinero liberado de los impuestos a la propiedad y a las corporaciones estará disponible para ser capitalizado en nuevos préstamos adicionales.
De modo, pues, que la renta pagada hasta ahora en concepto de impuestos comerciales seguirá siendo pagada –en forma de intereses—, mientras que los antiguos impuestos seguirán siendo recaudados, pero sólo entre los trabajadores. La carga fiscal, pues, se verá duplicada. No es un programa para hacer más competitiva la economía, o para subir el nivel de vida del grueso de la población. Es un programa destinado a polarizar todavía más la economía estadounidense entre las finanzas, las aseguradores y los bienes raíces (FIRE, por acrónimo en inglés), en la cúspide, y el mundo del trabajo, en la base.
Las denuncias neoliberales de la regulación pública y de la tributación como cosas equivalentes a “socialismo” son, en realidad, un ataque contra la economía política clásica –la tradición republicana originaria, cuyo ideal era liberar a la sociedad del legado parasitario del feudalismo. Una política del Tesoro genuinamente socializante pasaría por obligar a los bancos a prestar para fines productivos que contribuyan al crecimiento económico real, no meramente para incrementar el gasto e hinchar lo bastante los precios de los activos como para poder extraer cargos de intereses. La política fiscal se propondría minimizar, más que maximizar, los precios de la propiedad de la vivienda de la actividad empresarial, fundando el sistema fiscal en el gravamen de la renta que ahora, en cambio, es remunerada con interés. Desplazar la carga tributaria de los salarios y los beneficios a la renta y los intereses fue el núcleo de la economía política clásica en los siglos XVIII y XIX, de la Era Progresista y de los movimientos de reforma socialdemócrata en EEUU y Europa antes de la II Guerra Mundial. Pero esa doctrina y su programa de reforma han sido enterrados por la cortina de humo retórica organizada por unos lobistas financieros empeñados en enturbiar las aguas ideológicas lo suficiente como para acallar cualquier oposición popular a la actual usurpación del poder por parte del capital financiero y el capital monopolista. Su alternativa a la verdadera nacionalización y a la verdadera socialización de las finanzas es la servidumbre por deudas, la oligarquía y el neofeudalismo. A ese programa han dado en llamarlo “mercados libres”.
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2397
CounterPunch
“El actual choque de civilizaciones no se da realmente con Oriente, sino con nuestro propio pasado, con la Ilustración y con la evolución de la misma que desembocó en la economía política clásica y en la Era Progresista de las reformas sociales tendentes a emancipar a la sociedad de trabas y estorbos procedentes del feudalismo europeo. A lo que estamos asistiendo es a propaganda concebida para engañar, para distraer la atención de la realidad económica, a fin de promover el tipo de propiedad y de intereses financieros, de cuya predadora férula, precisamente, quisieron los economistas clásicos librar al mundo. Lo que pretende es nada menos que destruir el edificio intelectual y moral que la civilización occidental tardó ocho siglos en levantar, desde las discusiones escolásticas del siglo XII sobre el precio justo hasta la teoría económica clásica del valor de los siglos XIX y XX.”
"Las acciones de los bancos comenzaron a caer el viernes por la mañana, luego de que el senador Dodd, el demócrata por Connecticut y presidente de la comisión de asuntos bancarios del Senado, se manifestara preocupado en una entrevista concedida a Bloomberg Television tpor la posibilidad de que el gobierno pudiera terminar nacionalizando algunas in situaciones de préstamo “aunque sea por un corto período de tiempo”. Otros prominentes políticos –entre ellos, Alan Greenspan, el antiguo presidente de la Reserva Federal, y el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur— se han hecho recientemente eco de este punto de vista.” .- Eric Dash, “Growing Worry on Rescue Takes a Toll on Banks,” The New York Times, 20 febrero 2009.
¿Cómo es que Alan Greenspan, el lobista de Wal Street en favor del libre mercado, se pronunció hace unos días a favor de la nacionalización de los bancos norteamericanos, y precisamente, de los mayores y más poderosos? ¿Acaso, de la noche a la mañana, se ha vuelto un rojo el antiguo discípulo de Ayn Rand? Ciertamente, no.
Lo que pasa es que la retórica de los “mercados libres”, la “nacionalización” y aun del “socialismo” –como en “socializar las pérdidas”— ha trocado en un lenguaje engañoso al servicio de un sector financiero afanado en movilizar el poder estatal a favor de sus propios y particulares privilegios. Tras haber socavado las bases del conjunto de la economía, los think tanks dedicados a relaciones públicas buscan ahora desbaratar al mismo lenguaje.
¿Qué significa exactamente “un mercado libre”? ¿Es lo que propugnaban los economistas clásicos: un mercado libre de poder monopólico, libre de fraude empresarial, libre de comercio político con información privilegiada y libre de privilegios particulares concedidos a los intereses creados; un mercado protegido por la institucionalización de la regulación pública desde la Ley Antitrust de Sherman en 1890, hasta la Ley Glass-Steagall y otras leyes del New Deal? ¿O es un mercado libre para que los predadores exploten a sus víctimas, sin regulación pública ni policías económicos: el tipo de mercado barra-libre que la Reserva Federal y la SEC (Security and Exchange Commission, la comisión supervisora del mercado de valores) han venido creando en los últimos diez años? Hoy resulta increíble que se aceptara galanamente la idea neoliberal de la “libertad de mercado”, en el sentido de neutralización la vigilancia pública, al estilo de Alan Greenspan, y que se tolerara que Angelo Mozilo en Countrywide, Hank Greenberg en AIG, Bernie Madoff, Citibank, Bear Stearns y Lehman Brithers saquearan sin estorbo o sanción ningunos, sumiendo a la economía en la crisis para luego servirse del dinero del rescate del Tesoro a fin de pagar las más elevadas remuneraciones y los bonos más copiosos de la historia de los EEUU.
Conceptos que son la antítesis del de “mercado libre” se han convertido en lo contrario de lo que significaron históricamente. Tomemos la actual discusión sobre la nacionalización de los bancos. Durante más de un siglo, “nacionalización” significó la toma pública de control de los monopolios o de otros sectores para gestionarlos conforme al interés público, no para ponerlos a merced de intereses particulares. Pero cuando los neoliberales usan ahora la palabra “nacionalización”, lo que quieren decir es un rescate, un obsequio del gobierno a los intereses financieros.
El doble pensamiento y el doble lenguaje en relación con la “nacionalización” o la “socialización” de los bancos y de otros sectores es un travestido del debate político y económico habido entre el siglo XVII y mediados del XX. La gramática intelectual básica de la sociedad, el léxico para discutir asuntos políticos y económicos, es vuelto del revés con el propósito de evitar el debate sobre las soluciones políticas propuestas por los economistas y filósofos políticos clásicos que hicieron “occidental” a la civilización occidental.
El actual choque de civilizaciones no se da realmente con Oriente, sino con nuestro propio pasado, con la Ilustración y con la evolución de la misma que desembocó en la economía política clásica y en la Era Progresista de las reformas sociales tendentes a emancipar a la sociedad de trabas y estorbos procedentes del feudalismo europeo. A lo que estamos asistiendo es a propaganda concebida para engañar, para distraer la atención de la realidad económica, a fin de promover el tipo de propiedad y de intereses financieros, de cuya predadora férula, precisamente, quisieron los economistas clásicos librar al mundo. Lo que pretende es nada menos que destruir el edificio intelectual y moral que la civilización occidental tardó ocho siglos en levantar, desde las discusiones escolásticas del siglo XII sobre el precio justo hasta la teoría económica clásica del valor de los siglos XIX y XX.
Cualquier idea de “socialismo desde arriba”, en el sentido de “socialización del riesgo”, no es sino tradicional oligarquía, estatismo cleptocrático desde arriba. La nacionalización genuina se da cuando los gobiernos actúan en interés público para tomar el control de la propiedad privada. El programa decimonónico de nacionalización de la tierra (el primer punto programático del Manifiesto comunista) no tenía absolutamente nada que ver con la toma de control estatal de las propiedades raíces y el pago de sus gravámenes e hipotecas a costa del erario público para devolverlos luego a los terratenientes, libres ya de tasas y servidumbres. Lo que se proponía, al revés, era incorporar las tierras y sus ingresos rentistas al dominio público, para luego darlas en arriendo conforme a un abanico de cuotas de usuario que iba del coste real de mantenimiento hasta una tasa subsidiada, y aun gratis, como en el caso de calles y carreteras.
Nacionalizar los bancos en este último sentido no significaría sino que el gobierno mismo subvendría a las necesidades de crédito. El Tesoro se convertiría en la fuente del dinero nuevo, substituyendo al crédito de la banca comercial. Presumiblemente, ese crédito se concedería conforme a criterios de productividad económica y social, y no simplemente para hinchar precios de activos lastrando con deuda a hogares y empresas, como ha venido ocurriendo con las políticas de préstamo de los cancos comerciales de nuestros días.
Cómo falsean la historia política de Occidente los neoliberales
El hecho de que los neoliberales de nuestros días se proclamen descendientes intelectuales de Adam Smith hace necesaria la tarea de restaurar una perspectiva histórica más adecuada. Pues su concepto de “mercados libres” es la antítesis del de Smith. Es el opuesto del de los economistas clásicos, de la línea que, pasando por John Stuart Mill y Karl Marx, llega a las reformas sociales de la Era Progresista, que buscaron la creación de mercados libres y emancipados de las exigencias extractivas rentistas de unos intereses especiales, cuyo poder institucional se remontaba a la Europa medieval y a la época de conquistas militares.
Los escritores económicos entre los siglo XVI y XX reconocieron que los mercados libres precisaban de supervisión pública para prevenir la formación monopólica de precios y otros costosos lastres impuestos por el privilegio. En cambio, los ideólogos neoliberales de nuestros días son peritos en relaciones públicas que abogan a favor de intereses creados presentando al “mercado libre” como un mercado “libre” de regulación pública., “libre” de protección anti-trust, y aun “libre” de protección anti-fraude (como revela la negativa de la SEC a proceder contra Madoff, Enron, Citibank, etc.). El ideal neoliberal de los mercados libres es, pues, básicamente, el del ladró en el malversador bancario, que suspira por un mundo sin policía en el que pueda gozar de la libertad suficiente como para chupar sin estorbos el dinero ajeno.
Los Chicago Boys descubrieron en Chile que los mercados libres para finanzas predatorias y privatizaciones privilegiadas no podían imponerse sino a punta de pistola. Esos apologistas del libre mercado en Chile cerraron todos los departamentos académicos de ciencia económica, todas las universidades de ciencias sociales, salvo la Universidad Católica en la que los Chicago Boys tenían vara alta. Con la Operación Cóndor se detuvo, exilió o asesinó a decenas de miles de académicos, intelectuales, dirigentes sindicales y artistas. Sólo merced a un control totalitario del curriculum académico y de los medios de comunicación públicos, respaldado por una policía secreta y un ejército de todo punto activos lograron imponerse los “mercados libres” de impronta neoliberal. La privatización a punta de pistola resultante fue un ejercicio de lo que Marx llamó en su día “acumulación primitiva”: confiscación del dominio público por parte de unas elites políticas respaldadas por la fuerza de las armas. Es el estilo de libre mercado de Guillermo el Conquistador o de Yeltsin el Cleptócrata: parcelada la propiedad, se procede a su distribución entre los compinches del caudillo político o militar.
Justo todo lo contrario del tipo de mercados libres que Adam Smith tenía en mente cuando alertó de que los empresarios raramente se juntan, si no es para conspirar y buscar vías de encarrilar los mercados conforme a su propia ventaja. Un problema, éste, que no inquietaba lo más mínimo al señor Greenspan o a los editorialistas New York Times y del Washington Post. No existe el menor parentesco los ideales neoliberales de éstos y los ideales de los filósofos políticos de la Ilustración. La promoción de unos mercados “libres” para que los poseedores de información privilegiada se repartan entre sí el dominio público monta tanto como bajar un Telón de Acero intelectual sobre la historia del pensamiento económico.
Los economistas clásicos y los progresistas norteamericanos tenían en sus miras programáticas mercados libres en sentido de emancipados de rentas e intereses económicos: libres, pues, de los costes cargados por el rentista y del lastre económico de la tramposa formación monopólica de precios; libres de renta agraria y del interés pagado a banqueros y otros institutos financieros; y libres de unos impuestos que no sirven sino para sostener a una oligarquía. Los gobiernos tenían que fundar sus sistemas fiscales gravando la “barra libre” de la renta económica, comenzando por la dimanante de los emplazamientos favorables suministrados por la naturaleza y a los que la inversión pública en transportes y otras infraestructuras, y no los esfuerzos de los terratenientes, da valor de mercado.
Así pues, la discusión entre reformistas de la era progresista, socialistas, anarquistas e individualistas se centró en el debate sobre la mejor estrategia política para liberar a los mercados de la deuda y de la renta. Diferían entre sí respecto de los mejores medios políticos para conseguirlo, y señaladamente, sobre el papel que debía desempeñar el Estado. Había amplio acuerdo respecto de que el Estado estaba controlado por un complejo de intereses creados heredados de las conquistas militares de la Europa feudal y del mundo colonizado por la fuerza militar europea. La cuestión política, al romper el siglo XX, era si una reforma democrática pacífica podía vencer las resistencias políticas y aun militares presentadas por un Antiguo Régimen que no dudaba en servirse de la violencia para defender sus “derechos”. Las revoluciones políticas que siguieron partían de la Ilustración, de la filosofía del derecho de hombres como John Locke, de economistas como Adam Smith, John Stuart Mill y Marx. El poder tenía que usarse para liberar a los mercados de la propiedad predatoria y de los sistemas financieros heredados del feudalismo. Había que liberar a los mercados del privilegio y de las barras libres, de modo que el pueblo pudiera conseguir ingresos y riqueza sólo conforme al trabajo realizado y al espíritu emprendedor desarrollado. Tal fue la esencia de la teoría del valor-trabajo y de su complemento, el concepto de renta económica como excedente del precio de mercado sobre el coste-valor socialmente necesario.
Aunque ahora sabemos que mercados y precios, renta e interés, formalidades contractuales y casi todos los elementos de la empresa económica se originaron en las “economías mixtas” de Mesopotamia en el cuarto milenio antes de nuestra Era y continuaron a través de todas las economías mixtas público/privadas de la antigüedad clásica, la discusión llegó a polarizarse políticamente a tal punto, que hace un siglo la idea de una economía mixta con pesos y contrapesos apenas recibió atención hace un siglo.
Los individualistas creían que todo retroceso de los Estados centrales haría retroceder a su vez el mecanismo de control con el que los intereses creados extraían riqueza sin trabajo o esfuerzo empresarial. Los socialistas veían que se necesitaba un Estado fuerte para proteger a la sociedad contra las tentativas de la propiedad y de las finanzas de servirse de sus ganancias para monopolizar el poder económico y político. Los dos extremos del espectro político apuntaban al mismo objetivo, a saber: reducir los precios a los costes reales de producción. El objetivo común era maximizar la eficiencia económica para traspasar los frutos de las Revoluciones Industrial y Agraria al conjunto de la población. Para lograrlo, era necesario bloquear el propósito de una clase entrometida –la rentista—, empeñada en apoderarse del dominio público y resuelta a controlar la distribución de recursos. Los socialistas no creían que tal cosa fuera posible sin tomar en sus propias manos el poder político y jurídico del Estado. Los marxistas creían necesaria una revolución para devolver al dominio público la renta dimanante de la propiedad y para posibilitar que los gobiernos pudieran crear su propio crédito, en vez de tomar prestado a interés de la banca comercial y de los acaudalados emisores de bonos y obligaciones. El objetivo no era crear una burocracia, sino emancipar a la sociedad del persistente poder de la posesión absentista, característico de la propiedad transmitida y de los intereses financieros.
Toda esta historia de pensamiento económico ha sido tan concienzudamente erradicada de los programas académicos actuales, como de la discusión popular. Poca gente recuerda el gran debate entablado al romper el siglo XX: ¿avanzaría el mundo de un modo bastante rápido desde las reformas de la Era Progresista hasta el socialismo propiamente dicho (propiedad pública de la infraestructura económica básica, de los monopolios naturales –incluido el sistema bancario—, de la misma tierra y, para los marxistas, también del capital industrial)? ¿O podrían los reformistas liberales de izquierda de la época –individualistas, partidarios de los impuestos sobre la tierra, economistas clásicos en la tradición de Mill e institucionalistas estadounidenses como Simon Patten– mantener la estructura básica del capitalismo y de la propiedad privada? En este último caso, todos reconocían que tendría que ser en el contexto de la regulación de mercados y de la introducción de una fiscalidad progresiva sobre la riqueza y los ingresos. Era la alternativa a la propiedad directa por el “Estado”. La actual idea extremista del “libre mercado” es una caricatura degradad de esa posición.
Todos veían al gobierno como “cerebro” de la sociedad, como a su órgano de planificación avanzada. Dada la complejidad de la tecnología moderna, la humanidad modelaría su propia evolución. La evolución no se daría por la vía de la “acumulación primitiva”, sino que podría ser deliberadamente planificada. Los individualistas replicaba diciendo que ningún planificador humano era suficientemente imaginativo como para lidiar con la complejidad de los mercados, pero aceptaban la necesidad de eliminar toda forma de ingreso no ganado: la renta económica y el aumento de precios de la tierra que Mill llamaba “incremento no ganado.” Eso implicaba una regulación pública capaz de configurar los mercados. Un “mercado libre” era una creación política activa, y precisaba de vigilancia regulatoria.
En tanto que abogados públicos de los intereses creados y del privilegio rentista particular, los los actuales defensores “neoliberales” de los mercados “libres” buscan maximizar la renta económica, la barra libre de precios que exceden del valor de coste, no liberar a los mercados del lastre rentista. Una genealogía tan confundente sólo podía lograrse mediante la supresión directa del conocimiento de lo que escribieron realmente Locke, Smith y Mill. Los intentos de regular “libres mercados” y de limitar la fijación de precios y los privilegios de los monopolios son equiparados a “socialismo,” incluso a burocracia al estilo soviético. El objetivo es evitar el análisis de lo que es realmente un “libre mercado”: un mercado libre de costes innecesarios, un mercado libre, esto es, de rentas monopólicas, de rentas de propiedad y de cargas financieras por un crédito que los gobiernos podrían crear libremente.
La reforma política tendente a acoplar los precios de mercado al valor de coste socialmente necesario fue el gran tema económico del siglo XIX. La teoría que fundaba en el trabajo el valor de coste intrínseco es la contrapartida de la teoría de la renta económica: la renta de la tierra, la amañada formación monopolística de precios, los intereses y otros rendimientos dimanantes de privilegios especiales que incrementaban los precios del mercado sólo por exigencias propiedad institucional. La discusión se remonta a los eclesiásticos medievales que definieron el justo precio. La doctrina fue originalmente aplicada a los honorarios apropiados que podían cobrar los banqueros, y más tarde fue ampliada a la renta de las tierras, y luego a los monopolios creados por los Estados y vendidos a acreedores con el propósito de librarse de deudas.
Los reformistas y los socialistas, más radicales, trataron por igual de liberar al capitalismo de sus desigualdades más patentes, sobre todo de su legado de conquista militar de la Edad Oscura de Europa, cuando señores de la guerra invasores se apoderaban de tierras e imponían una clase absentista de terratenientes que recibía unos ingresos rentistas que eran, a su vez, utilizados para financiar guerras libradas con el objetivo de adquirir más tierras. Al final, se derrumbaron las esperanzas de que el capitalismo industrial pudiera reformarse siguiendo líneas progresistas y depurarse del legado del feudalismo. La Primera Guerra Mundial se precipitó como un cometa sobre la economía mundial, desplazándola hacia a una nueva trayectoria e imprimiendo una imprevista dirección hacia un capitalismo financiero.
Imprevista en gran parte porque el grueso de los reformadores invirtieron tanto esfuerzo en la propugnación de políticas progresistas, que descuidaron lo que Thorstein Veblen llamó los intereses creados. La verdadera contrailustración representada por esos intereses está creando un mundo que hace un siglo habría parecido una distopía, algo tan pesimista, que ningún futurólogo se habría avilantado a imaginar, a saber: un mundo dirigido por unos banqueros que, tan venales como corruptos, toman bajo su protección como clientes primordiales a los monopolios, a los especuladores inmobiliarios y a fondos de cobertura cuyas rentas económicas, apuestas financieras y e inflación de precios de activos se han convertido en la economía actual de rentistas en un flujo de interés. En vez del incremento de formación de capital del capitalismo industrial, lo que vemos es evaporación de capital por parte del capitalismo financiero; en vez del prometido mundo de ocio, a lo que se nos aboca es a un mundo de servidumbre por deudas
La democracia travestida por el capitalismo financiero
El sector financiero ha redefinido la democracia con sus exigencias de que la Reserva Federal sea “independiente” de los representantes democráticamente elegidos, a fin de actuar como el lobista de la banca en Washington. Esto exime al sector financiero del proceso político democrático, a pesar de que la planificación económica actual está ahora centralizada en el sistema bancario. El resultado es un régimen de manejos entre poseedores de información privilegiada y la oligarquía, el gobierno de la minoría rica.
La falacia económica de trasfondo es que el crédito bancario es un genuino factor de producción, una especie de fuente fisiocrática de fertilidad sin la cual no podría haber crecimiento. La realidad es que el derecho monopolístico de crear crédito bancario generador de intereses no es sino una transferencia gratuita de la sociedad a una elite privilegiada. La moraleja es que cuando, vemos un “factor de producción” que no tiene un coste real de producción en términos de trabajo, de lo que se trata es, simplemente, de un privilegio institucional.
Y esto nos lleva al más reciente debate sobre la “nacionalización” o “socialización” de los bancos. El Programa de Apoyo a Activos con Problemas (TARP, por sus siglas en inglés) ha sido utilizado hasta ahora para unos fines que, en mi opinión, deben ser considerados como verdaderamente antisociales, y de ningún modo “socialistas”.
A fines del año pasado, 20.000 millones de dólares fueron usados para pagar bonificaciones y remuneraciones a malversadores financieros, a despecho de la caída de sus bancos en quiebra técnica. Y para proteger sus intereses, esos bancos siguieron sufragando honorarios a lobbies encargados de persuadir a los legisladores para que les den mayores privilegios especiales, todavía.
Aunque Citibank y otras grandes instituciones amenazaron con provocar la caída del sistema financiero porque eran “demasiado grandes para caer”, más de 100.000 millones de fondos del TARP fueron utilizados para aumentar aún más su tamaño. Bancos ya tambaleantes compraron filiales que habían crecido haciendo préstamos irresponsables y aun directamente fraudulentos. Bank of America compró el Countrywide Financial de Angelo Mozilo y Merrill Lynch, mientras JP Morgan Chase compró Bear Stearns, y otros grandes bancos compraron WaMu y Wachovia.
La política actual pasa por “rescatar” a esos gigantescos conglomerados bancarios capacitándoles para que se “ganen” su camino para salir de la deuda por la vía de vender todavía más deuda a la economía ya sobreendeudada de los EE.UU. La esperanza está puesta en rehinchar los precios de los bienes raíces y de otros activos. ¿Pero queremos realmente permitir que los bancos “devuelvan el dinero a los contribuyentes” librándose a prácticas financieras aún más depredadoras del conjunto de la economía? Esto amenaza con maximizar el margen del precio de mercado por encima de los costes directos de producción, levantando cargas financieras aún mayores. Es exactamente la política contraria a la pretensión de ajustar los precios de vivienda e infraestructura al nivel de los costes tecnológicamente necesarios. Lo que no es, desde luego, es una política para hacer de los EE.UU. una economía más competitiva globalmente.
El plan del Tesoro para “socializar” bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras pasa, simplemente, por intervenir y sacar de los libros los préstamos malos, cargando las pérdidas al sector público. Es la antítesis de la verdadera nacionalización o “socialización” del sistema financiero. Los bancos y las compañías de seguros superaron rápidamente el primer pavor espontáneo a un rescate público conforme a criterios erradicadores de su mala gestión y de los accionistas y los tenedores de obligaciones que respaldaron esa mala gestión. El Tesoro ha asegurado a esos malos administradores que el “socialismo” es para ellos un regalo gratuito. La primacía de las finanzas sobre el resto de la economía será reafirmada, manteniendo en sus puestos a los gestores y dando a los accionistas oportunidad de recuperarse ganando más a costa del conjunto de la economía gracias a un favoritismo fiscal todavía mayor. (Esto significa una fiscalidad todavía más grávida sobre los consumidores, con el correspondiente aumento del coste de la vida para ellos.)
La mayor parte de la riqueza bajo el capitalismo –como bajo el feudalismo– ha venido siempre primordialmente del dominio público, comenzando por la tierra e inveterados servicios públicos. Esa verdad se ha visto recientemente coronada por el poder del Tesoro público para crear deuda. En efecto, el Tesoro crea un nuevo activo (11 billones de dólares de nuevos bonos y garantías del Tesoro, por ejemplo, los 5,2 billones de dólares para Fannie y Freddie). Los intereses sobre esos bonos serán pagados mediante nuevos impuestos al trabajo, no a la propiedad. Eso es lo que se supone que rehinhará los precios de la vivienda, de las acciones y de las obligaciones: el dinero liberado de los impuestos a la propiedad y a las corporaciones estará disponible para ser capitalizado en nuevos préstamos adicionales.
De modo, pues, que la renta pagada hasta ahora en concepto de impuestos comerciales seguirá siendo pagada –en forma de intereses—, mientras que los antiguos impuestos seguirán siendo recaudados, pero sólo entre los trabajadores. La carga fiscal, pues, se verá duplicada. No es un programa para hacer más competitiva la economía, o para subir el nivel de vida del grueso de la población. Es un programa destinado a polarizar todavía más la economía estadounidense entre las finanzas, las aseguradores y los bienes raíces (FIRE, por acrónimo en inglés), en la cúspide, y el mundo del trabajo, en la base.
Las denuncias neoliberales de la regulación pública y de la tributación como cosas equivalentes a “socialismo” son, en realidad, un ataque contra la economía política clásica –la tradición republicana originaria, cuyo ideal era liberar a la sociedad del legado parasitario del feudalismo. Una política del Tesoro genuinamente socializante pasaría por obligar a los bancos a prestar para fines productivos que contribuyan al crecimiento económico real, no meramente para incrementar el gasto e hinchar lo bastante los precios de los activos como para poder extraer cargos de intereses. La política fiscal se propondría minimizar, más que maximizar, los precios de la propiedad de la vivienda de la actividad empresarial, fundando el sistema fiscal en el gravamen de la renta que ahora, en cambio, es remunerada con interés. Desplazar la carga tributaria de los salarios y los beneficios a la renta y los intereses fue el núcleo de la economía política clásica en los siglos XVIII y XIX, de la Era Progresista y de los movimientos de reforma socialdemócrata en EEUU y Europa antes de la II Guerra Mundial. Pero esa doctrina y su programa de reforma han sido enterrados por la cortina de humo retórica organizada por unos lobistas financieros empeñados en enturbiar las aguas ideológicas lo suficiente como para acallar cualquier oposición popular a la actual usurpación del poder por parte del capital financiero y el capital monopolista. Su alternativa a la verdadera nacionalización y a la verdadera socialización de las finanzas es la servidumbre por deudas, la oligarquía y el neofeudalismo. A ese programa han dado en llamarlo “mercados libres”.
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2397
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